El Supremo revisará la venta de Santa Bárbara a General Dynamics
El Tribunal Supremo revisará la venta de la Empresa Nacional Santa Bárbara (ENSB), fabricante de armamento, a la compañía estadounidense General Dynamics. La demanda, presentada por el sindicato UGT y que ha sido admitida a trámite por el Supremo, considera que la venta fue 'perjudicial para los intereses públicos', pues el coste de la operación para el Estado (156 millones de euros) resultó 30 veces superior al pagado por el comprador (cinco millones de euros).
El compromiso de mantener durante cinco años las ocho factorías y la totalidad de la plantilla se compensaría sobradamente, según UGT, con una cartera de pedidos de más de 1.800 millones de euros.
Las irregularidades del proceso infringen también la normativa de privatizaciones, según el sindicato, al haber suscrito la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) el contrato de compraventa con General Dynamics un año antes de que la operación fuese autorizada por el Consejo de Ministros.
Aunque el abogado Raúl Bocanegra, en representación de UGT, recurrió la privatización hace ya un año, la demanda sólo ha podido formalizarse ahora, después de que sucesivos requerimientos de la Sala Tercera del Supremo hayan obligado al Ministerio de Hacienda a entregar el contrato. El Congreso, que también lo ha solicitado, no lo ha recibido aún. La demanda, de la que se ha dado traslado a General Dynamics para que se persone, reclama la nulidad del acuerdo del Consejo de Ministros de 30 de marzo de 2001 que autorizó la operación.
No al convenio colectivo
Precisamente, el pasado martes los trabajadores de Santa Bárbara rechazaron el convenio colectivo pactado entre la dirección de la empresa y CC OO, sindicato que apoyó la privatización.
El principal punto de discrepancia radicaba en la exigencia de UGT de que se garantizara con una indemnización equivalente a 10 mensualidades que no se producirá ningún despido, al margen de los disciplinarios.
General Dynamics ya se comprometió con la SEPI a mantener los 2.022 puestos de trabajo de Santa Bárbara durante cinco años, pero UGT estima que la penalización prevista en caso de incumplimiento es muy reducida, hasta 10 millones de euros, y que el beneficiario de la misma es la SEPI y no los trabajadores.
El Gobierno reconoció recientemente, en una respuesta parlamentaria, que General Dynamics está cumpliendo 'con cierta ralentización' los compromisos adquiridos tras la compra, que incluían la inversión de 64 millones de euros y contratos por 83 millones.
Por su parte, Antonio Oyarzábal, presidente de Santa Bárbara, asegura que algunos contratos ofrecidos por la multinacional estadounidense no han podido ser asumidos porque las factorías no pueden aún garantizar los niveles de calidad y plazos exigidos por el cliente. Ello se debería, según esta versión, a que la SEPI no ha completado aún la adaptación de las fábricas a la nueva legislación sobre explosivos y medio ambiente, a lo que se comprometió con General Dynamics.
Precisamente el retraso de algunos de los contratos previstos con el Ministerio de Defensa español y de los pedidos en EE UU que prometió General Dynamics estarían en el origen de la actual situación.
