Hay que airear la gestión pública

No es bueno judicializar la vida política. En primer lugar, porque se sobrecarga la saturación descomunal de las oficinas judiciales y, además, porque se delatan graves lagunas en las instancias fiscalizadoras o arbitrales propias del sistema democrático o en el talante de sus gestores. Mucho peor es que un recurso, sin duda legítimo, acabe trivializándose por el abuso, como a menudo se ha denunciado. Muy otra cosa sería si los políticos y gobernantes tuvieran que cargar con las costas cuando se fallase que las acciones emprendidas carecen del menor fundamento. Sin embargo, en ocasiones apelar a los tribunales es la única vía para restablecer el imperio de la ley y de la sensatez.

Tal es el caso, a nuestro entender, del empapelamiento del director general de RTVV, Josep Vicent Villaescusa, quien habrá de sentarse en el banquillo y depositar una fianza de 6.000 euros por haber supuestamente impedido el ejercicio de sus derechos a determinados consejeros del citado ente audiovisual en el ejercicio de sus funciones. O dicho de otro modo: por no haberles facilitado el anteproyecto de los presupuestos de esa casa durante los ejercicios 2000, 200l y 2002.

Un trámite obviamente elemental para conocer oportunamente la urdimbre económica y previsiones de ese organismo, lo que lógicamente les incumbe a los consejeros si no quieren limitarse a calentar la poltrona y parodiar a don Tancredo. Un papel al que obviamente les abocaba el tratamiento y marginación a que les sometía el director general que con su irregular comportamiento no hace sino suscitar la sospecha de que elabora las cuentas de RTVV mediante el acreditado criterio del Gran Capitán o de Juan Palomo. Un desdén al mismo tiempo para con la oposición -que no se limita a sus representantes en el consejo- y con la ciudadanía en general que puede acarrearle dos años y medio de inhabilitación para desempeñar cargo público. No es una broma.

Lejos de nuestro ánimo está que se consume el correctivo penal que gravita sobre Villaescusa, no obstante los méritos con que lo ha propiciado, pero algo habrá que hacer -y esta es una oportunidad- para aleccionar a la Administración en el ejercicio de la transparencia y la aireación de los negocios públicos de toda índole. Hoy son las cuentas de la tele, otro día -decimos por decir- son las de la Ciudad de las Ciencias, la Feria de Muestras, las prodigalidades en países caribeños, o no digamos nada del oscurantismo que envuelve el universo de las obras públicas que debiera ser claro como un vaso de agua clara y se nos antoja un cubil cenagoso de reptiles y clientes privilegiados.

Verdad es que la imaginación y la maledicencia del vecindario tienden con frecuencia a convertir en molinos de viento lo que no son más que naderías. Sin embargo resulta innegable que esta perversión se nutre de una justificada desconfianza secular en la correcta gestión de los gobernantes y en la misma propensión de estos a borrar rastros y difuminar cifras con el fin de soslayar su fiscalización, ya sea por los partidos obligados a ejercerla, los medios de comunicación -tan a menudo cómplices cuando han abdicado de su independencia- y, en suma, por parte del pueblo soberano. No diré yo que en lo tocante a la res publica vivamos instalados en una burbuja engañosa, pero hay sobradas razones para creerlo a la vista de la tinta de calamar con que se la protege. Lo cual, en definitiva, no es más que un grave déficit democrático.

El caso que glosamos, las cuentas de RTVV, sin ser más inquietante y paradigmático que otros, sí nos parece ilustrativo de ese secuestro informativo a que se nos somete, empezando por someter a los representantes electos de la oposición. Desde su misma fundación, el dichoso ente ha exhibido una portentosa aptitud para la prestidigitación en lo referente a la atribución de sus recursos económicos. Sabemos, aunque sin la debida certidumbre, cuánto nos cuesta en números redondos y sus pérdidas acumuladas, pero en punto a lo demás -el cómo y con quién se gastan- es una caja de Pandora que se quiere bien cerrada para aliviarnos del escándalo o del patatús. Ahora, y por iniciativa del consejero socialista Miguel Mazón, igual se consigue proyectar alguna luz sobre ese arcano. Los jueces tienen la palabra porque así lo ha querido el Gobierno.