La oposición e IU piden a Eudel que amplíe las asignaciones a concejales
Todos los partidos de la oposición democrática (PP, PSE y UA) e incluso IU, socio de los nacionalistas en el Gobierno vasco, van a solicitar a Eudel que amplíe los criterios para retribuir a los portavoces municipales.
El texto que la ejecutiva de la asociación debatirá en septiembre establece que sólo los portavoces de los grupos municipales en ayuntamientos de más de 10.000 habitantes estarán incluidos en el plan, que pretende mejorar la seguridad de los ediles facilitando su dedicación plena a través de retribuciones económicas.
La propuesta de Eudel establece que los portavoces cobrarán entre 29.616 y 35.831 euros brutos anuales, en función del número de habitantes de la localidad y de un número mínimo de concejales por grupo. Los partidos que tengan menos o más ediles de los establecidos como mínimo cobrarán de manera proporcional.
Sin embargo, toda la oposición e IU consideran que el riesgo frente a los violentos está presente de igual manera en los pueblos pequeños y califican de 'injusto' que sólo se aplique a los mayores de 10.000 vecinos. El popular Carmelo Barrio apuesta por llegar a un acuerdo amplio de todos los grupos representados en la asociación de consistorios para extender las retribuciones a los ayuntamientos más pequeños. Una posición similar mantiene el socialista Rodolfo Ares: 'No podemos dejar desprotegido a ningún concejal'.
José Navas, de IU, cree que el proceso de 'dignificación' no puede pararse en cuestiones numéricas. 'La pluralidad y la democracia tienen que consolidarse en todos los rincones del País Vasco', apunta la parlamentaria de UA Enriqueta Benito.
El PP está dispuesto incluso a abordar la posibilidad de que el Ejecutivo central se sume a la financiación del plan, pero siempre que se llegue a un consenso entre todos los partidos que permita abrir los criterios para retribuir a los portavoces a localidades más pequeñas.
El plan cuesta, con los parámetros de su actual redacción, 2,88 millones de euros anuales, de los que 1,52 millones se destinarían a los portavoces de las localidades vizcaínas incluidas, y 1,28 millones a los guipuzcoanos, mientras que los de Álava sólo recibirán 65.155 euros, ya que el único municipio que supera el límite de los 10.000 habitantes es Llodio. El plan excluye a las tres capitales.
Un criterio más laxo ampliaría sustancialmente el coste. De momento, Eudel no ha afrontado el problema de la financiación, aunque los partidos dan por hecho que sería preciso un acuerdo interinstitucional en el que participarían los ayuntamientos, las tres diputaciones y el Gobierno autónomo.
El secretario general del PP vasco, Carmelo Barrio, lo entiende también de esa manera, pero está dispuesto a afrontar el debate de una financiación compartida con el Gobierno central, 'siempre que se haga por consenso de todos'. Barrio criticó la oportunidad del plan 'a falta de menos de un año para las elecciones' municipales, y por lo tanto duda de que el PNV, que preside y controla la ejecutiva de Eudel,tenga intención real de ponerlo en marcha en breve. 'Eudel está siendo totalmente inoperante en este tema, se está relajando mucho, y ahora hay que cotejar que de verdad va a ponerlo en marcha. Ya veremos en qué se queda', apuntó.
Otras fórmulas
El PSE prefiere buscar primero otras fórmulas para retribuir a los portavoces locales, ya que 'la del borrador parece insuficiente'. Su dirigente Rodolfo Ares va a instar a Eudel a retomar lo antes posible las negociaciones para cambiar la dimensión de los municipios incluidos; 'después hablaremos de financiación'.
José Navas, de IU, cree que el Estado debería compartir los gastos, pues se trata de una cuestión básica de seguridad y la cuantía puede ser muy elevada como para que la afronten las administraciones vascas en solitario. Para Navas, es un asunto básico para garantizar la pluralidad y, de igual manera que ambos gobiernos colaboran cuando se trata de salvaguardar la seguridad de las personas amenazadas, 'no estaría de más un acuerdo más amplio en este asunto'.
Los concejales de Batasuna están excluidos del plan de Eudel, que además establece una serie de mecanismos para que los concejales, en situaciones justificadas de riesgo personal, puedan dar su opinión sobre los asuntos del municipio sin necesidad de acudir físicamente al pleno, sino a través del fax o del correo electrónico.
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