¿Calidad o segregación?

No podemos negar que es un bonito nombre para una ley, cualquiera que ella sea. Por ejemplo, Ley de la Calidad de la Sanidad, Ley de la Calidad Parlamentaria... Y es que la palabra calidad es contundente y da para mucho. Es más, cualquiera que disienta en parte o en su totalidad de los presupuestos de esta ley, por definición, estará en contra de la calidad educativa.

Bonito nombre, aunque lapidario y segregador cuando se utiliza como baluarte el documento de bases de esta ley que ha hecho público la ministra de Educación. Una vez más, y ya en el siglo XXI, los herederos de 'los de antes' diseñan su política de las dos Españas, no dando opción a la participación, al debate y al consenso de toda la ciudadanía en un tema tan capital como la educación pública de un país, en cuya base se cimenta una verdadera democracia: desde la igualdad de oportunidades y la formación de ciudadanos libres. No nos dan opción: O estás a favor de la calidad (su calidad) o en contra. Con este axioma, cualquier alternativa a su ley irá en contra de un sistema público de calidad en la enseñanza.

El discurso perverso del proyecto de ley de la calidad educativa se desgrana párrafo a párrafo malversando la utilización de la lengua española y vaciando de contenido los términos que los defensores de una escuela pública de calidad hemos estado reivindicando durante años.

Aluden, en justificación de su contrarreforma, al 'fracaso escolar' que ha causado la LOGSE (ley que, por otro lado, nunca se ha llevado a la práctica, digan lo que digan sus detractores). Precisamente, los informes de la OCDE contradicen al Gobierno español en cuanto a la preparación de nuestros estudiantes, pero la ministra, Pilar del Castillo, sí que se ha atrevido a decir sin eufemismos que 'la LOGSE era una ley complicada y muy cara'.

Ésta es la auténtica razón que les ha llevado a proyectar dicha contrarreforma: no son partidarios de invertir el dinero público en bienes públicos. No nos extraña nada la política privatizadora y desmanteladora de la escuela pública por parte del Partido Popular que siempre se manifestó contrario a la LOGSE (ley integradora y democrática como hasta ahora no habíamos tenido en España), cosa que le ha sido muy fácil, ya que nunca dispusimos de una dotación presupuestaria extraordinaria que la respaldara e hiciera posible, ni con el anterior gobierno, ni en todos estos años de Gobierno popular.

Sin embargo, los ciudadanos y ciudadanas que por principios y por sensibilidad social no vemos con buenos ojos que el dinero público mantenga y fomente la educación de nuestro país como un mero negocio, concertando y subvencionando a colegios tan sectarios como son los del Opus Dei, tenemos que manifestar nuestra enérgica protesta ante tanta tropelía.

El preámbulo-alegato justificativo de esta contrarreforma- está plagado de paradojas y contradicciones intrínsecas, bajo las cuales esconden su negativa a la atención a la diversidad, su oposición a la igualdad de oportunidades, su concepción del ciudadano como vasallo, su racismo y quizás también su incompetencia para gestionar una escuela pública de calidad para todas y todos.

Argumentan, sin ningún tipo de vergüenza que 'vivimos en la sociedad del conocimiento' y que éste llega a todos...!? Equiparan calidad a esfuerzo del alumnado, al que no sólo exigen que supere una verdadera carrera de obstáculos para obtener el título de graduado en Educación Secundaria Obligatoria y poder estudiar bachillerato, sino también reinventan la reválida, a la que llaman Prueba General de Bachillerato, la cual será homologada para todo el Estado español. No entienden, sin embargo, el binomio calidad = equidad.

Naturalmente, aluden sus razones, entre las que figuran 'el deterioro del clima de convivencia y esfuerzo en los centros y en las aulas...'. Parece ser que fuera de las escuelas e institutos el clima de convivencia y esfuerzo son ejemplares.

Y van más allá en el juego de las paradojas creando la imposible expresión de 'rígida hetereogeneidad uniformada' para introducir como solución el establecimiento de los itinerarios, imposibilitando de esta forma la atención a la diversidad, la cual nos permitiría limar diferencias de partida entre los chavales y proyectar una sociedad más justa, formando ciudadanos libres, responsables, críticos y democráticos.

Sin entrar en detalles de modificación de temarios, quien a estas horas haya echado un vistazo al documento de bases, se habrá dado cuenta de que nos retrotraemos 40 años y de que convierte a la escuela pública (¿alguna vez lo ha sido?) en una escuela estatal de estructura dirigista, vertical y antidemocrática sin aspiraciones de progreso para nuestros jóvenes; una ley en la que la figura del superinspector y el superdirector con el adecuado control estatal, mantendrán a raya a la población escolar, a sus padres y al profesorado. Prueba de ello, es que los consejos escolares de centro pasan de ser un órgano de gobierno a un órgano con atribuciones meramente consultivas.

Amparándose en la florida expresión 'búsqueda de la excelencia de la educación', podrán apartar desde los 12 años a aquellos alumnos que resulten molestos dentro de las aulas de la ESO, y a toda la población inmigrante pobre desde el momento de su ingreso en el sistema educativo. A los 14 años, la segregación se impondrá para todos los alumnos y alumnas, que tendrán que optar (bajo la oportuna orientación a las familias) por los diferentes itinerarios, la mayoría de los cuales implican en el fondo la renuncia a realizar estudios universitarios. (¿Sería oportuno recordar ahora el anuncio televisivo en que la profesora de una guardería separa a los pequeños en 'cocainómanos', 'heroinómanos' y 'pastilleros'?).

La excelencia de la educación podría consistir, quizás, en lograr que cada alumno consiga desarrollar el máximo de sus posibilidades. Por lo tanto, no puede buscarse ni encontrarse en la segregación de los niños a los 12 años (¿cuántos genios de nuestra historia fueron expulsados de los colegios, por resultar incómodos al sistema?). Si creyesen en la excelencia de la educación, dotarían del presupuesto necesario al sistema público español para educar con los recursos humanos necesarios y las infraestructuras, materiales y espacios precisos a todos y cada uno de los ciudadanos que vivan en España, sea cual sea su origen, raza, sexo o condición social. La Unesco recomienda asignar al menos el 6% del PIB a esta partida presupuestaria. En España se está asignando actualmente el 4,5% del PIB. En 1993 se dotaba el 4,9%.

Y, para colmo del cinismo, se atreven a aseverar en el documento presentado por la ministra que 'los itinerarios son un modo de conseguir un sistema educativo más inclusivo...'. ¿Pero qué concepto tienen de todos nosotros, en particular de la comunidad educativa, para pretender que comulguemos con ruedas de molino?

Apenas recoge este artículo unas pinceladas de lo que conlleva la contrarreforma. Esperemos que ahora se abra el debate y podamos expresarnos todos con alguna garantía democrática. Lo que gran parte de la sociedad está percibiendo es que asistimos a la total pérdida de los valores democráticos, a la compra de medios y voluntades, al diseño de una España-Disney: un Estado sin expectativas de desarrollo, cuyo único proyecto se ve reducido a ser un país de servicios para el resto del mundo occidental. Mal podremos así incentivar en el esfuerzo a nuestras hijas e hijos.

Paqui Pallás es secretaria general de FAPA Valencia.