Los ayuntamientos nacionalistas proponen un fondo social para que los alcaldes puedan cobrar el paro

La Asociación Catalana de Municipios (ACM), de mayoría convergente, aprobó ayer una ponencia en la que propone crear un fondo local de garantía social, para que los cargos electos puedan cobrar el subsidio de desempleo, y establecer unos criterios homógeneos para fijar las retribuciones de alcaldes y concejales. El fondo, que gestionaría el Gobierno catalán, permitiría a estos cargos 'reciclarse en el mundo laboral como cualquier otro ciudadano', según explicó el presidente de la ACM y alcalde de Amposta, Joan Maria Roig.

El fondo de garantía propuesto por la ACM, que ayer celebró en Bellpuig (Urgell) su consejo nacional, se nutriría de las aportaciones obligatorias de alcaldes y concejales, y se situaría entre el 7% y el 9% del salario bruto. Este fondo permitiría abonar un subsidio a los ediles que hayan abandonado el cargo a razón de un día de prestación por cada ocho de haber permanecido en la Administración local.

La ponencia aprobada establece que el fondo asumiría la asistencia sanitaria de los electos y permitiría asegurar la cotización para la jubilación, e introduce la posibilidad de descansos vacacionales. Asimismo, la ponencia destaca la necesidad de una reforma de la legislación, tanto autonómica como estatal y local, para fijar unas retribuciones para los ediles en función de la población de los municipios. Así, en las poblaciones de entre 30.000 y 75.000 vecinos, los alcaldes tendrían una retribución similar a la de un director general del Gobierno catalán. En los de más de 75.000 y hasta 300.000 habitantes, el alcalde percibiría un salario equivalente al de secretario general, y en los de más de 300.000, al de un consejero. También se fijarían unos baremos para los concejales sin dedicación exclusiva por su asistencia a reuniones inherentes al propio cargo, tal como tiene establecido la Generalitat para los consejos de administración y para las comisiones.

El consejo nacional de la ACM rechazó, por otra parte, cualquier tipo de modificación del sistema de elección de los miembros de los consejos comarcales que, en su opinión, perjudique la representatividad de las poblaciones pequeñas. El pasado mes de junio, el Parlament aprobó, con los únicos votos en contra de Convergència i Unió, cambiar este modelo por otro mucho más paritario. De aplicarse este cambio, CiU, que controla la Asociación Catalana de Municipios, perdería la presidencia de 15 consejos comarcales y se quedaría con unos 80 consejeros menos.