CHECHENOS EN MOSCÚ

Próximos y lejanos a la vez, pero sobre todo distintos. Así ve Moscú a sus chechenos. Ciento veinte mil personas originarias de la república secesionista de Chechenia viven en la capital de Rusia (hasta 200.000 si se cuenta la región circundante) tratando de mantenerse a flote en un medio hostil a los forasteros de apariencia caucásica.

Los chechenos de Moscú son políticos, empresarios, burócratas, vendedores de hortalizas, talentos de los negocios y la cultura y fugitivos de la guerra. Aparentemente diluidos en una metrópoli de nueve millones de habitantes, no olvidan a qué teip (clan) petenecen y miran el mundo a partir de la brutal experiencia histórica de su pueblo. La guerra une con lazos invisibles a los que pernoctan en estaciones y a los que residen en pisos de lujo. Los chechenos de Moscú son una comunidad vigilada.

A unos, la policía les pide la documentación en el metro y en la calle y a veces les hace pasar unas horas en la comisaría. En la oficina de empadronamiento se niegan a registrarlos, con lo que pierden la posibilidad de trabajar legalmente. Las organizaciones no gubernamentales les ofrecen paliativos, pero no soluciones. Tras el atentado de la plaza Pushkin en agosto de 2000, las sospechas nunca confirmadas del alcalde, Yuri Luzhkov, fueron motivo suficiente para organizar un registro relámpago y basado en criterios étnicos en los domicilios y empresas de los chechenos de Moscú.

Los nuevos pasaportes rusos, que sustituyen lentamente a los soviéticos aún en circulación, no indican, como aquéllos, la comunidad cultural o étnica con la que se identifican sus titulares. Sin embargo, los rusos siguen marcando las distancias con el mundo caucásico. Afirmó la diferencia Lev Tolstói en su novela Jazhí Murat y la reafirma, salvando las distancias, el director de cine Alexéi Balabánov en La Guerra.

El Comité de Ayuda Ciudadana en la calle de Dolgorúkovskaya es lugar de cita obligada para los fugitivos de las guerras de Chechenia. En la aglomeración de desposeídos que esperan turno frente a la entidad que dirige Svetlana Gánnushkina están Java Magamáyeva, de 39 años, y Roza Jamzatjánova, de 41. Ambas llegaron desde Tomsk, en Siberia, el 17 de julio tras cinco días de viaje en tren; Java, con tres de sus cinco hijos, y Roza, con cuatro, entre ellos un huérfano de un año, del que se ha hecho cargo.

Las dos mujeres, que huyeron de la segunda guerra, fueron enviadas a una residencia de refugiados en Tomsk. Si están en Moscú es para llevar a sus hijos al médico. La historia clínica de estos niños, que han vivido bajo las lonas de los campos de refugiados de Ingushetia y en húmedos centros de beneficencia de Moscú, incluye desnutrición, tuberculosis y problemas cardiacos. El caso más urgente es el de Iliás, de cinco años. El niño se está quedando ciego a causa de una esquirla que se le clavó en un ojo en un bombardeo en 1999. Como muchos otros, Roza y Java residen en una de las salas de espera de la estación de Kazán.

Los vigilantes de la sala les piden 10 rublos (0,33 euros) diarios por persona por el alojamiento. Los tres euros que salen al día son una suma considerable para cualquier ruso normal, más aún para esas mujeres sin dinero. Roza y Java se resistieron hasta que los vigilantes, desalojándolas brutalmente por la mañana, acabaron por hacerles entender quién manda en este recinto decorado aún con el escudo de la Unión Soviética. Roza tiene el carné de 'persona forzosamente desplazada'. Java, sólo un certificado de empadronamiento temporal en Tomsk, que le prorrogan mes a mes. 'No quieren hacerme el pasaporte', dice.

Otro de los visitantes del Comité de Ayuda Ciudadana es Mubarik Dosáyeva, de 38 años. Llegó a Moscú en septiembre de 1999, junto con sus hermanas Luisa y Anina, para apoyar a su hermano Bolat, residente en Moscú y metido en política, cuando éste fue encarcelado y acusado de tráfico de drogas. Estaban ya en la capital, cuando los esposos de Luisa y Mubarik, que se habían quedado en el Cáucaso, perecieron en los bombardeos y la casa familiar fue destruida. Las tres hermanas, junto con sus padres Nurdín y Kaipá, residen ahora en el piso de dos habitaciones de Bolat. A éste le juzgan en Domodédovo, una localidad próxima a Moscú. La defensa alega que es inocente y que la droga fue colocada en su casa por la policía para incriminarle. Las hermanas afirman que Bolat es perseguido por sus conexiones con el grupo de derechos humanos Memorial y su trabajo en una asociación caucásica. El fiscal pide 12 años de cárcel. El tribunal dirá si es culpable o inocente, pero conviene tener en cuenta que 'la forma más cruel y cínica de perseguir a los chechenos en Rusia, fuera de la zona del conflicto, es la invención masiva de cargos delictivos contra ellos', afirma Gánnushkina, directora del Comité de Ayuda Ciudadana, en un informe editado por Memorial. 'Desde el otoño de 1999 a la primavera de 2000 hubo una oleada de acusaciones inventadas por todo el país'.

Bolat, un tipo musculoso vestido de negro y con el pelo rapado, asiste a su propio proceso enjaulado, de acuerdo con las costumbres de la justicia rusa. Las hermanas despistan la vigilancia policial intercambiando unas palabras en checheno con el acusado. Nurdín, el padre, sigue dignamente la vista. La vida le ha curtido. En febrero de 1944 fue deportado a Kazajistán junto con su pueblo, acusado de colaborar con la Alemania nazi. Al final del trayecto 'en vagones de ganado sin letrinas' le esperaba un trabajo en una 'granja porcina' en la estepa kazaja. ¡Qué humillación para un musulmán! Nurdín enseña el carné de víctima de la represión política estalinista, que le da derecho a transporte público gratuito también en Moscú, donde ha conseguido empadronarse indefinidamente en el piso de su hijo. El resto de su familia no ha tenido tal suerte y su permiso de residencia es sólo temporal.

Antes de las guerras, Nurdín tuvo una casa, una colmena y un coche. 'La casa fue destruida por una bomba. La colmena tuve que abandonarla y el coche se lo llevó un coronel ruso, que prometió devolverlo...'. Nurdín reza sobre la alfombra del piso moscovita. Imam, de tres años, hijo del detenido y huérfano de madre, le imita, aunque apenas puede articular 'Alá u Akbar'.

'¿Qué viste en Chechenia, Imam?', pregunta la tía Anina.

'Tanques. Pum, pum', replica el niño.

'En Chechenia no nos queda nada, pero allí está mi mundo. Aquí nos tratan como bandidos y terroristas', dice Mubarik, que está dispuesta a marcharse en cuanto el tribunal que juzga a su hermano dicte sentencia.

En el barrio de Chertánovo, al sur de la capital, vive Abdulá Jamzáyev, un letrado de 65 años, especialista en casos sonados. El abogado representa a la familia de Elsa Kungáyeva, la chechena de 18 años asesinada por el coronel Yuri Budánov. Antes, había defendido al vicepresidente de la URSS, Guennadi Yanáyev, acusado de perpetrar un golpe de Estado en 1991.

Orador brillante y teatral, Jamzáyev nos recibe en compañía de Inokentii (Inocencio), su loro trilingüe. 'No soy separatista', subraya este hombre, que se hizo cargo del caso de Kungáyeva porque 'dejar sin castigo al coronel perjudicaría al Estado ruso'. El letrado, que llegó a ser ayudante del fiscal general de la URSS, es un ferviente partidario de utilizar el mecanismo de la justicia. 'Mientras la gente no se acostumbre a exigir lo que le corresponde por ley, su vida no cambiará', señala.

Jamzáyev quiere que el Estado ruso se responsabilice de los bombardeos contra la población civil de Chechenia, incluido el que destruyó la casa de su familia en el pueblo de Urús Martán. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha aceptado la querella de Jamzáyev contra Rusia, pero los militares no se lo ponen fácil. 'De repente, una brigada de obreros con grúas y camiones comenzó a reconstruir mi casa. Se rumorea que es una orden del Kremlin. Les demandaré por allanamiento de morada. ¿Cómo podría mirar a los ojos a mis vecinos, que viven entre los escombros, si acepto que reconstruyan mi casa así? Lo que yo quiero es que el tribunal en Estrasburgo me dé la razón y que esto sea un precedente para otros', afirma. 'Si lo consigo, tengo 40 pleitos más esperando por los mismos motivos y otra cincuentena contra las tropas federales por secuestros y desapariciones de civiles. Hay que establecer los hechos, dejar constancia de las desapariciones. Con el poder soviético, el principio de la inexorabilidad del castigo contribuía a la investigación de los crímenes. Ahora no se descubre a los delincuentes. Es más, los representantes del Estado se han habituado a ponerse máscaras y nadie distingue a los policías de los bandidos', afirma. Para financiar su trabajo cívico, el inagotable abogado dice 'defender algún que otro bandido de vez en cuando'.

Cuando de chechenos ricos se trata, uno de los nombres que suenan es el de Malik Saidulláyev, un empresario de 38 años que hizo negocios con la Bolsa, el cambio de divisas y la lotería. El presidente del consorcio Milan y de la Lotería Rusa tuvo su gran oportunidad política al comienzo de la segunda guerra chechena, pero no logró que el Kremlin le apoyara. Saidulláyev busca ahora una base popular en su república. Ha registrado una fundación benéfica que reparte comida, medicamentos, cuadernos y sillas de ruedas, entre otras cosas, y trata de perfilarse como un futuro interlocutor del Kremlin. En su punto de mira está el cargo de presidente para el que Aslán Masjádov fue elegido en 1997. En 1991 Malik llegó por primera vez en su vida a Moscú con poco dinero y un solo amigo en la capital. Hoy, frente a los retratos de sus padres que decoran su oficina moscovita, asegura dar trabajo a más de 60.000 personas en toda Rusia.

Saidulláyev quiere evitar a sus hijos, de 14 y 13 años, la experiencia de otros chechenos. Los adolescentes estudian desde hace siete en 'un país de Europa'. 'Hablan el checheno con acento inglés. Resulta un poco raro, pero es agradable. No quiero que vuelvan'. En su opinión, la prensa rusa no quiere considerar a los chechenos como víctimas de la guerra. 'Mi hermano y mi hermana fueron secuestrados y tuve que ir yo mismo con el arma en la mano a liberarlos', afirma. Saidulláyev ha convocado un concurso para 'el mejor proyecto' sobre 'cómo desarmar e incorporar a la vida civil' a los miembros de las bandas armadas en Chechenia. Con 100.000 euros de premio, a lo mejor a alguien se le ocurre una buena idea.

Mañana, último capítulo de la serie: Los radicales

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