Olvidados

Aquí los debates son cataratas de ocurrencias obvias arrojadas con prisas sobre temas que pasan a toda velocidad. Ahora ha ocurrido con la propuesta pactada por PP y PSPV para dotar de un estatuto especial a los ex presidentes de la Comunidad. Buena parte de las plumas justicieras del país se han lanzado en tromba contra la propuesta (que está previsto se apruebe mañana en las Cortes Valencianas), e incluso algunas formaciones políticas minoritarias han descalificado el asunto de manera muy contundente. Después, pasará el agobio, y así hasta que venga otro sobresalto. Pero debate no habrá porque ya es costumbre ir a salto de mata, sin ceñir las opiniones a proyectos meditados, a razonamientos lógicos en cualquier democracia moderna y competitiva como la nuestra. Hago mías, pues, y de entrada todas y cada una de las ideas que ofrecían Martínez Sospedra y Josep Torrent en estos días -por ser ejemplo coherente de un sólido argumentario sobre el que fijar posiciones para decir cosas sensatas ante la proposición de ley que nos ocupa- y quiero añadir, por una parte, una (modesta) idea más y, por otra, un recordatorio que vale la pena esgrimir ahora que la dignificación de los ex presidentes anima a tomarse en serio un asunto que afecta a políticos en activo. Según el contenido de la ley sólo en el caso de no ostentar otro cargo público los ex presidentes dispondrán de la opción de convertirse en miembros con voz pero sin voto del Consell Jurídic Consultiu (CJC), con derecho a sueldo, oficina con personal a su servicio y el pertinente rango protocolario. Si, por ejemplo, el actual presidente repitiera en el cargo, o el anterior continuara en el parlamento, las previsiones de la propuesta se cumplirían más adelante. En realidad el puesto en el CJC constituye una garantía de estatus para quienes han sido presidentes de nuestra comunidad autónoma, una reserva que, sin duda, dignifica y reconoce el servicio prestado y -éste es el argumento que añado-, traslada la decisión sobre el destino futuro de los presidentes a una norma que evita a las organizaciones partidarias tener que acomodarlos en lugares de reconocimiento dependientes del apoyo electoral o de la designación directa. Una indagación sobre la situación actual de todos y cada uno de los ex presidentes de comunidades autónomas, o de diputaciones, ex alcaldes de grandes ciudades, ex ministros, ex consejeros de Gobiernos autonómicos, ex diputados autonómicos, ex diputados y ex senadores, etc., etc., daría la pauta de la necesidad de adoptar medidas generosas -o reforzar las existentes-, dirigidas a hacer factible, por una parte, la reinserción profesional, y por otra, el respeto que la sociedad les debe y la certeza de que ésta reconoce y cuida de sus servidores públicos cuando ya no lo son. Pero tan acuciante es que esas situaciones se resuelvan como que se tome en consideración de manera definitiva -y ésta es mi propuesta constructiva para la ocasión-, que hay centenares de modestos concejales y alcaldes valencianos que ni siquiera tienen asignadas percepciones mínimas para el desempeño de su función, trabajan gratis por sus pueblos y esperan desde los primeros balbuceos del Pacto Local ese canon de compensación económica por la dedicación parcial pero permanente a sus tareas en municipios que no pueden sostener esa carga, a pesar de imponerles un trabajo arduo. Sería de justicia tomarlo también en consideración.

Vicent.franch@eresmas.net