Las medias verdades de la reforma del subsidio agrario

Dicen que las verdades a medias son las peores mentiras y los argumentos que ha ofrecido el Gobierno central sobre la reforma del subsidio agrario se han sostenido precisamente sólo en eso, verdades a medias. El PER no es sólo el PER, en el subsidio es materialmente imposible que exista fraude, sí en el acceso al Régimen Especial Agrario de la Seguridad Social (REASS) y la Formación, aparte del Programa de Escuelas Taller y Casas de Oficio (totalmente politizada su concesión a los ayuntamientos), es incapaz de mover al colectivo agrario hacia otros sectores de producción.

Los datos (sólo daré alguno, para no aburrir al personal) demuestran de manera clara el porqué de estas verdades a medias.

El PP, tras repetir lo del 'voto cautivo', sólo quería encontrar 'voto agradecido'

En 1984 la media ponderada de perceptores de subsidio agrario en Andalucía era de 156.000 personas, en 1996 de 167.000. El primer Gobierno del Partido Popular, con Javier Arenas como ministro de Trabajo, cambia sin cambiar el PER por el AEPSA mediante el Real Decreto 5/97 de 10 de enero. En el pasado año de 2001, la media ponderada de perceptores de subsidio agrario era de 203.000.

Estos datos son del propio Inem y aunque el Gobierno central no los hiciera públicos porque demuestran su clara ineficacia en la gestión del sistema de protección al desempleado eventual agrario, al final, y como en esta vida todo cae por su propio peso, vamos entendiendo perfectamente el porqué del Decretazo y el porqué de su inicio en los despachos del Ministerio de Hacienda.

El Real Decreto 5/97 del señor Arenas introduce en el sistema a los jóvenes de entre 16 y 18 años y en las disposiciones transitorias segunda, tercera y cuarta establece una serie de requisitos que abren las posibilidades de acceso en general. De aquí que la curva de incremento no haya parado desde entonces. Y ahora se extrañan, acusan a gobiernos anteriores y se sorprenden de que el gasto se eleve anualmente en 150 millones de euros. Hipocresía en estado puro.

¿Qué buscaba el Gobierno central con dicho Real Decreto? Después de repetir hasta la saciedad lo del 'voto cautivo', sólo quería encontrar 'voto agradecido', pero los jornaleros andaluces sabían que vivían desde hacía tiempo dentro de un sistema integral de protección y que aunque ese sistema tendría que evolucionar, evidentemente no tenían que agradecer nada a nadie.

¿Fraude? Para que un trabajador eventual agrario defraude a Hacienda, debería trabajar siete meses al año. ¿Qué trabajador eventual lo hace? ¿En la entrada al sistema, si es su propio Real Decreto el que lo posibilita?

Durante 12 años no se infla el sistema, por algo será, y en sólo cinco años hay 37.000 personas más, ¿por qué? Porque el sistema adolece, desde la salida del Real Decreto de 1997, del control necesario que toda Administración debe implantar para su mejor gestión.

Lo que no podíamos esperar los andaluces es que ante el fracaso en la búsqueda del voto agradecido y el fracaso en la gestión administrativa, el Gobierno reaccionara como única medida con la liquidación del sistema de protección por desempleo, aunque lo intenten enmascarar con la aplicación de un sistema contributivo (totalmente injusto) a todo el territorio nacional. Las medidas que tratan por igual a colectivos diferentes son y serán siempre medidas injustas. Es una pena tener que repetirlo otra vez más: Andalucía y Extremadura tienen el 73% de los trajadores eventuales agrarios de todo el territorio nacional y alguien con dos dedos de frente y que sepa algo de la historia reciente entendería que esto es así, ¿porque somos unos indolentes, o porque nos gusta el 'campo'?

Andalucía está avanzando y seguirá avanzando en la medida en que se le otorguen los instrumentos necesarios para que el desarrollo integral de su territorio sea una realidad. La contribución al PIB del sector agrario andaluz es del 7% y el trabajo en el campo ha sido y será siempre estacional, por lo que existirá siempre un colectivo dependiente del mismo al que hay que proteger, al que hay que profesionalizar, llevándole a la situación laboral de fijos discontinuos y al que hay que acercar a una protección contributiva pareja al sistema General de la Seguridad Social. Evolucionar dentro de la coherencia, no liquidar por pataleta para que al final, miles de jornaleros vuelvan a depender de las circunstancias políticas, climatológicas o de las preferencias de los patrones para contratar.

Con otras medidas, es decir trabajando, podemos controlar el acceso al REASS e ir paulatinamente profesionalizando el sector y dotándolo de responsabilidad, porque todo se ha cargado sobre el jornalero, pero ¿a quién beneficia que se acrediten sólo el 50% de las peonadas realmente cotizadas? (vuelvo a repetir que son datos del Inem). ¿Por qué no actúan los servicios de inspección? ¿Cuánta connivencia se ha fomentado en base a las transitorias citadas? ¿Qué vía de acceso al mercado laboral tendrá el medio rural? ¿Cuántos años necesitará un desempleado eventual agrario para cotizar 360 jornadas para después recibir 90 días de subsidio?

El Sistema Integral de Protección del desempleado eventual agrario que consistía en PER, REASS y Formación, necesita evolucionar, no ser liquidado. Andalucía necesita una Política Activa de Empleo específica para su medio rural dentro de un marco jurídico progresista y solidario, capaz de formar, profesionalizar, fijar población y crear empleo y riqueza en el mismo.

José Antonio Viera Chacón es consejero de Empleo y Desarrollo Tecnológico.