La Costa Negra

Cuando los expertos de la policía lograron reunir 'suficiente información' sobre los recursos económicos de 28 organizaciones delictivas, cuyo patrimonio ascendía a 765 millones de euros (unos 127.000 millones de pesetas), trataron de llegar a un cálculo todavía más complejo: ¿a cuánto podría ascender el patrimonio del crimen organizado en España? El ejercicio no podía ser tan ambicioso, pero sí al menos podía hacerse una evaluación sobre los 209 grupos delictivos cuya existencia se ha detectado y que están compuestos al menos por un mínimo de 10 miembros cada uno. Podían contar además, y por vez primera, con la información de todas las fuerzas policiales, incluidas la Ertzaintza y los Mossos d'Esquadra. La cifra resultaba elocuente: casi un billón de pesetas (5.711 millones de euros). Es evidente que ese billón de pesetas no es una cifra definitiva, pero sí al menos un simple punto de partida.

El arco mediterráneo concentra el 46% de los delitos registrados por la Guardia Civil, y el índice de criminalidad por 1.000 habitantes (63) supera con creces la media nacional (48)

¿Dónde se han instalado estos grupos? Si exceptuamos Madrid, el asentamiento es indiscutible por el litoral mediterráneo, una verdadera mancha que va desde Cádiz hasta Girona, donde se concentran todas las provincias con incidencia alta (Barcelona, Málaga, Alicante, Valencia y Cádiz) y media (Almería, Murcia, Castellón, Tarragona y Girona), sin olvidar el fenómeno creciente que afecta a Baleares y Canarias. Hay razones sobradas para hablar de una verdadera Costa Negra.

Los últimos informes policiales siguen resaltando 'la amenaza que supone este tipo de delincuencia y sus consecuencias socio-económicas', y advierten del 'creciente número de grupos criminales organizados detectados'. Cada vez se hace más palpable que los grupos criminales tienen una acusada 'tendencia a la pluriactividad' y que se está imponiendo dentro de sus estructuras el uso 'de entramados societarios y empresariales', una de cuyas manifestaciones más destacadas es el blanqueo de capitales. 'Siempre recordaré una frase que escuché hace muchos años', recuerda uno de los responsables de la Brigada de Delitos Económicos, 'la delincuencia organizada trabaja en lo ilegal, lo alegal y lo legal'.

Miguel Ángel Heredia es diputado socialista por Málaga. Hace unos meses decidió elevar una pregunta en el Parlamento, harto de escuchar al subdelegado del Gobierno de su provincia negar la existencia de mafias en la Costa del Sol, 'cuando lo que leíamos en los periódicos era que Málaga había pasado a ser la segunda provincia de España, después de Madrid, en número de homicidios intencionados, y que los índices de delincuencia se habían doblado desde 1996 hasta 2001'. La pasada semana, el diputado obtuvo la respuesta: 'Se habían detectado en Málaga más de 100 grupos organizados a lo largo de 2001'. La cifra era lo suficientemente elocuente como para sentirse preocupado, pero más lo estaría si en esa información el Gobierno le hubiera dicho que, respecto a un informe de 2000, la provincia de Málaga ha visto cómo se doblaba el número de grupos de delincuencia organizada.

Porque una primera consecuencia de la preferencia de estos grupos por el litoral se ha hecho visible en las estadísticas de delincuencia: el arco mediterráneo concentra el 46% de los delitos registrados por la Guardia Civil. Es una extensa área donde el índice de criminalidad por 1.000 habitantes (63) supera ampliamente la media nacional (48) y se acerca a los patrones europeos, respecto a los que parecía hace algún tiempo que estábamos muy alejados.

Pero sobre las consecuencias socioeconómicas de su actuación delictiva no hay ningún informe preciso y sólo algunos indicadores. El más socorrido es el que relaciona sus actividades con las oportunidades que depara la bonanza económica de que disfruta el sector de la construcción en el litoral español y la pujanza aparente en la que viven determinados municipios, convertidos en caldo de cultivo para rentabilizar el dinero sucio. Un reciente estudio de Caixa Catalunya declara que Baleares, Canarias, el Mediterráneo y el eje del Ebro son las zonas más expansivas, tanto en lo que se refiere a construcción de viviendas como a precio del metro cuadrado, con una media de incremento de obra nueva superior al 15% en los últimos seis años. Andalucía, por ejemplo, ha llegado a tener incrementos del 42,5% (1998); Valencia, del 34,6% (1998), y Cataluña, del 30,5% (1998). 'Está claro que en periodos de bonanza la construcción se convierte en el mejor refugio de capitales sucios', dice un experto policial.

Automóviles de lujo

Otro indicador: la venta de automóviles de lujo. Según los datos del último semestre ofrecidos por la Asociación de Fabricantes (ANFAC), sorprende ver cómo dos provincias como Málaga y Alicante superan en algunos modelos no sólo a ciudades como Sevilla, Valencia, Bilbao o Zaragoza, sino también a Madrid y Barcelona. Por ejemplo, en Alicante se han vendido más Jaguar (11) que en Barcelona (4), y lo mismo le sucede a Málaga (8); en esta última provincia también se han vendido casi tantos Ferrari (18) como en Madrid (20) y muchos más que en Barcelona (7), además de los dos únicos Rolls-Royce matriculados en el primer semestre del año en España. Esta clasificación es pareja en modelos como Porsche, Pontiac, Cadillac o la gama alta de Mercedes y BMW.

'Estamos ya ante una segunda generación de delincuentes, porque se ha producido un asentamiento de estos grupos, sobre todo en los lugares de la costa, donde es más fácil ocultarse, mezclados entre turistas o residentes extranjeros', dice el jefe de la Brigada de Delitos Económicos. Zonas como, por ejemplo, Baleares, donde el 12% del suelo estaba en manos de alemanes hace cinco años, 'y eso sin contar los inmuebles propiedad de sociedades', aseguraban fuentes de la Agencia Tributaria.

'Así que es una realidad con la que tenemos que contar', prosigue el experto policial. 'Conocen el terreno, dominan el idioma. Y ese tipo de delincuente se ha dado cuenta de que es más rentable el delito económico que el violento, y además está menos castigado por la ley. Disponen de mecanismos a través de despachos de abogados para hacerse con una maraña de sociedades que les permiten comprar inmuebles, tener propiedades y montar negocios con apariencia legal'.

Y agrega: 'Incluso crean sus propias redes que sirven para dar trabajo a sus nacionales. Y a nosotros nos faltan herramientas para llevar a cabo investigaciones cada vez más complejas, sobre todo en un país donde sigue sin ser motivo de alarma que se paguen ciertas cantidades al contado, donde es posible crear empresas para practicar un fraude al IVA y nosotros no podemos investigarlas hasta que no se cierra el curso fiscal. Para entonces, esas empresas, que apenas duran tres o cuatro meses, han desaparecido'. Los expertos policiales dicen haber reclamado de Hacienda un mayor control de las actividades de abogados, notarios y registradores de la propiedad.

Recomendaciones

Precisamente el grupo de acción contra el blanqueo de dinero (FAFT-GAFI), una asociación vinculada a la OCDE, en la que participa España, ha propuesto el pasado mes de mayo aplicar las 40 recomendaciones destinadas a la banca a otras actividades, entre ellas a la industria de la construcción, 'que se ha identificado en los últimos años como muy vulnerable al blanqueo de dinero'; a los casinos de juego, y a cierto tipo de profesionales como notarios, abogados, agentes inmobiliarios y asesores financieros. La Fiscalía Anticorrupción aseguraba ya en su memoria del año 1999 que los despachos profesionales causaban 'un importante entorpecimiento' de las labores investigadoras.

Un miembro de la Fiscalía Anticorrupción recibió una sugerencia de parte de un colega. 'Sería interesante', le dijo, 'hacer un estudio sobre todos los concejales de Urbanismo y Obras Públicas de la costa española, de tal forma que se compararan sus patrimonios antes y después de ocupar el cargo'. Como tal estudio excedía de las competencias de la fiscalía, la propuesta quedó reducida a un simple comentario. Ninguna institución oficial parece haber tenido interés en llegar a ese punto, como tampoco existen informes que relacionen de forma expresa la delincuencia organizada, el blanqueo de capitales y el negocio de la construcción en España, a pesar de que casi todas las fuentes consultadas en este reportaje lo encuentran evidente.

Pero el fin de este silencio está próximo porque en el mes de octubre concluirá una investigación financiada por la Comisión Europea y coordinada por el Instituto de Criminología de la Universidad de Málaga. Dicho estudio relaciona crimen organizado y negocio de la construcción, se ha efectuado en colaboración con instituciones de otros países europeos (Italia, Reino Unido y Holanda) y, para el caso español, centra su investigación en la Costa del Sol, en los 200 kilómetros que van desde Nerja hasta Manilva. El estudio reza así: Prácticas ilícitas en el negocio de la construcción. Su vulnerabilidad al crimen organizado y a la corrupción.

'Se trataba de analizar qué actores juegan en el negocio de la construcción, cómo juegan y cuál es su grado de vulnerabilidad al crimen organizado', dice Alejandra Gómez Céspedes, criminóloga y coordinadora del estudio, adscrito al programa Falcone de la Universidad de Trento. 'En España nos encontramos con una situación peligrosa, que ha impregnado el tejido social, donde cada municipio es un feudo, que funciona según los deseos de cada alcalde y donde crece la inseguridad jurídica y la idea de que no se puede hacer nada. En España, nadie pregunta de dónde viene el dinero cuando alguien quiere hacer una inversión. El mercado de la construcción es muy desorganizado, trabajan muchas empresas tras una maraña de sociedades que impide conocer a los verdaderos propietarios. Cómo será que, en un principio, pensamos que deberíamos contar como asesores con catedráticos de Derecho Administrativo. Luego nos dimos cuenta de que también nos hacía falta algún catedrático de Derecho Penal, y ahora estamos contando también con expertos en Derecho Mercantil'.

El estudio cuenta con sus propias investigaciones de campo. 'Nos hemos camuflado como inversores y hemos comprobado lo fácil que resultaba poner dinero en la construcción y el descaro con el que se habla de comisiones y pagos al contado', dice Alejandra. Entre los aspectos que saldrán a relucir está el del enriquecimiento de algunos ediles, aunque en este caso no se hará pública su identidad. Sobre la influencia que puede ejercer la cercanía de Gibraltar a la Costa del Sol, Alejandra Gómez apunta que 'en Gibraltar, en algunos casos, y a pesar de lo que se comenta, algunos controles son más exhaustivos que en España'.

Un miembro de la Brigada de Delitos Económicos relataba cómo un conocido delincuente, relacionado hace unas semanas con el robo de obras de arte en el domicilio de Alicia Koplowitz, había comprado meses atrás un Ferrari al contado, 'y al concesionario no pareció resultarle sospechoso'. Ese ejemplo sirve para describir cómo en España algunos procedimientos para blanquear dinero llegan a hacerse de forma muy artesanal. 'En la Operación Palmera, efectuada en Ceuta en 1999', relata un miembro de la Brigada de Delitos Económicos, 'descubrimos que con una pequeña agencia de viajes y dos agencias de cambio se habían cambiado divisas extranjeras por valor de 21.000 millones de pesetas en apenas 10 meses, un mecanismo muy parecido al descubierto por la Guardia Civil tiempo después en Melilla. Entre Marbella y Málaga se efectuó otra actuación (Operación Picota) que descubrió cambios por valor de 25.000 millones. Una sola persona llegó a cambiar mil millones en una semana. Uno de los detenidos en Ceuta disponía ya de un gran patrimonio personal, cuando diez meses antes estaba cobrando el paro. A nadie pareció llamarle la atención que primero se comprara un gran coche, que luego tuviera un buen chalé y que últimamente tratara de comprar un barco para inaugurar una línea regular con la Península. Hay una gran condescendencia en este país con el enriquecimiento rápido'.

Despachos de abogados

Hay indicadores que hablan por sí solos y que no resultan muy complejos de poner a la luz. Volvemos al caso de Marbella, donde el número de abogados colegiados ha pasado de los doscientos a superar los seiscientos en apenas cinco años. Una simple consulta en bases de datos que relacionan compañías mercantiles permite comprobar cómo en una misma dirección de Marbella están domiciliadas 125 sociedades, ejemplo que se puede repetir tomando como base las direcciones de despachos de abogados. O una misma empresa consta como administrador único de 145 sociedades. Según datos de Informa, SA, en Marbella, en el distrito postal 29600, están domiciliadas un total de 5.544 empresas, una cifra extraordinariamente superior en comparación con municipios del mismo número de habitantes (100.000) y que disponen de un reconocido tejido industrial como Algeciras (1.568 empresas) o Mataró (3.033 empresas). De la misma manera, es relativamente sencillo encontrar en Alicante despachos de abogados con intérpretes en ruso.

'El blanqueo de dinero es una actividad muy vinculada a la delincuencia internacional', sostiene Salvador Ruiz, director general de la Agencia Tributaria, 'y en esas inversiones internacionales es cierto que una actividad que recoge dinero negro es la inmobiliaria'. Salvador Ruiz apunta que ya es significativo que la Agencia Tributaria tenga unidades especiales en Barcelona, Málaga y Baleares, 'y que en algunos programas piloto en los que estamos cruzando información con la Seguridad Social hallamos elegido las provincias de Alicante, Almería y Huelva, donde se perciben problemas con mano de obra ilegal'.

El plan general de control tributario para el año 2002 establece algunas novedades en el capítulo de Áreas de Riesgo Fiscal de Atención Prioritaria, al incluir el sector de la construcción, la importación fraudulenta de automóviles de lujo y las tramas empresariales de defraudación del IVA. El plan fija que 'serán objeto de especial atención los denominados agentes de formación de compañías (profesionales especializados en el suministro de sociedades preparadas para entrar en el comercio), así como las sociedades constituidas pero sin actividad'.

No parece casual, por tanto, que la Agencia Tributaria haya decidido enviar este verano al litoral español a cerca de 200 agentes tributarios. Determinados datos (consumo eléctrico, de gas, incrementos espectaculares en la construcción de viviendas, nichos de sociedades, muchas de ellas sin aparente actividad) invitan a pensar que la costa española, sobre todo el litoral mediterráneo, puede haberse convertido en un verdadero foco de evasión fiscal.

Las empresas constructoras han reaccionado a esta noticia con cierta hipocresía y apuntan a que el verdadero objetivo de Hacienda son los ciudadanos de a pie que han comprado una segunda residencia en la costa y tratan de obtener unos ingresos extra con alquileres que no declaran. 'No lo sentimos como un problema. Los agoreros ya decían que la llegada del euro ocasionaría un gran incremento en las ventas, y lo que se ha visto es una pequeña caída de la demanda', dice Manuel Martí, secretario general de la patronal inmobiliaria. 'Ahora mismo, en lo que significa obra nueva, no hay posibilidad de manejar dinero negro', sostiene, al tiempo que afirma que la construcción mantiene una actividad 'sostenida' y que podría absorber 100.000 puestos de trabajo casi de forma inmediata.

La sospecha no es nueva, porque el boom de la construcción en ciertas zonas turísticas españolas ha alertado a otras autoridades fiscales, caso de la alemana, dispuesta a averiguar si aquellos ciudadanos que compran casas en España (sobre todo en Baleares) cumplen con Hacienda. A este respecto, la Agencia Tributaria se limita a reconocer 'las excelentes relaciones' que tiene con el fisco alemán y el alto grado de cooperación al que han llegado ambas instituciones.

Silencio cómplice

Los buenos propósitos de Hacienda no convencen a quienes llevan años de experiencia luchando contra la corrupción urbanística. En el despacho de la diputada andaluza Inmaculada Gálvez, incluida en las listas del PSOE tras un pacto con Los Verdes, se amontonan, entre miles de papeles, más de 100 impugnaciones que la Junta de Andalucía ha realizado sobre obras en Marbella. De todos esos contenciosos, los primeros de los cuales datan de 1993, 'todavía no existe una sola sentencia'. 'Para cuando se produzca la primera, ya me dirán qué es lo que se puede hacer si todos esos edificios están ocupados por sus propietarios desde hace años'. Gálvez habla de inseguridad jurídica, de ausencia de verdadera voluntad política por parte del Gobierno central y la propia Junta de Andalucía para atajar los niveles de corrupción que se están alcanzando en la costa.

Ese silencio de los partidos políticos es también la gran crítica de Manuel Alcaraz, ex diputado socialista por Alicante. 'Estuve mucho tiempo denunciando la llegada de grupos del Este a la costa de Levante, pero lo que más me alarmaba era el silencio. 'No creemos alarma social para que el turismo no se vea afectado', decían las autoridades. A pesar de mis preguntas en el Parlamento, Mayor Oreja se empeñaba en decir que en España no existían mafias, simplemente porque esos grupos no tenían una estructura piramidal. Al final, terminó reconociendo el asentamiento de delincuentes del Este en el Levante español. En algunas reuniones en la Diputación o en el Patronato de Turismo, hubo empresarios españoles que terminaron pidiéndonos que dejáramos en paz a los rusos. Ese silencio me parecía cómplice. Y sé que la policía y la Guardia Civil hacen lo que pueden y no lo hacen mal, pero faltan medidas enérgicas. Se está terminando por aceptar que toda construcción es buena y todo aquel que invierte es bueno. Y ese silencio cómplice de los partidos políticos me duele mucho

más en el caso del PSOE, que no parece hacer bandera del problema'. 'Aquí, todo lo que sea crear puestos de trabajo es como las aguas del Jordán, que todo lo purifican', sentencia Inmaculada Gálvez.

'Precisamente porque se trata de un fenómeno oculto', apunta Alejandra Gómez, 'las autoridades deberían saber que sus consecuencias reales en el tejido social tardan unos 15 años en salir a la superficie. Y para entonces es tarde y se hacen necesarias medidas mucho más drásticas'.

'Una vez asentados, estos grupos buscan tener influencia en la sociedad que les rodea, no vayamos a pensar que tratan de vivir al margen', dice un experto policial. Tímidamente, afloran en los informes policiales casos demostrados de relación con grupos criminales que afectan a funcionarios de la Administración Pública (siete entre 1999 y 2000) o Judicial (uno), cargos políticos (cuatro), miembros del empresariado (17) y agentes de las fuerzas de seguridad (12). Es lo que técnicamente se llama 'uso de influencia'. Y comienza a tener su reflejo estadístico.

'Cuando el actor Sean Connery decidió abandonar Marbella', recuerda un miembro de la Fiscalía Anticorrupción, 'era el único propietario en su urbanización que tenía registrada la casa a su nombre'.