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Dolors Llorens, ex subdirectora general de Empleo de la Generalitat, declaró ayer ante la juez de Barcelona que instruye el caso Pallerols sobre supuesta financiación irregular de Unió Democràtica de Catalunya (UDC) que algunos centros colaboradores del Departamento de Trabajo recibían subvenciones de manera fija para la formación de parados. Llorens agregó que las subvenciones a esos centros se mantenían, aumentaban o se reducían 'según las variables y el presupuesto de ese año'.

En su declaración ante el Juzgado de Instrucción número 9 de Barcelona Llorens relató que ella no era la responsable de la concesión de subvenciones, sino que dependían del funcionario Joan Martín Toribio, también imputado en el caso. Esa versión contradice la de otros testigos, que han identificado a Llorens como la persona que fijaba las subvenciones para los centros de formación. Llorens lo negó ayer y dijo que existía una orden del departamento y un listado 'histórico' de entidades a las que cada año se les revisaba la subvención -al alza, a la baja o para mantenerla-, pero a las que nunca se les retiraba la ayuda.

En otro momento declaró que la Dirección General de Empleo de la Generalitat gestionaba un presupuesto anual de 20.000 millones de pesetas -unos 120 millones de euros-, por lo que 'no tiene ni idea' de la relación entre el importe de las subvenciones solicitadas y el presupuesto disponible. El abogado defensor de Llorens se negó ayer a realizar valoraciones sobre el caso y se remitió a la declaración.

De testigo a imputada

Llorens ya había declarado como testigo el 2 de abril, pero ha acabado imputada en la causa después de que la militante del sector crítico del partido Emília Català declarase en el juzgado que el empresario andorrano Fidel Pallerols la remitió a ella para conseguir material de oficina e informático para el local del partido del barrio de Sants de Barcelona. Llorens también lo negó ayer y aseguró que 'nunca' colaboró con Pallerols en el amueblamiento de 'diversas sedes de UDC' y que le sorprendió lo que dijo Català en el juzgado porque en el expediente interno que le abrió Unió relató que el material de las sedes lo pagó el partido.

La fiscalía sostiene que el 10% de las subvenciones otorgadas a los centros de formación de Pallerols entre 1995 y 2000 sirvieron para financiar a Unió, actividades de los responsables de este partido o de cargos del Departamento de Trabajo, una cartera que siempre ha esta en manos del partido de Josep Antoni Duran Lleida. El diputado socialista Josep Maria Rañé cuantificó el pasado mes de abril en 839.152 euros (139,6 millones de pesetas) las comisiones presuntamente pagadas por Pallerols a Unió.

A preguntas de la fiscalía, Llorens aseguró: 'Ni he tenido conocimiento ni he intervenido nunca' en el 'desvío' del 10% de esas subvenciones y negó que Pallerols hubiera otorgado nunca alguna gratificación para ella, para algún cargo de Trabajo o de Unió. Es más, negó que se reuniese con él en su despacho como sostienen algunos testigos, así como que usara un teléfono móvil costeado por el empresario.