Un tercio de las piscinas no tiene socorrista o son vigiladas por personal no cualificado

La segunda muerte por ahogamiento en una piscina de un menor en menos de una semana ha puesto en tela de juicio los equipos de salvamento y la medidas de seguridad de las instalaciones acuáticas de la Comunidad. Antonio Solero, presidente de la Federación Valenciana de Salvamento y Socorrismo, asegura que el 30% de las piscinas -2.420 piletas, según el censo de 2001- carece de socorrista o están atendidas por personal no cualificado.

El último accidente mortal se registró el sábado cuando un niño de 2 años se ahogó en una piscina en la urbanización la Llometa de Manolls, en Llíria (El Camp de Túria). El pasado martes, una niña de tres años se ahogó en una piscina del polideportivo municipal de Monòver (Vinalopó Mitjà). A principios de junio, falleció otra niña al caer en un depósito de agua en Bétera.

Solero reclama a la Generalitat la regulación de la figura del socorrista y un control más riguroso de las condiciones higiénicas y de seguridad tanto de las piscinas públicas como de las privadas para prevenir los accidentes. Para el presidente del colectivo, los motivos de la deficiente vigilancia de las piscinas son las precarias condiciones laborales de los socorristas titulados y los casi nulos controles de la Administración.

Las piscinas valencianas , aparte de la precaria situación del personal de salvamento que denuncia la Federación de Socorristas, acumulan otra irregularidad: el 50% de las instalaciones carece de licencia preceptiva para uso público, según datos ofrecidos por la portavoz de la Comisión de la Administración Pública del PSPV, Pepa Andrés. 'El descontrol en este apartado es absoluto', resalta la diputada socialista.

Solero insiste en la necesidad de que el personal de salvamento haya recibido una formación previa: 'Un buen nadador lo máximo que puede hacer es rescatar a la víctima del agua, pero fuera de aquí no sabe aplicar los primeros auxilios', apostilla. Además, su presencia garantiza que las instalaciones estén en condiciones, dado que ésta es también una de sus funciones, prosigue Solero.

Los ínfimos sueldo y las jornadas maratonianas motiva, sin embargo, la fuga de socorristas, que generalmente son jóvenes estudiantes que aprovechan el período estival para asegurarse unos ingresos. 'Muchos trabajan diez horas al día durante 31 jornadas seguidas, a cambio de sólo 540 euros', lamenta.

La diputada socialista resalta que la labor de supervisión de las instalaciones acuáticas por parte de la Administración es 'nula'. El presidente de la Federación subraya que los municipios más proclives a ignorar la norma sobre la obligatoria presencia de socorristas son los del interior. Solero insta a las autoridades a que apliquen la normativa vigente, porque, apunta, 'sí se hiciera muchas piscinas estarían clausuradas'.