Álava desafía al Gobierno al dotar de cobertura legal a su centro de control de carreteras

La Diputación de Álava consumó ayer la amenaza que preparaba desde marzo, con la aquiescencia de las administraciones forales de Vizcaya y Guipúzcoa. El Consejo de Diputados aprobó ayer un decreto que dota de cobertura legal al Centro de Control de Carreteras, un lugar ya existente desde donde se pretende controlar el estado de la red viaria de Álava y que entra en colisión directa con el Centro de Control de Tráfico del Gobierno. Interior y las tres diputaciones mantienen desde el año pasado un enfrentamiento abierto por este conflicto de competencias.

Al Gobierno le corresponde lo concerniente al tráfico y seguridad vial. De las diputaciones dependen las carreteras, su construcción y mantenimiento. Sin embargo, ambos no se ponen de acuerdo sobre a qué administración le compete instalar un centro de control de la red viaria.

Interior reguló el verano pasado su propio centro sin consultarlo previamente a los gobiernos forales, lo cual creó malestar entre los tres diputados de Carreteras. Así, las diputaciones presentaron recursos ante la Comisión Arbitral (el organismo encargado de mediar en los conflictos entre instituciones), pero lo hicieron con diferentes defectos de forma a causa de las complicaciones que les originó tramitarlos en agosto.

La Comisión Arbitral se limitó a constatar esos fallos de forma, sin entrar en el fondo, y ahora, ante esa situación, el conflicto se ha trasladado a los tribunales por la vía de los hechos consumados.

El Gobierno, en su intención de activar su centro de control, ha ido solicitando a las diputaciones el permiso necesario para instalar en las carreteras paneles informativos para los conductores, así como fibra óptica bajo el asfalto y cámaras de televisión que ayuden a conocer el estado del tráfico. Por su parte, las diputaciones han denegado los permisos, ante lo cual el Gobierno vasco ha presentado ya siete recursos ante el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco.

Estas denuncias se corresponden con 19 tramos de carreteras. Contra la Diputación de Guipúzcoa se han presentado tres recursos, que se centran en 11 lugares diferentes de la N-I (Lasarte y, en dos tramos, Andoain) y de la A-8 (Andoain, Ondarreta, Egia, Añorga, Pasai Antxo, Arrizeta, Renteria y Behobia). Contra Vizcaya, el Departamento de Interior ha interpuesto dos denuncias, referidas a seis tramos de carretera en la N-634 (a su paso por Galdakao y Amorebieta), la N-240 (en Igorre), la N-635 (en Erletxeta), la BI-625 (en Arrankudiaga) y el kilómetro 103 de la A-8 (en el Bilbao Metropolitano). Además, ha denunciado a Álava en dos ocasiones, por no autorizarle las señalizaciones en la N-622 (Altube) y la N-124 (Zambrana).

Un nuevo decreto

Contra esta ofensiva del Gobierno vasco, las diputaciones han actuado inaugurando sus propios centros de control de carreteras. Vizcaya y Álava ya cuentan con los suyos propios, aunque aún no funcionan a pleno rendimiento (lo mismo que ocurre con el de Interior). La Diputación de Álava ha dado además un paso añadido: dotar de cobertura legal a ese centro. Guipúzcoa y Vizcaya, aun estando de acuerdo en el fondo, no han querido llegar a ese extremo.

El decreto de Álava reproduce parte de la norma foral de 1990 que delimita las competencias de la Diputación en materia de carreteras. Además, detalla las funciones del Centro de Control de Carreteras. Entre otras, están las de la 'información continua, seguimiento, control de la situación y funcionamiento de la red de carreteras de Álava', 'recogida, clasificación y análisis de datos', 'elaboración de planes y programas de seguridad vial en el ámbito de las competencias' forales, así como la 'información a los usuarios sobre el estado' de la red viaria.

El decreto insta a la colaboración con las otras diputaciones y con el Gobierno central como titulares de las carreteras colindantes a las alavesas, y también con el Gobierno vasco como competente 'en materia de tráfico y circulación viaria'. De hecho, anima al 'intercambio recíproco de información relevante para el ejercicio de sus respectivas competencias'. Precisamente, las tres diputaciones reclaman a Interior desde hace años una información más detallada sobre la siniestralidad en las carreteras, que dicen no recibir en condiciones. El Gobierno lo niega.

Interior señaló ayer su intención de esperar a que se publique el decreto en el boletín oficial de Álava (BOTHA), aunque es probable que lo recurra ante los organismos competentes.