La restricción de movimientos de fiscales por temas de seguridad provoca retrasos

Tras el asesinato del magistrado de la Sección Segunda de la Audiencia vizcaína, José María Lidón, el pasado 7 de noviembre, la Fiscalía de Vizcaya también tomó sus propias medidas para limitar al máximo los desplazamientos de sus miembros por los pueblos de la provincia y reducir al máximo un posible atentado de la organización terrorista ETA. Sin embargo, esta decisión ha causado problemas en la tramitación de los asuntos judiciales ya que en numerosas ocasiones hay que esperar a que el fiscal encargado del caso firme.

La memoria judicial de 2001 elaborada por el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco recoge estas incidencias en el apartado referido a los juzgados mixtos vascos. 'Mención especial merece a nivel del territorio histórico de Bizkaia, la peculiar situación que existe con la Fiscalía quien ha ordenado que, por razones de seguridad, no se acuda a las sedes judiciales a notificarse, lo que implica no sólo un retraso en la tramitación sino el no disponer de los expedientes judiciales y por tanto no poder continuar la tramitación, paralizando el asunto hasta que la fiscalía estampe la firma', se indica.

La Fiscalía se comprometía a devolver las causas en una semana al juzgado de origen, una vez firmados los asuntos judiciales. Pero la realidad ha sido muy diferente. La memoria judicial citada da cuenta de los problemas que se han generado en algunos municipios vizcaínos. Por ejemplo, el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 3 de Durango relata que 'se mandan los expedientes el lunes y, a pesar de que Fiscalía informó que se devolverían el lunes siguiente, lo cierto es que no se envían a la semana ni en el mismo paquete, sino más tarde y sin relación cronológica con los enviados. Además, en Fiscalía firman la entrada pero sin que se hagan responsables de la relación de expedientes que enviamos, alegando que no tienen tiempo ni medios para comprobar la veracidad de la relación remitida con el mensajero'. Los retrasos provocaron cierto malestar en algunos juzgados, que reprochaban que los fiscales sí se trasladaban para la celebración de faltas, pero no para el resto de diligencias. Según fuentes judiciales, se elevó una queja a la Sala de Gobierno, sin que la medida haya sido retirada.