Cerco a los auditores

Los escándalos en cadena de grandes firmas de EE UU se han traducido en una total desconfianza en los auditores. La complicidad de algunos con sus clientes para falsear u ocultar datos ha llevado a las Camáras legislativas a plantear mano dura con una nueva regulación. Pero el organismo supervisor de Wall Street no quiere perder sus poderes y defiende su plan alternativo.

El plan de la SEC gira en torno a la creación de un nuevo consejo de control de las auditoras, que sustituya a la autorregulación anterior

Los procedimientos disciplinarios que defiende Pitt serán públicos y podrán concluir con un amplio abanico de sanciones

Para ofrecer seguridad a los inversores resulta crucial la capacidad de sancionar, que algunos no ven garantizada en el proyecto de la SEC

A los auditores no les gusta el plan de Pitt, pero aún les alarma más el aprobado por la comisión bancaria del Senado, presidida por Sarbanes

Harvey Pitt relevó el pasado mes de agosto a Arthur Levitt en la presidencia de la Comisión del Mercado de Valores (SEC), el organismo que fija y hace cumplir las normas por las que se rigen las compañías que operan en Wall Street . Habían sido rivales en el reciente pasado. Levitt intentó reforzar la protección a los inversores -sobre todo metiendo en cintura a las auditoras, el garante último de las cuentas presentadas por las compañías- y se estrelló en el año 2000 contra los Andersen y compañía, los cinco grandes, cuyos intereses frente a la SEC defendía el superabogado Pitt.

Fue una victoria pírrica para Pitt, quien, desbordado por todos los flancos y con la cabeza oliéndole a pólvora, pide ahora que nadie le responsabilice de lo que se ha encontrado. Levitt mantiene que sólo la legislación puede acabar con los sistemáticos fallos de las auditoras, y el Congreso está en ello. Pitt, desde la SEC y a la desesperada, también ofrece un plan para controlar a los controladores. Para ir ganando tiempo, ha exigido a los responsables de 947 compañías cotizadas que se hagan responsables de la veracidad de sus balances.

La explosión en cadena de escándalos financieros 'no es una aberración', dice Levitt. Según él, lo ocurrido no es el resultado de errores estratégicos, de la aparición de nuevos competidores, de la emergencia de mejores tecnologías rivales, de fallos de gestión... 'Se debe al ocultamiento de irregularidades contables, al hinchamiento de balances y al flagrante engaño perpetrado por los responsables de las empresas', irregularidades que se han producido, en buena parte, 'por el fallo casi absoluto de quienes debían evitarlo', auditores, consejos de administración, abogados y organismos reguladores. 'Todo ha fallado'.

El Congreso se moviliza

Levitt compareció ante el Congreso que analizaba el hundimiento de Enron, y que ahora vuelve sobre el caso WorldCom, para manifestar su opinión de que el coladero en que se han convertido las auditoras sólo puede ser taponado con nuevas leyes, que acaben con la extrema libertad de acción de que hasta ahora venían gozando gracias a un régimen de autorregulación que las ha hecho mutar de defensor de los accionistas en protector de los intereses de los directivos de las compañías auditadas. Y, de paso, en protector de las propias cuentas, con la evolución del grueso del negocio desde la simple auditoría a los más complejos y caros servicios de consultoría.

La crisis movilizó a primeros de año al Congreso, con comités de todo tipo inmersos en una carrera frenética por ofrecer soluciones, carrera que fue perdiendo fuelle conforme pasaba el tiempo y se aplicaban con celo a las tareas de frenado grupos de presión movilizados por las auditoras. Los intentos de reforma languidecían en el Capitolio hasta que sonó el aldabonazo de la sentencia condenatoria contra Andersen, a mediados del mes pasado. El multimillonario fraude contable de la telefónica WorldCom, perpetrado en libros avalados por Andersen, ha dado nuevo vigor a las reformas, que, empujadas por el criticismo del sistema manifestado por el presidente George Bush, acabarán en nueva legislación dentro de unos meses.

Proyectos encontrados

Lo que está por ver es cómo quedarán regulados los auditores. La Cámara de Representantes aprobó en abril un proyecto de ley que fue aplaudido por los afectados, mientras el comité bancario del Senado discutía otro que les aterraba y que se daba por muerto hasta que la condena de Andersen le insufló nueva vida. Este resucitado proyecto va a ser discutido en los días venideros en el plenario del Senado. Entre ambos, ni tan condescendiente como el de la Cámara baja ni tan duro como el que propone el Senado, Pitt ha presentado sus ideas para controlar a sus antiguos clientes.

'La confianza de los inversores está en la base de nuestros mercados', dice Pitt. 'Un control no efectivo de las auditorías de la compañías cotizadas daña esa confianza. Nuestra propuesta ayudará a restaurar la confianza de los inversores y garantiza una regulación fuerte y efectiva de la profesión'.

El plan de la SEC gira en torno a la creación de un nuevo consejo de control de las auditoras que sustituya al Public Oversight Board (POB), por el que se venían autorregulando. Este consejo se autodisolvió en marzo, después de comprobar por enésima vez su presidente, Charles Bowsher, que el POB era un cero a la izquierda. No sólo no le hacían caso las auditoras, sino que el propio Pitt elaboró planes de reforma sin siquiera un mínimo de consulta.

Pitt propone ahora un Public Accountability Board (PAB, Consejo de Responsabilidad Pública) independiente del sector de las auditoras que complemente la misión de control de la SEC sobre las compañías cotizadas velando la competencia profesional y la ética en la actuación de las firmas que, por su función, son garantes últimos de las cuentas que presentan las compañías.

El PAB estará compuesto por nueve miembros, seis de los cuales no pertenecerán a la profesión, incluido el presidente y el vicepresidente, y otros tres procedentes del mundo de las auditorías, cuya principal misión será la de proporcionar conocimientos técnicos a la mayoría, a la que se supone falta de ellos por ser ajena a ese mundo. El consejo tutelará el rigor en la conducta de las auditorías y estará dotado de poder sancionador, aunque los tres integrantes vinculados al sector no tendrán voz ni voto en las discusiones disciplinarias.

Los procedimientos disciplinarios serán públicos y podrán concluir con un amplio abanico de sanciones, que van desde simples multas a la prohibición de auditar compañías cotizadas, pasando por censuras, remoción de clientes y suspensiones temporales o absolutas del derecho a visar a determinados clientes. El PAB podrá también sancionar las actuaciones no éticas o incompetentes de auditores individuales y disciplinar las auditoras que no trabajen con sistemas de control de calidad que garanticen una conducta profesional impecable.

El proyecto de Pitt no tiene decidido si reservar para el PAB o conceder al Instituto Americano de Contables Públicos (AICPA, una organización colegial de la que son miembros 330.000 auditores) la capacidad de fijar los patrones de actuación de las auditoras, aunque el PAB tendrá autoridad para revisar anualmente los procedimiento operativos de las grandes firmas de auditoría (que, según la SEC, auditan alrededor del 80% de las compañías cotizadas), y cada tres años, a las restantes.

Las firmas, los auditores individuales, las compañías cotizadas y sus directivos estarán obligados a cooperar con el PAB en los controles de calidad y en los eventuales procedimientos disciplinarios que pueden derivarse de actuaciones irregulares. La negativa a cumplir con esta obligación de colaborar podría resultar en la suspensión del derecho a realizar auditorías y, como consecuencia, la compañía quedaría fuera de los mercados de capitales.

El plan general de Pitt no entra en detalles y está sometido a dos meses de debate en los que el presidente de la SEC espera recibir ideas para enriquecerlo, pero las críticas le han llegado antes. No queda claro cómo se elegirían los integrantes del PAB, donde, subrayan los recelosos, los conocimientos técnicos de los tres consejeros con experiencia en auditorías podrían ayudarles a imponer a los seis legos criterios favorables al sector.

Sanciones dudosas

Para transmitir seguridad a los inversores resulta crucial la capacidad de sancionar, que algunos observadores no consideran garantizada en el proyecto de la SEC, dado que el PAB no tiene capacidad efectiva de convocar a los afectados o exigir la entrega de documentos. Pitt recurre a la estratagema de obligar a todas las compañías cotizadas, además de las auditoras, a ser miembros adjuntos del PAB y, por lo tanto, 'obligadas a cooperar con cualquier revisión o procedimiento'. En medios jurídicos se hace notar que el proceso sancionador, que puede tener graves consecuencias, elimina garantías legales y crea una indefensión que de modo natural llevará a los perjudicados a buscar el amparo de los tribunales.

El plan de Pitt está supeditado a la primacía de los legisladores, ante los que deberá ceder en caso de acuerdo entre las dos Cámaras, que ahora mantienen posiciones distantes en sus respectivos proyectos para auditar a los auditores, con la Cámara baja menos beligerante y más dispuesta a delegar en la SEC de lo que está el Senado.

La Cámara de Representantes aprobó en abril su proyecto de reforma por 334 votos contra 90, relación que prueba el acuerdo mayoritario en la necesidad de actuar. Los legisladores proponen, como la SEC, la creación de un organismo de control de los auditores compuesto por cinco miembros, con una mayoría independiente de la profesión y que debe responder ante la SEC. El proyecto de la Cámara deja abierta la posibilidad de limitar la capacidad de las auditoras de ofrecer servicios de consultoría a las empresas cuyas cuentas fiscalizan, pero concede la reglamentación detallada a la SEC, donde Pitt todavía no ha decidido sobre cómo erradicar los potenciales conflictos de intereses entre auditores y consultores.

También la SEC deberá definir los poderes sancionadores de ese consejo, según los representantes, pero podrá revocar las sanciones impuestas por un organismo al que no se le concede autoridad para establecer los sistemas de actuación profesional. Para influir sobre este proyecto de ley, las auditoras no ahorraron esfuerzos y quedaron satisfechas con el resultado. El AICPA, celoso defensor de los intereses de las firmas, lo presentó como una legislación 'sin precedentes y rigurosa'.

Además de acomodar a su gusto esta legislación, diversos grupos de presión consiguieron en meses pasados hacer descarrilar en una u otra Cámara proyectos para modificar el tratamiento fiscal de las opciones sobre acciones, controlar las relaciones incestuosas entre analistas y bancos de inversiones, sancionar penalmente a quienes destruyan documentos, proteger a los empleados que denuncian irregularidades... Esos grupos, en particular los allegados a los auditores, ven ahora con inquietud cómo el caso WorldCom ha dado nueva fuerza a los reformadores.

No les gusta el proyecto de Pitt, pero aún les alarma más el plan que ha aprobado la comisión bancaria del Senado, presidida por Paul Sarbanes.

Y temen que, dado el poder de la Cámara alta, acaben por incorporarse al proyecto de ley durante los debates del plenario algunas de las ideas que tanto costó erradicar. La oposición de los republicanos tenía paralizado el proyecto de Sarbanes, hasta que la sentencia sobre Andersen hizo saltar las resistencias. Era políticamente letal negar la necesidad del cambio.

Como en la otra Cámara, el texto describe un organismo de control de los auditores de cinco miembros, con mayoría de independientes y los dos restantes proporcionados por la profesión. Pero ahí se acaban las similitudes. El consejo podrá imponer multas y sanciones y estará facultado para establecer los estándares de actuación de los auditores.

Quedan prohibidas muchas formas de consultoría que ahora realizan las auditoras -aunque conservarán la de asesoría fiscal, necesaria por su propia esencia para realizar una auditoria efectiva- y obliga cada cinco años a la rotación de los auditores jefes de una firma en una compañía cotizada. El texto reclama un estudio razonado sobre la pertinencia de extender esa rotación al conjunto de la firma, es decir, al cambio de compañía auditora. Los hipotéticos procedimientos disciplinarios o sancionadores emprendidos por el consejo serán confidenciales.

Temor de los auditores

En una de las extralimitaciones que temen los auditores, el proyecto de la comisión bancaria del Senado prohíbe taxativamente la adopción de represalias contra los analistas que emitan informes negativos sobre los clientes de la firma, informes que no serán visados previamente por los bancarios.

El Business Rountable, un organismo que representa a buena parte de las grandes corporaciones que cotizan en Wall Street, considera que este proyecto de ley 'es una contribución positiva hacia la necesaria reforma', pero el AICPA ha hecho un paquete con las propuesta de Sarbanes y Pitt para decir que 'suscitan incertidumbres sobre si los profesionales de la auditoría van a seguir participando en la elaboración de los estándares de auditoría y si los auditores van a tener capacidad de responder a las necesidades de los inversores y de las compañías cotizadas'. Unas dudas que no serán compartidas por los inversores, furiosos a consecuencia de la retahíla de escándalos financieros.