Guardias civiles achacan a Camps la reapertura de la playa de Santa Pola

La Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) mantiene, al igual que otras organizaciones policiales, que la decisión de abrir la Gran Playa de Santa Pola tras el primer rastreo sin éxito de los artificieros de una bomba colocada por ETA fue 'política' y competencia del delegado del Gobierno, Francisco Camps, que coordinaba la operación 'a pie de playa'. El artefacto tenía que estallar el viernes, pero no fue hallado hasta la mañana del lunes. Desde la tarde del sábado a la del domingo la zona estuvo abierta al público.

Las organizaciones policiales intensifican la crítica al Gobierno por reabrir la Gran Playa de Santa Pola antes de hallar la bomba de ETA y por la precariedad de medios para efectuar el rastreo. Manuel Martínez, portavoz de la AUCG, en declaraciones a Europa Press, aseguró ayer que la decisión de finalizar el rastreo y autorizar el tránsito de personas correspondía a los altos cargos del Ministerio del Interior, en este caso, al delegado del Gobierno en la Comunidad Valenciana, Francisco Camps, y al subdelegado en Alicante, Luis Garrido, 'que estaban a pie de playa'.

Para Martínez, al igual que para otros colectivos policiales, entre ellos el Sindicato Unificado de Policía (SUP), 'los Tedax no son nadie para levantar el cerco policial'. El portavoz de la asociación de guardias se sumó a las críticas sobre los equipos técnicos de que disponen los artificieros para localizar artefactos. 'El rastreo fue patético, debido a los medios técnicos que tenían los artificieros', precisó. Martínez rechazó las manifestaciones de Camps relativas a que la Guardia Civil y la Policía tienen los 'medios más modernos' y le instó a que cumpla a rajatabla sus afirmaciones y dote a ambos cuerpos de seguridad de los 'medios adecuados a los tiempos que corren'.

El portavoz del colectivo resaltó la frustración de las fuerzas de seguridad por la carencia de medios. 'Estamos hartos de enterrar gente por problemas de incumplimiento de las normas mínimas de seguridad', concluyó.

Por otro lado, los partidos políticos han abierto otra polémica derivada del potencial peligro que corrieron los bañistas y residentes de la Gran Playa durante las 24 horas que la zona estuvo abierta, con una bomba de ocho kilos de cloratita aún enterrada en un seto de palmeras, a 15 metros de la discoteca Elcano. Incluso este local abrió al público la noche del domingo.

Tras hallar el artefacto, la Delegación del Gobierno recalcó que nadie corrió peligro porque la bomba estaba neutralizada. Fuentes policiales sostienen que el artefacto podría haber estallado en cualquier momento. Inicialmente el alcalde de Santa Pola, Francisco Conejero, del PSPV, admitió que hubo 'peligro para la población'. Ayer moderó sus críticas y habló de la necesidad de no 'hurgar en la herida'. El secretario general del PSPV, Joan Ignasi Pla, responsabilizó a Camps de la decisión y pidió 'que deje el cargo cuanto antes'. El PSPV extendió sus críticas Canal 9. Los socialistas han solicitado la comparecencia en las Cortes Valencianas del presidente del consejo de administración de RTVV, Emilio Fernández, para que 'explique la falta de equidad informativa'.

Las acusaciones socialistas han sido rechazadas por José Luis Olivas, presidente de la Generalitat. Olivas considera que es una 'irresponsabilidad' polemizar sobre la reapertura de la playa. 'Se está cayendo en un error.Los responsables de esta situación no son los políticos ni las fuerzas de seguridad, sino ETA', dijo Olivas, quien hizo un llamamiento a la unidad de los partidos. En la polémica terció ayer Eduardo Zaplana, ministro de Trabajo. Zaplana defendió a Camps y dijo que las manifestaciones de Pla reflejan su 'torpeza y desconocimiento de la materia'.

El atentado mortal que causó dos víctimas el pasado 4 de agosto y la colocación de una bomba que no llegó a estallar en la Gran Playa este fin de semana han terminado por afectar la campaña turística de la localidad de Santa Pola. Los empresarios de la hostelería y de otros sectores afines, como los comerciantes, se reunieron ayer con los responsables municipales y el diputado provincial de Turismo, Matías Pérez Such, del PP, para analizar la situación y establecer posibles medidas de recuperación.

Los datos ofrecidos por el alcalde, el socialista Francisco Conejero, demuestran que el sector ha perdido parte del mes de agosto, el más importante de la temporada. Un sondeo realizado ayer por el Ayuntamiento constata que las cancelaciones de estancias en hoteles han afectado a un 7% y en los apartamentos se han producido bajas de última hora de un 12%. Estas pérdidas se suman a la reducción de estancias que la localidad sufrió durante el pasado mes de julio con respecto al mismo mes del pasado año, y que se cifró en un 13%. En la reunión, los propietarios de restaurantes y clubes, también expresaron su preocupación.

Los datos recabados por el Ayuntamiento reflejan cifras de cancelaciones dispares. En algunos hoteles de la localidad se han perdido hasta un 12% de las reservas. 'La media se puede establecer entre un 6% o 7%, aunque hay hoteles que están al completo', afirmó Conejero.

Sin embargo, la concejal de Turismo, Asunción Arroyo, explicó que algunas agencias de alquiler de apartamentos sitúan la reducción de clientes hasta en un 30%. Mientras, el único cámping de la localidad ha perdido el 20% de las reservas debido a anulaciones cursadas en los últimos nueve días. Esta situación también afecta a otros colectivos profesionales como los comerciantes y propietarios de locales de restauración.

El vocal de la Asociación de Locales de Ocio y Restauración, Juan Bautista Marhuenda, comentó: 'La intención era solicitar algún tipo de ayuda al Ministerio del Interior, lo que hemos trasladado al alcalde; pero nos ha dicho que no hay posibilidad de cobrar por cese de actividad a causa de atentados de ETA. Serán los seguros, quienes dispongan de ello, quienes respondan', explicó. Marhuenda comentó que la actividad se vio afectada la tarde del atentado con coche bomba en el cuartel de la Guardia Civil y los días posteriores. La colocación del artefacto explosivo en la Gran Playa, desactivado el pasado lunes, produjo pérdidas del 100% en la zona, 'y una ligera caída en los ingresos en el resto de la localidad'.

El diputado Matías Pérez Such, también presidente del Patronato Provincial de Turismo, restó importancia al efecto de los atentados terroristas en el sector turístico. 'El objetivo de todos es tratar de impedir que ETA consiga sus fines, que consisten en causar pérdidas económicas y humanas en Santa Pola', explicó. El Patronato realizará una campaña publicitaria para minimizar los efectos de estos hechos en el sector, especialmente en Santa Pola. El presidente del Patronato se mostró optimista y descartó que Alicante esté sufriendo la crisis del sector como en otras zonas. El número de viajeros que ha entrado en Alicante desde enero, así como los visitantes que llegan por carretera y tren han crecido con respecto a 2001. Estos datos, según Pérez Such, junto a los índices de consumo de agua y electricidad 'demuestran' que se han alcanzado 'los mismos niveles que el verano anterior'.

Por otra parte, la subsecretaria del Ministerio del Interior, María Dolores Ros, calcula en 240.000 euros el coste del realojo en hoteles y mantenimiento de las familias afectadas por el atentado de ETA contra la casa cuartel de la población el día 4 de agosto.