Confesión de parte

El viejo conflicto entre el Gobierno vasco y el Gobierno de la nación acerca del grado de cumplimiento/incumplimiento del Estatuto de Gernika, activado recientemente por la resolución del Parlamento vasco en la que se insta al Gobierno a asumir unilateralmente una vez transcurridos dos meses las competencias todavía no transferidas por el Estado, ha obligado al nuevo ministro de Administraciones Públicas, Javier Arenas, a ordenar un estudio sobre cuál es el estado de la cuestión en lo referente a la transferencia a todas las comunidades autónomas, no sólo a la vasca, de las competencias que hubiera asumido cada una a través de su estatuto de autonomía.

No hay mal que por bien no venga, dice el refrán. Y es lo que podríamos decir los ciudadanos andaluces en este caso. Un conflicto no deseado y no deseable, como es el que se ha suscitado por el Parlamento vasco, ha tenido la consecuencia positiva de que el Estado haya hecho lo que tenía que tener hecho permanentemente: un mapa del grado de cumplimiento/incumplimiento por parte del Estado de las obligaciones dimanantes de los diecisiete estatutos de autonomía, que, no se olvide, son leyes orgánicas, es decir, normas también estatales, aprobadas por las Cortes Generales.

No se puede hacer depender la transferencia de ninguna competencia de la 'docilidad' de un Gobierno autonómico respecto del Gobierno del Estado

La elaboración de dicho mapa por los servicios jurídicos del ministerio ha deparado más de una sorpresa, aunque, sin duda, la más llamativa de todas ha sido la comprobación de que el estatuto de autonomía para Andalucía es la norma con un grado mayor de incumplimiento por parte del Estado. A pesar de que Andalucía accedió a la autonomía por la vía del artículo 151 de la Constitución, el Gobierno, a través de la indebida retención del ejercicio de competencias que tenía que haber transferido, la ha relegado, la está relegando, a una posición desventajosa respecto de las comunidades que accedieron por la vía del artículo 143 CE.

En este caso el PP no puede recurrir a su argumento tradicional de hacer recaer la responsabilidad sobre los gobiernos socialistas anteriores, porque el 'retraso' de Andalucía se ha producido íntegramente en los años de gobierno del PP. En 1996 Andalucía estaba muy por delante de casi todas las comunidades autónomas desde una perspectiva competencial. Ha sido en estos últimos años cuando se ha acelerado el traspaso de competencias a las comunidades del artículo 143 CE y se ha paralizado el traspaso a Andalucía de las competencias que todavía quedaban por transferir. El 'retraso' andaluz es en consecuencia de origen exclusivamente 'popular'.

En realidad, la elaboración del mapa de transferencia por parte del ministerio ha venido a confirmar de manera inequívoca la percepción no sólo de los ciudadanos andaluces, sino de los de todo el Estado, de que Andalucía es la comunidad autónoma peor tratada por el Gobierno del PP. Este resultado no sólo aparece de manera continuada en los estudios de opinión específicamente andaluces, sino que ha aparecido también en estudios de opinión efectuados fuera de Andalucía, como el encargado por la Generalitat de Cataluña hace algo más de un año.

Ante esta confesión de parte los dirigentes andaluces del PP han reaccionado de una manera difícilmente comprensible, responsabilizando al Gobierno de la Junta de Andalucía por la no transferencia de competencias por parte del Estado. Según Teófila Martínez, no sería el Estado el que estaría incumpliendo su obligación de transferir las competencias asumidas por la comunidad autónoma a través del Estatuto de Autonomía, sino que sería el propio Gobierno andaluz el responsable del incumplimiento estatal.

No sé si la presidenta del PP andaluz está perdiendo la cabeza o es que piensa que los ciudadanos andaluces somos tontos. La traslación de la responsabilidad del Gobierno de la nación al Gobierno andaluz no sólo es absurda desde una perspectiva lógica, sino que pone de manifiesto un entendimiento del Estado de las Autonomías verdaderamente preocupante. Las competencias tienen que ser transferidas por el Estado, porque así lo prevén la Constitución y el Estatuto de Autonomía. Y eso es independiente o, mejor dicho, debe ser independiente de que el Gobierno de la nación y el Gobierno andaluz se entiendan mejor o peor. No se puede hacer depender la transferencia de ninguna competencia de la 'docilidad' de un Gobierno autonómico respecto del Gobierno del Estado. El Gobierno andaluz tiene todo el derecho del mundo a poner en práctica la política que estime pertinente, siempre que se mantenga dentro de los límites establecidos en la Constitución y en el Estatuto de Autonomía. Y el Gobierno de la nación no puede penalizar a la comunidad autónoma por esto. El Gobierno de la nación no puede utilizar la política de transferencias como arma arrojadiza contra ningún Gobierno autonómico. No puede intentar torcer, mediante la retención de las competencias que tenía que transferir, la voluntad de un Gobierno elegido democráticamente por los ciudadanos andaluces.

No se acierta a comprender que la presidenta del PP andaluz justifique la discriminación de Andalucía por parte del Gobierno de la nación simplemente porque a José María Aznar no le gusta la política que sigue el Gobierno presidido por Manuel Chaves. ¿Qué idea tiene la presidenta del PP del Estado de las Autonomías? ¿De verdad piensa que esa argumentación puede ser entendida por los ciudadanos andaluces, incluidos los votantes del PP?