Apócrifos e inmaduros voceros de ETA
Los atentados terroristas desatan una oleada de falsos avisos de bomba siempre efectuadas por jóvenes y menores
Los atentados terroristas de ETA en la costa de Alicante han acarreado un macabro efecto mimético: una oleada de llamadas telefónicas en nombre de la banda terrorista alertando de la colación de bombas en diferentes puntos del litoral. Los protagonistas de los falsos avisos han sido siempre jóvenes y menores que no han calibrado el alcance de su acción, ni para el conjunto de la población con los nervios a flor de piel tras los sangrientos atentados reales, ni para sí mismos: han incurrido en un delito contra el orden público castigado con penas entre seis meses y un año y multa.
La ingenuidad de los apócrifos terroristas -efectuaban las llamadas desde sus propios móviles y siempre al 112, teléfono de emergencias de la Generalitat- ha facilitado la labor de la investigación. Desde el lunes, los agentes han arrestado a 12 personas, seis en Alicante, dos en Valencia, dos en Murcia y dos más en Sevilla. Las últimas detenciones, también dos menores, se produjeron ayer en Valencia y Ontinyent.
El mayor de los arrestados tiene 22 años; otros cuatro son menores, y algunos de ellos cuentan con antecedentes penales por delitos comunes.
Un informe del Psiquiátrico de la cárcel de Fontcalent recoge que los falsos voceros de ETA son jóvenes con profundos rasgos de inmadurez, alto grado de egocentrismo, tímidos e inadaptados. En suma, se trata de jóvenes que disfrutan ejerciendo el poder y afán de notoriedad tras el anonimato, que carecen de capacidad para evaluar los daños que producen y, además, con un bajo coeficiente intelectual.
Fuentes policiales muestran su conformidad con este informe del Psiquiátrico y hasta incluso aseguran que vaticinan estas falsas llamadas a raíz de hechos reales. La policía también reconoce que, con la actual tecnología, es fácil desenmascarar a estos delincuentes.
Por su parte, Vicente Magro, presidente de la Audiencia de Alicante, destaca que en el caso de los menores, la nueva norma cofiere al juez suficientes mecanismos para, más que 'castigar' al infractor, 'reeducarle' y avanzar en su integración en la sociedad. En el caso de los mayores, Magro se mostró a favor, siempre que se demuestre y lo considere oportuno el fiscal y el juez, de pedir responsabilidades civiles a los procesados por estos hechos por los daños morales y económicos que causen.
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