El fiscal afirma que los directivos del Banco Santander no cometieron delito alguno

El fiscal jefe de la Audiencia Nacional, Eduardo Fungairiño, presentó ayer un recurso contra el auto de Teresa Palacios por el que se imputa a Emilio Botín y a otros cuatro ex directivos del Banco Santander 138 delitos fiscales y falsedad continuada. Fungairiño, en su escrito, detalla cinco motivos para impugnar la resolución de la magistrada, entre ellos el que los directivos de la entidad no han cometido delito alguno. Han podido proporcionar datos falsos a Hacienda en una actitud obstruccionista y falsaria, pero eso se corresponde con una infracción administrativa, no con un delito, sostiene.

La juez Teresa Palacios será quien resuelva el recurso pero, tras la previsible denegación, la Fiscalía presentará recurso de queja ante la Sección Segunda de la Audiencia. Ése será el momento decisivo en el que se dilucidará el futuro del caso.

El fiscal, que ha pedido de nuevo el sobreseimiento de las actuaciones, ha argumentado que la causa, en la que la juez ha inculpado a 149 personas (138 clientes del Santander, 5 directivos de la entidad y 6 testaferros), es inviable desde el punto de vista procesal, por la imposibilidad de sentar a 149 personas en el banquillo.

El fiscal aboga por la fragmentación de la causa y su enjuiciamiento como delitos separados, ya que los clientes cometieron presuntamente los delitos fiscales de forma individual, sin conexión con los directivos del banco, sin relación con otros clientes y sin acuerdo previo entre ellos, por lo que no existe conexidad para que se juzgue la causa en conjunto. Entiende el fiscal que el caso no debe seguir en la Audiencia Nacional, sino que las piezas de los clientes deben remitirse a los juzgados de instrucción que correspondan.

Fungairiño sostiene que existen 'serias dudas sobre la solidez del fundamento de la inculpación', pues la juez no explica en el auto en qué momento y en qué forma los directivos de las sucursales del Santander contactaron con los clientes, ni se menciona su identidad, ni se valora de qué manera pudieron haber contribuido a la defraudación tributaria. Y agrega el fiscal que la juez 'confunde las meras sospechas con los indicios'.

El fiscal señala que Emilio Botín y los otros cuatro directivos del Banco Santander (Rodrigo Echenique; José Ignacio Uclés; Ricardo Alonso y Lorenzo Solana, ya fallecido) no cometieron delito, pues las cesiones de crédito eran un instrumento destinado a la opacidad fiscal, pero 'los incrementos de patrimonio no declarados por los depositantes -que era lo que perseguía Hacienda- ya habían sido ocultados, en su caso, por los clientes antes de ser depositados en el banco'.

Por ello, el fiscal entiende que 'la actuación del Santander (los directivos, hayan sido o no inculpados, empleados de los servicios centrales y muy probablemente los directores y empleados de las sucursales) fue siempre posterior a la actividad de ocultación de los incrementos de patrimonio en que consiste el delito de fraude tributario que pudiera atribuirse a los clientes depositantes'.

Proporcionar datos falsos

Sostiene el fiscal que 'lo que indiciariamente puede atribuirse a los directivos del Banco Santander no es haber defraudado a Hacienda, sino haber dado datos falsos a la Hacienda después del fraude'. Tras recordar que las falsedades presuntamente cometidas por el banco son instrumentales del delito fiscal y que no tienen trascendencia penal, el fiscal señala: 'De confirmarse los indicios apuntados, no quedaría bien parado el Banco Santander con su actitud obstruccionista y aun falsaria. Pero ello no tiene por qué alcanzar trascendencia penal. Para algo está la Ley General Tributaria y su catálogo de infracciones y sanciones en el ámbito administrativo, no penal'.