El Estado deberá pagar por el crimen de un preso en libertad condicional

El Tribunal Superior de Justicia ha declarado al Estado responsable civil subsidiario de la muerte de Mar Herrero, por lo que deberá indemnizar con 180.303 euros a los padres de la víctima, asesinada por su ex novio, Luis Patricio de Andrés, en octubre de 1999 en Madrid. 'El sistema se demostró insuficiente para evitar el daño' causado a la víctima y a la familia, según el fallo.

La sentencia estima en parte el recurso interpuesto por la acusación particular e íntegramente el formulado por la popular, que ejerce el Ayuntamiento de Alcobendas, contra la dictada el pasado marzo por la Audiencia de Madrid, que condenó a De Andrés a 24 años de prisión.

María Isabel Sanz, alcaldesa en funciones de Alcobendas y concejal de la Mujer, se mostró ayer 'satisfecha' por el fallo al entender que si el acusado es insolvente, 'debe ser el Estado el responsable civil subsidiario, dado que ha habido una serie de mecanismos que no han funcionado bien en el caso'. La edil recuerda que el penado estaba en libertad condicional -había sido condenado por asesinato frustrado de una novia anterior- pese a las reiteradas denuncias que María del Mar había interpuesto contra él por insultos, acoso y amenazas de muerte.

La sala, formada por los magistrados Javier María Casas Estévez, José Manuel Suárez Robledano y Antonio Pedreira Andrade, ha confirmado ahora la condena impuesta por la sección 16ª y desestima el recurso interpuesto contra ella por el reo. El magistrado Ramiro Ventura Faci, tras el veredicto de culpabilidad de un jurado popular, dictó sentencia el pasado 7 de marzo en la que estimaba probado que De Andrés mató a María del Mar Herrero cuando estaba en libertad condicional tras el asesinato frustrado de su anterior compañera sentimental.

El fallo de la Audiencia Provincial también estableció que el condenado debía indemnizar a los padres de la fallecida, José Miguel Herrero Santos y María Luisa Pacheco, con 180.303 euros, a la vez que rechazaba declarar al Estado responsable civil de esta muerte.

La sentencia del Tribunal Superior recuerda que el condenado se benefició de los fines de reinserción social constitucionalmente establecidos mediante la concesión judicial de la libertad condicional. 'Ante los acontecimientos que precedieron a la comisión de los delitos objeto de enjuiciamiento, se adoptaron las medidas oportunas legalmente previstas, normales en tales casos sin que se revocara la libertad condicional ante la falta de firmeza de la condena por amenazas dictada respecto al acusado', agrega.

Relación de causalidad

También señala que el 'funcionamiento normal, en el sentido de plena aplicación de la legalidad penal y penitenciaria vigente, se reveló claramente insuficiente ante los crímenes ejecutados por el acusado, existiendo adecuada relación de causalidad entre las decisiones judiciales de carácter penitenciario (su pendencia hasta la firmeza de la condena por amenazas [que tenía] recurrida) y la subsiguiente comisión dolosa de los graves delitos enjuiciados' [el asesinato de María del Mar].

'La objetividad de la responsabilidad civil subsidiaria reclamada se revela así como lógica consecuencia de la inobservancia de las reglas de conducta impuestas a quien obtuvo en corto período de tiempo el beneficio de la libertad condicional, infringiendo las normas de comportamiento' de ese régimen penitenciario controlado por la Administración, argumenta el tribunal.

Los magistrados reconocen que 'el daño reclamado [la indemnización] derivó del funcionamiento normal del sistema penal y penitenciario legalmente establecido, y no de infracción alguna imputable al mismo'. Sin embargo, inmediatamente después añaden: 'Si el sistema se demostró insuficiente para evitar el daño, aún aplicándose sin anormalidad alguna, [el Estado] ha de satisfacer económicamente a los perjudicados por la pérdida de una vida humana a consecuencia de dicho funcionamiento'.

Luis Patricio de Andrés mantuvo una relación sentimental con María del Mar hasta 1999, cuando la joven decidió darla por terminada. Citó a la joven a las seis de la madrugada del 13 de octubre de 1999 en la plaza de Castilla con la excusa de darle un trabajo de maquilladora, y después le asestó ocho puñaladas abandonando su cadáver dentro de una furgoneta en San Blas. Después se dirigió al Juzgado de Vigilancia Penitenciaria, donde confesó el crimen, aunque en el juicio negó ser el autor.