Hemorragia incesante

En los primeros seis meses del año se han registrado en España 574 muertos en accidentes laborales, casi un 10% más que el año anterior. Se trata de un dato en sí mismo escalofriante, que interpela a la conciencia de cuantos tienen responsabilidad en las medidas preventivas contra esa sangría. Pero supone también la constatación de un fracaso: el de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, aprobada en 1995, y que no ha impedido que España registre una tasa de mortalidad en siniestros laborales que dobla la del conjunto de la Unión Europea.

Albañiles en el andamio sin red protectora, operarios que manipulan sustancias abrasivas sin guantes, utilización aleatoria del casco en las obras. En España sigue habiendo una escasa cultura de la seguridad en el trabajo, tanto en los empleados como en las empresas. El resultado, ese millar largo de víctimas, sitúa a España en el segundo lugar europeo, tras Portugal, en siniestralidad laboral. Los técnicos de la Administración dicen que faltan estudios sobre las causas de que se mantenga esa tendencia, pero todos los expertos admiten que existe una relación directa entre precariedad en el trabajo (lo que implica menor destreza y falta de hábitos de seguridad) y accidentes laborales. Pero si es así, habría que idear planes específicos de reforzamiento de la seguridad en los sectores, como los servicios, en que esa precariedad es mayor. De hecho, es en ese sector en el que se ha registrado el mayor incremento de siniestralidad en el semestre.

No hace mucho, el presidente del Consejo Económico y Social (CES) elaboró un informe por encargo del Gobierno que concluía que las estadísticas subestiman la incidencia real de los accidentes, aunque desde el Ejecutivo se ha argumentado que el sistema de medición es en España más riguroso que en otros países, en cuyas estadísticas no se incluyen los accidentes en los desplazamientos hacia o desde el lugar de trabajo. Y que aunque haya aumentado el número de personas fallecidas, se ha reducido el del número total de accidentes. El año pasado ocurrió lo contrario.

Como en otros terrenos, el costo de no hacer -de no gastar en medidas preventivas- acaba resultando mucho mayor, desde su impacto social y también desde el económico, que el de invertir en seguridad. En 2000, el costo sanitario y en horas de trabajo perdidas provocado por el casi millón de accidentes registrado fue de unos 360.000 millones de pesetas, es decir, de casi seis millones de euros al día. Esta otra sangría tampoco nos la podemos permitir.