Una gigantesca noria de presos

Billy Ochoa está condenado a 326 años de confinamiento solitario por utilizar 2.100 dólares del bienestar social para comprar heroína, y el mendigo Gregory Taylor pasará un mínimo de 25 años en la cárcel por intentar robar comida en una iglesia. La desproporción de sus sentencias, al igual que las de otros cientos de miles de reincidentes como ellos, es el símbolo de la política de mano dura que puso de moda Ronald Reagan y que ha convertido a Estados Unidos en una nación entre rejas. Un país en el que los pobres que entran en la noria de la justicia tienen menos oportunidades de salir de ella que los ricos, y los negros e hispanos, menos que los blancos.

Actualmente hay 6,6 millones de adultos en el sistema penitenciario, dos millones de los cuales son reclusos y el resto cumple distintos grados de libertad condicional. La tasa se ha quintuplicado desde los años setenta y es ya casi ocho veces superior al promedio de la UE. Las estadísticas, reveladas esta semana por el Departamento de Justicia, confirman a EE UU como primera potencia mundial en población penitenciaria.

Este año, 630.000 presos aspiran a salir en libertad condicional. Según cifras oficiales, uno de cada 32 ciudadanos está bajo algún grado de supervisión penitenciaria

La filosofía de la rehabilitación empezó a caer políticamente en desgracia hace 25 años en favor de castigos draconianos

Un problema sin resolver

El encarcelamiento masivo como sucedáneo de una política que aborde las raíces sociales del problema sólo ha servido para crear 'un sistema en bancarrota', en opinión de Jeremy Travis, ex director del Instituto Nacional de Justicia. Puede que sea un sistema fracasado, pero lo importante es que aparente no serlo. Y no hay político, republicano o demócrata, cuyo lema electoral no sea 'hay que meter a más delincuentes en la cárcel, cueste lo que cueste'. Con esa promesa llegaron a la Casa Blanca Bill Clinton y George W. Bush.

El coste económico supera los 50.000 millones de dólares al año, pero el precio social puede ser incalculable, dependiendo del parámetro con el que se mida. Si se utiliza el de la reinserción social, la cifra es inquietante: más del 60% de los adultos y más del 80% de los jóvenes vuelven antes de tres años a la cárcel, de la que habían salido con 15 dólares en el bolsillo y un billete de autobús, pero sin haberse rehabilitado.

La filosofía de la rehabilitación empezó a caer políticamente en desgracia hace 25 años en favor de castigos draconianos, que según Joan Petersillia, profesora de criminología de la Universidad Irvine, 'han agravado' la tasa de reincidencia. La 'retroalimentación' de la población reclusa ha ido generando una industria penitenciaria que reparte generosas licitaciones para proveer comida, uniformes, teléfonos y alambradas, seguir levantando prisiones (3.300 nuevas en la última década) o subcontratar la gestión de decenas de cárceles con el sector privado.

Muchos presos reingresan porque han vuelto a delinquir, pero otros tantos acaban de nuevo entre rejas sólo por violar una condición 'técnica' de su libertad provisional, como por ejemplo saltarse la cita con un funcionario de prisiones, fumar un pitillo de marihuana o salir con alguien que tenga una mancha en su pasado.

El propósito del endurecimiento de las condenas es supuestamente retirar de la sociedad a los criminales violentos, pero en realidad el 90% son por delitos menores. Casos como el de Ochoa, que al tercer tropiezo con la justicia les encierran de por vida aplicándoles la ley 'three strikes and you are out (tres faltas y estás fuera '. Bajo esa ley, las ofensas no necesitan ser graves: hacer un cheque sin fondos o robar comida está penalizado con cadena perpetua. California es el Estado con mayor número de encarcelamientos por violaciones técnicas, cerca de 70.000 al año.

Ochoa, de 54 años, está en una cárcel de California. Entró a la noria de la justicia con apenas 20 años, una noche de fiesta que en vez de llevar a una chica directamente a su casa la dio un rodeo por las autopistas. Ella le acusó de 'intentar' secuestrarla. Tras una breve estancia entre rejas se hizo adicto a la heroína y en dos ocasiones robó para financiar su adicción. La última utilizó el cheque de bienestar social que le ha costado cadena perpetua. Pasa 23 horas aislado y sale una hora, custodiado y con grilletes.

La mitad de los prisioneros federales y una tercera parte de los estatales son drogadictos o narcotraficantes. Las agresivas campañas antidroga de los años ochenta desencadenaron una competición entre los legisladores para ver quién redactaba las leyes más draconianas, que hoy prevalecen.

Los partidarios de las penas severas dicen que a ellas se debe el descenso de los homicidios en cerca de un 40%. Quienes promueven un sistema alternativo, que incluya reinserción social, creen que son un castigo cruel. Uno de ellos es Marc Mauer, subdirector del Sentencing Project, que aboga por una amplia reforma del sistema penitenciario.

Mauer sostiene, entre otras cosas, que no se debería privar a un convicto del derecho al voto. Más de 4,7 millones de norteamericanos lo han perdido.

El derecho al voto no es lo único que pierden quienes salen de la cárcel tras cumplir condena. Tener un historial delictivo equivale a una sentencia de cadena perpetua. Nadie les quiere contratar, o alquilarles una casa, matricular a sus hijos en según qué colegios. Una gran mayoría son casi analfetos, drogadictos, tienen enfermedades mentales o físicas, como sida o hepatitis. La vida se les vuelve un laberinto de puertas cerradas y tentaciones.

Este año saldrán en libertad, condicional o no, 630.000 personas. Pero el estigma alcanza a decenas de millones que a través de los años han tenido encuentros con la justicia. Según las estadísticas difundidas esta semana, uno de cada 32 americanos está actualmente bajo algún grado de supervisión penitenciaria.