La necesidad de una política homogénea para la vivienda en la Unión Europea

La autora estudia las trayectorias que han seguido las políticas de vivienda en los países europeos, según las orientaciones de los distintos Gobiernos, con la finalidad de entender la situación actual y la capacidad operativa de que disponen para hacer frente a las nuevas demandas.

Esas políticas, que han seguido trayectorias diferentes según los países, han determinado estructuras del parque de vivienda muy diversas. En España, pone de manifiesto la autora, han llevado a un claro predominio del régimen de propiedad (hay un 86% de propietarios), mientras que el alquiler ha quedado en posición muy residual (14% de alquilados), una situación negativa en comparación con otros países, en los que el alquiler está muy consolidado: la media en la Unión Europea se sitúa en un 61% de propietarios y un 39% de alquilados.

Para alcanzar su objetivo, Carme Trilla ha estructurado su trabajo en tres grandes bloques. En el primero describe las bases de la demanda de vivienda -tanto demográficas como de mantenimiento y mejora de los parques de vivienda existentes- que responden a movimientos profundos muy semejantes entre casi todos los países. En el segundo analiza la evolución seguida por la oferta y por las regulaciones públicas, y en el tercero pone de relieve las problemáticas emergentes, que vuelven a ser mucho más comunes de lo que pueda parecer, y ante las que los Gobiernos tienden a adoptar formas de intervención mucho más homogéneas que en otras etapas históricas. Y comprueba que las políticas de vivienda han sido más o menos elaboradas y ambiciosas según se hayan insertado en el contexto de implantación de los estados de bienestar en Europa, por lo que la tendencia a desactivar éstos durante los últimos 20 años en la mayoría de los países ha tenido su lógica traducción en la pérdida de vigor de esas políticas de vivienda.

En ese contexto, la autora señala que en España, desde 1999, los mercados de vivienda de residencia habitual han encajado en una fase inflacionista de precios inmobiliarios, por encima de los salarios y de los ingresos familiares, que ha coincidido con una disminución progresiva del gasto público en vivienda. Por ello considera que las principales preocupaciones de la política de vivienda en nuestro país deberían mirar hacia lo que se están planteando en otros países: las dificultades de acceso a la vivienda de compra por parte de la población que no dispone de recursos suficientes para acceder a los precios actuales del mercado; la mejora de las condiciones de habitabilidad de las viviendas antiguas del centro de las ciudades, mayoritariamente ocupados por personas mayores, y el incremento de la oferta de alquiler asequible a todas las demandas emergentes de colectivos de escasos recursos, algunas estructurales pero transitorias en su mayoría: jóvenes, inmigrantes recién llegados, etcétera.

Trilla, en conclusión, considera totalmente necesario que la Unión Europea asuma un papel coordinador y homogeneizador de las políticas de vivienda nacionales y regionales, con vistas a levantar los obstáculos que se derivan de la actual disparidad de criterios y que se traducen en una desigualdad de oportunidades entre todos los ciudadanos ante el acceso a una vivienda necesaria o al uso de la vivienda en mejores condiciones.