De sueldos y blindajes

El pulso entre el antiguo equipo directivo de L'Aliança, encabezado por Ramón Carranza y Susanna Martín, y la entidad, intervenida por la Generalitat el pasado 14 de marzo, se escenificó ayer en el Juzgado de lo Social número dos de Barcelona.

El caso que tiene sobre la mesa el juez Luis Martín de Nicolás Muñoz no entra en la facturación irregular detectada en la principal mutua de Cataluña, desencadenante de la intervención y que, según declaró ayer el administrador de L'Aliança nombrado por la Generalitat, Enric Mangas, 'todavía continúa'. Tampoco entra en la delicada situación financiera de la entidad, con más de 200.000 socios, en la que se basó el Gobierno catalán para intervenirla.

Carranza renunció a indemnizaciones de más de 90.000 euros pero se subió el sueldo

El juez debe decidir si el cese de ambos ex directivos, junto con los de Xavier Caufapé, Francesc Ávila y Miguel Díaz Sánchez, fue un despido tácito que derivó en improcedente, como sostuvo su abogada Sylvia Parcerisas.

En juego, las indemnizaciones. La prevista en el contrato de Carranza es de 90.151 euros (15 millones de pesetas), tras renunciar a cantidades superiores previstas cuando accedió al cargo en 1996. Pero, a cambio, Carranza lo compensó con una significativa subida de sueldo. Sumando la parte fija y la parte variable, su retribución pasó de los cerca de 222.374 euros percibidos en 1997 a 306.516 euros a partir del año 1998.

En el caso de Susanna Martín, ex directora general adjunta de la filial de hospitales Carsa y presidenta del consejo de L'Aliança, ambas partes discreparon sobre el importe, a partir de la interpretación de las fórmulas que posibilita su contrato (45 días por año o tres años de sueldo). La cantidad va de los 540.910 euros que sostiene Martín a los 799.346 que sostiene la mutua. El consejero de Economía, Francesc Homs, habló en el Parlament de un blindaje de 900.000 euros.

A preguntas del abogado de la mutua, Ramon Vallbé, Martín hizo valer su antigüedad de 17 años en la empresa para explicar que cobrara mucho más que su superior jerárquico en Carsa, Xavier Caufapé (en 2000, 32 millones de pesetas frente a 21 millones).

Pero la línea argumental de Vallbé, en representación de L'Aliança, va más allá de cuantías: los demandantes habrían tejido en provecho propio 'una red de complicidades' simultaneando su presencia en el consejo de L'Aliança con su condición de empleados de sus empresas participadas (Carsa y Gecesa). Ello les habría permitido saltarse el consejo de administración de la entidad y no informarle sobre sueldos ni blindajes.

Los ex directivos lo negaron de plano. Insistieron, por ejemplo, en que Martín había cambiado de tareas al pasar a ser directora adjunta de Carsa en lugar de serlo de L'Aliança en diciembre de 1999, pocos días antes de convertirse en presidenta del consejo de la mutua. En favor de Martín, cuyo despacho estaba entre el de Carranza y el de Caufapé (ex responsable de Carsa) no jugó la declaración del director de personal de la mutua, Sebastià Castells. Dijo que las tareas eran las mismas y que participaba 'en un mismo equipo'.

Los ex directivos alegaron también que estas acusaciones no son nuevas, ya que fueron objeto de una inspección en 2000 que dio por bueno el organigrama directivo. Pero los contratos que Economía tuvo en sus manos tenían borradas las retribuciones, lo que impedía calcular el coste de las indemnizaciones. Martín y Carranza se habían resistido a desvelar los sueldos al representante de CC OO en el consejo de L'Aliança, Antoni Tuà, que ayer compareció como testigo.