Los ex presidentes podrán cobrar un sueldo durante un máximo de 15 años

Populares y socialistas anunciaron ayer en las Cortes, justo antes de aprobarse la ley que regula la figura de los expresidentes de la Generalitat, que suprimirán el carácter vitalicio de las prerrogativas concedidas a quienes han estado al frente del Gobierno valenciano. El portavoz parlamentario del PP, Alejandro Font de Mora, y el del PSPV, Joaquim Puig, reconocieron que la modificación planteada, que limitará el cargo y los sueldos a un máximo de 15 años, responde al aluvión de críticas recibidas. Zaplana ya ha anunciado que renunciará a ese salario. Lerma guardó silencio.

El portavoz parlamentario socialista, Joaquim Puig, fue el primero en dar la cara. 'Los grupos firmantes nos manifestamos sensibles a las opiniones críticas. Queremos un reconocimiento de los ex presidentes, no privilegios' dijo Puig, que anunció la voluntad de los grupos mayoritarios de 'limitar la presencia de los ex presidentes y que sea igual que la del resto de los consejeros del Consejo Jurídico Consultivo (CJC) y que sólo sea posible para los [presidentes] que han estado una legislatura completa'. El portavoz socialista se quejó de que 'la cultura del apoliticismo descarga en los políticos todas las enfermedades sociales y advirtió que el descrédito de la política es el problema, no la solución'. 'La propuesta no está concebida para arreglarle la vida a nadie. [La regulación de la figura de los ex presidentes] No está en la agenda política de los valencianos, pero hay que cerrar los temas cuando es posible', agregó.

El popular Alejandro Font de Mora lidió en el mismo sentido que Puig. 'Nos proponemos modificar los plazos temporales [de ley que regula las prerrogativas de los ex presidentes] en el próximo periodo de sesiones a partir de septiembre'. La razón del compromiso la dejó clara Font de Mora: 'A la vista del ambiente que se ha suscitado entre la gente. Tememos que puede haberse acuñado el erróneo término de sueldo vitalicio. Una vez producida la confusión entre la gente del pueblo hay que atajarla'.

El portavoz adjunto de Esquerra Unida, Joan Antoni Oltra, fue menos exquisito en el lenguaje y justificó su negativa a la proposición de ley porque el debate 'trata del parné, del maldito parné y de sus complementos'. Oltra consideró insuficiente el compromiso de enmendar la ley: 'Hemos asistido a una rectificación parcial con gran disgusto de los proponentes. Es una demostración del trapicheo'. El portavoz de Esquerra Unida criticó que se legisle sobre una cuestión que 'afecta a Lerma, que tiene una opinión inexistente, y a Zaplana, que no sabe lo que va a hacer pero que quiere tener las espaldas cubiertas'. Oltra recriminó agriamente al PSPV que hubiese aceptado negociar y aprobar una ley que 'complica la vida al partido socialista y que afecta a toda la izquierda'.

Las críticas de Esquerra Unida al comportamiento del PSPV en esta cuestión fueron replicadas por Puig, visiblemente molesto, que acusó a Oltra de 'hacer demagogia' y limitar el debate 'a la cuestión de la pela' y ser 'tremendamente injusto' con la posición socialista.

Tras aprobarse la ley -por 72 votos a favor, cinco en contra y una abstención de la diputada María José Mendoza-, la consejera portavoz Alicia de Miguel anunció que el presidente de la Generalitat, Eduardo Zaplana, ya comunicó hace dos meses al secretario general del PSPV, Joan Ignasi Pla, que rechazaría la posibilidad de cobrar sueldo del Consejo Jurídico Consultivo una vez abandone el cargo. 'El presidente no adopta esta postura porque le parezca mal lo acordado, sino para que nadie piense que en esta negociación alguien ha buscado beneficio económico alguno', dijo De Miguel.

Unas horas más tarde, el presidente de la Generalitat, desde Bruselas, ratificaba lo anunciado por su consejera. Zaplana tachó la ley de 'sensata' y destacó que se había 'pulido' en algunos matices. El jefe del Consell dijo que 'sería un error' que cundiera su ejemplo de renunciar a posibles remuneraciones económicas como ex presidente de la Generalitat y que otros que no han tenido que ver con la negociación siguieran su ejemplo.

El ex presidente socialista de la Generalitat, Joan Lerma -el único que puede acogerse en la actualidad a los beneficios de la ley, una vez entre en vigor con su publicación en el DOGV- se negó ayer a opinar sobre la cuestión y optó por guardar silencio. Lerma sólo afirmó que se pronunciará cuando sea nombrado miembro del Consejo Jurídico Consultivo. Fuentes de su entorno, indicaron que Lerma, que actualmente es senador, renunciará a cobrar del CJC.

Por su parte, Joan Ignasi Pla, defendió la postura adoptada en la negociación de la ley que regula la figura de los ex presidentes de la Generalitat. Pla argumentó que es 'más justo que a un ex-presidente de la Generalitat se le conceda un espacio institucional y, por tanto, que si trabaja y hace algo por la sociedad se le pague, que el dispendio y el despilfarro que el Gobierno Zaplana tiene en otros temas como en contrataciones de personas a dedo'.

El compromiso con el PP para rectificar la ley aprobada ayer no sirvió para acallar las críticas en el seno del partido socialista.