Las operadoras de móviles advierten de 'apagones' si no se ponen más antenas
Las administraciones sólo han permitido el 20% de las peticiones de instalación este año
Telefónica Móviles, Vodafone y Amena han advertido de que las trabas administrativas para el despliegue de su red de antenas están produciendo una pérdida de calidad en el servicio, que irá a más a lo largo del verano. Las empresas hablan de apagones por la llegada de millones de turistas en zonas como la Costa del Sol. Las dificultades puestas por los ayuntamientos han provocado que hasta junio sólo se haya permitido el 20% de las peticiones de nuevas antenas.
Más de ocho millones de turistas extranjeros recalan en las costas españolas este verano, a los que se une el éxodo masivo desde el interior del país. De esta forma, la demanda de servicios de telefonía móvil es 2,5 veces la del resto del año. Para atender esas necesidades, las compañías refuerzan su red fija de antenas mediante unidades móviles, pero la parálisis administrativa para la instalación de antenas por lo que las operadoras entienden como 'falsa polémica' sobre los efectos nocivos de las antenas ha provocado los primeros problemas.
Según las compañías, debido a ese parón se están multiplicando las incidencias y la caída de calidad del servicio en todo el litoral mediterráneo y en la Costa del Sol, y advierten de apagones en poblaciones como Benidorm, Marbella o Córdoba si no se da marcha atrás a las legislaciones restrictivas que preparan los ayuntamientos.
Precisamente, las decisiones administrativas han provocado que sean ya más de 2.000 las antenas paralizadas en toda España, y las pegas urbanísticas que se les ponen a estas instalaciones hace que puedan llegar a 5.000 en un año, según cálculos de las tres compañías. Se trata de más del 15% de la planta de antenas de telefonía móvil.
En el año 2000, Amena, Telefónica Móviles y Vodafone desplegaron de media el 80% de las antenas previstas. En 2001, la cifra se redujo al 45%, y en la primera mitad de 2002 no han logrado superar más del 20% de las instalaciones que necesitaban, que, dado el tráfico existente (30 millones de abonados), se estiman en alrededor de 650 antenas anuales por operador.
Las crecientes dificultades para colocar antenas arrancan por la alarma desatada tras las denuncias sobre casos de cáncer supuestamente achacables a las emisiones de las antenas, cuyo caso más significativo fue el del colegio García Quintana, de Valladolid. Y ello a pesar de que la pasada semana las operadoras de móviles concluyeron el plan de certificación de 23.000 antenas, en el que una inspección ha concluido que la potencia de las antenas está 1.200 veces por debajo de lo que permite la ley.
Fuentes de Telefónica Móviles señalan que hoy conviven en España cuatro tipos distintos de normativas y todos ellos son diferentes entre sí: el real decreto de Ciencia y Tecnología, los decretos aprobados en comunidades autónomas como Castilla-La Mancha, Castilla y León o Cataluña; más de 440 ordenanzas municipales y, la más reciente, una ordenanza tipo de la Federación Española de Municipios y Provincias cuya adopción por los ayuntamientos sólo es optativa.
Los operadores se quejan además de la paradójica situación de que los ayuntamientos paralicen la instalación de infraestructuras y demanden el cobro de una nueva tasa radioeléctrica que sustituiría al impuesto de actividades económicas (IAE).
La situación es preocupante, puesto que coincide con la necesidad de despliegue de la red para la nueva telefonía móvil multimedia (UMTS). Los operadores que ganaron el concurso para dar telefonía de tercera generación, que permitirá la transmisión de imágenes y la navegación rápida por Internet, han comprometido una inversión de más de 16.296 millones de euros en los próximos 10 años.
