El caso de los cheques escolares en EE UU: el desenlace

He perdido la apuesta. Y por causa de una dama: Sandra Day O'Connor, una frágil mujer de 72 años de edad, desde luego, pero también la juez más poderosa de la tierra. Situada en medio de las disputas entre los cuatro jueces más o menos liberales del Tribunal Supremo federal norteamericano y los otros cuatro claramente conservadores, el independiente voto de O'Connor suele ser decisivo en los casos cruciales.

Lo ha sido esta vez, haciéndome perder el envite que jugué con ustedes en la edición de Cataluña de este diario del pasado 1 de abril: escribía allí que esta señora tenía en su mano el voto que podía dar la mayoría a los partidarios de los cheques escolares o a sus adversarios y, en contra de lo que entonces predije, la magistrada ha votado a favor de los cheques en el caso Zelman c. Simmons-Harris, probablemente el más importante de la agenda de este año del Tribunal Supremo federal de Estados Unidos. Mi error de cálculo ha sido su triunfo y, tal vez, el inicio de una revolución escolar. Veamos por qué.

El voto de la juez O'Connor valida el sistema de cheques escolares de Cleveland

Ante el fracaso masivo del sistema escolar público de Cleveland (Ohio), una ley estableció un sistema de cheques escolares para que las familias, en particular las más pobres, decidieran dónde querían que sus hijos estudiaran. El caso judicial se planteó en seguida como un problema de promoción estatal de una confesión religiosa, algo prohibido por la Constitución de aquel país de inmigrantes de credos distintos: como el 96% de los padres resolvieron gastar los cheques en escuelas religiosas -católicas-, los adversarios de este sistema de financiación de la enseñanza alegaron que violaba la Constitución.

Hace unas semanas, el 27 de junio, una sentencia redactada por el presidente del Tribunal, el magistrado William Rehnquist, ha apoyado a los partidarios de los cheques escolares. Escribe Rehnquist que el programa no establece ninguna ayuda directa a las escuelas religiosas, sino que sólo pone en las manos de los padres una auténtica posibilidad de elegir: ellos -que no el Estado de Ohio- resuelven qué escuela recibirá la ayuda. Es pura elección privada, algo perfectamente admisible.

Los cuatro magistrados más liberales gritan ¡falta!: no hay excusa, dice uno de ellos, por simpática que resulte la causa de los cheques en una ciudad angustiada por el desastre crónico de su sistema escolar; cúmplase la ley y hágase justicia, así se hunda el mundo. Los límites y las fronteras trazados por la Constitución están precisamente para preservar los valores constitucionales en casos difíciles y éste era uno de ellos: nunca jamás recurso público alguno habría de poder destinarse a apoyar ningún tipo de actividad o institución religiosas. Cuanto mayor sea el riesgo de desviación del dinero público hacia usos religiosos, menos legítimo será el sistema legal de ayudas de que se trate: no hay libertad de elección si, de hecho, más del 90% del dinero de los cheques acaba en manos de instituciones religiosas. ¿Cómo va a ser neutral un sistema que, a la postre, favorece a las escuelas confesionales?

Este último argumento es inquietante, pues implica que la libertad de elección no existe si quien formalmente decide lo hace en contra de nuestra manera de pensar. Mas la juez O'Connor, al resolver votar a favor de los cheques, no se ha dejado amilanar por la fuerza abstracta de las ideologías educativas ni por el estruendo ensordecedor de las guerras culturales. Esta señora ha hecho las cuentas y ha resuelto con el sentido práctico, a ras de tierra, propio de las mujeres de este mundo. Así, escribe en la fundamentación de su voto, el dinero que Ohio reserva para cada cheque individual es la mitad del que destina por alumno a las escuelas comunitarias públicas y casi la tercera parte del que subvenciona las escuelas 'imán', también públicas.

Por otro lado, el cheque no se destina a clases de religión o adoctrinamiento religioso, sino a enseñanza reglada; además, las escuelas religiosas inscritas en el programa están obligadas a aceptar alumnos de cualquier confesión religiosa y, de hecho, en muchas de ellas los más de los niños no pertenecen a la confesión propia de la escuela.

Tampoco es cierto que ni un centavo de dinero público pueda destinarse a instituciones confesionales: muchos estados las eximen, de la misma manera que las leyes federales permiten generosas deducciones en las donaciones a fundaciones benéficas religiosas o a instituciones hospitalarias o asistenciales.

O'Connor ha abierto una brecha en uno de los frentes más reñidos de nuestros conflictos culturales. Cuando, hace tres meses, creí que resistiría, me equivoqué: desde el 27 de junio, los legisladores de 50 estados tienen las manos libres de ligaduras constitucionales para poner a prueba la bondad de los cheques escolares.

El experimento ha comenzado. Den tiempo al tiempo y dentro 10 diez años dispondremos de experiencia suficiente para evaluar resultados. El inmenso laboratorio social norteamericano va a ponerse en marcha. Con permiso de sus jueces.

Pablo Salvador Coderch es catedrático de derecho civil en la Universidad Pompeu Fabra.