El ex gerente de Mercalicante manejó un millón de euros desde 2000 a espaldas del consejo de administración
El ex gerente de la empresa mixta Mercalicante, Emilio Clavero, supuestamente utilizó desde 2000 al menos un millón de euros para operaciones financieras sin autorización del consejo de administración de la entidad. El ex ejecutivo también usó el dinero para fines particulares, como pagar su declaración de la renta. Las irregularidades contables están reflejadas en una auditoría de gestión realizada por la firma Pricewaterhouse Coopers. El lunes, el consejo de administración, a raíz de un informe verbal de los auditores adoptó, por unanimidad, tres acuerdos: destituir al gerente, solicitar una nueva auditoría contable sobre los ejercicios de 2000, 2001 y lo que va de 2002, y delegar la dirección ejecutiva de la empresa en los dos vicepresidentes, Juan Zaragoza, concejal del Ayuntamiento de Alicante, del PP, y Gonzalo Simón, de Mercasa. La corporación y Mercasa se reparten al 50% el accionariado de Mercalicante.
Entre las supuestas anomalías que recoge la auditoría figuran la utilización de 300.000 euros para invertir en bolsa, unos 110.000 para pagar su declaración de la renta y otros 500.000 euros en 'concepto de indemnización' a tres firmas con sede social en Mercalicante. El ex gerente, que disponía de firma en una cuenta de Mercalicante dotada con 100.000 euros, presentó el pasado año gastos particulares de 35.000 euros por comidas, aparcamiento y gasolina. Fuentes del consejo han asegurado que Clavero admitió las conclusiones de la auditoría, aunque precisó que reintegró las cantidades dispuestas.
Luis Díaz Alperi, alcalde de Alicante, del PP, y a su vez presidente del consejo de administración de Mercalicante, aseguró ayer que la mercantil no adoptará más decisiones, 'hasta conocer los resultados de la nueva audioría y la situación financiera de la empresa ', puntualizó.
Alperi reconoció que anualmente las cuentas de la mercantil son auditadas, 'pero hasta ahora no se habían descubierto anomalías'. El alcalde subrayó que hace tres meses el consejo optó por encargar un nuevo informe a otra firma, 'al tener sospechas de posibles irregularidades'. Los partidos de la oposición, PSPV y EU, coincidieron en la necesidad de llevar el caso a los tribunales, 'si la segunda auditoría confirma las irregularidades'.
