Un mar a salvo
Siete enclaves mediterráneos disfrutan de una nueva figura internacional de protección
Desde hace varios años la Unión Europea trabaja en la creación de la denominada Red Natura 2000, un catálogo en el que se reúnen, a propuesta de los diferentes países, todas aquellas zonas que merecen ser protegidas por sus excepcionales valores ecológicos. La Consejería de Medio Ambiente ha propuesto 193 enclaves representativos de los diferentes ecosistemas que pueden encontrarse en Andalucía.
En total suman cerca de 2.600.000 hectáreas, lo que supone más del 28 % de la superficie regional, porcentaje que contrasta con la media comunitaria que apenas rebasa el 10 %. Sin embargo, en el cómputo andaluz, y a pesar de la extensa franja litoral, los espacios marinos tienen un peso casi anecdótico en comparación con los terrestres: 84.000 hectáreas frente a 2.500.000.
Las diferentes estrategias para otorgar protección a los recursos marinos se han visto ahora reforzadas con la creación de una nueva figura, amparada, a escala internacional, por el Convenio de Barcelona. Este fue un acuerdo suscrito, hace ya 26 años, por quince países ribereños del Mediterráneo y por la propia Unión Europea, que en sus orígenes estaba orientado, en exclusiva, a frenar la contaminación de las aguas exteriores. Con el paso del tiempo, el convenio ha ido incorporando nuevos instrumentos destinados a conservar la biodiversidad de este mar. Así nacieron las Zonas Especialmente Protegidas de Importancia para el Mediterráneo (ZEPIM), amparadas por un protocolo que España suscribió en 1998 y que entró en vigor un año después.
De acuerdo a este protocolo internacional el gobierno de la nación propuso siete zonas que, en su totalidad, fueron aprobadas a finales de 2001. De esta manera, España se ha convertido en el país que más territorios marinos aporta a este catálogo de espacios sobresalientes en el ámbito mediterráneo, y Andalucía es la región en la que se localizan la mayoría de estas nuevas ZEPIM. Los siete enclaves españoles son las islas Medas (Girona), las islas Columbretes (Castellón), Cabo de Creus (Girona), Mar Menor y costa oriental de Murcia, Cabo de Gata-Níjar (Almería), fondos marinos del Levante de Almería e isla de Alborán.
Regulación previa
En todos los casos, el protocolo incluido en el Convenio de Barcelona obliga a que estos espacios cuenten con algún tipo de protección o regulación previa, requisito que se cumple de manera desigual. El Cabo de Gata-Níjar es, con diferencia, el que mejor se ajusta a los requerimientos de este acuerdo, ya que desde 1987 disfruta de la consideración de Parque Natural y, asimismo, dispone, desde 1994, del correspondiente Plan Rector de Uso y Gestión, mediante el que se regulan todas las actividades que se llevan a cabo en el interior del parque, incluidas unas 12.000 hectáreas de superficie marina.
Si la isla de Alborán ha disfrutado de una cierta protección no ha sido gracias a su declaración como Reserva Marina y de Pesca, distinción que obtuvo en 1997 y que apenas se ha traducido en acciones concretas encaminadas a conservar la rica biodiversidad de su entorno submarino. Mucho más efectiva ha sido, en este sentido, la presencia permanente de una destacamento de la Armada en este afloramiento volcánico.
Aunque en esta isla se solapan las competencias de la administración central y la autonómica, el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía inició, el pasado mes de noviembre, los trámites parlamentarios oportunos para declararla paraje natural, con una superficie total de 264 kilómetros cuadrados, ya que se incluye tanto la zona emergida (apenas 71.000 metros cuadrados) como el área que la circunda hasta un radio máximo de 12 millas marinas. Mientras se resuelve este procedimiento, Medio Ambiente cuenta ya con un Plan de Ordenación de los Recursos Naturales, en el que se presta especial atención a los aprovechamientos pesqueros que, en el futuro, deberán someterse a una serie de cautelas ambientales.
En lo que se refiere a los fondos marinos del levante almeriense, la tercera ZEPIM andaluza, no existe en la actualidad ningún instrumento que garantice su conservación, ni se han puesto en marcha procedimientos para ordenar el manejo de sus recursos naturales, si bien esta franja litoral está incluida en la lista de Lugares de Interés Comunitario propuestos por Andalucía. En este caso, el propio Convenio de Barcelona exige que, en el plazo máximo de tres años, se redacte un plan de uso y gestión que evite el deterioro de la correspondiente zona protegida.
En el desarrollo de estas nuevas figuras jugará un papel decisivo el Centro de Cooperación del Mediterráneo, oficina regional de la Unión Mundial para la Naturaleza que, desde finales de 2000, tiene su sede en el Parque Tecnológico de Andalucía (Málaga).
Comentarios y sugerencias a propósito de Crónica en verde pueden remitirse al e-mail: sandoval@arrakis.es
Las dos orillas
El Convenio de Barcelona prima, en su estrategia de protección de aquellas zonas singulares del Mediterráneo, la cooperación ambiental entre los diferentes países ribereños. Por este motivo, ha recibido atención prioritaria la ZEPIM del Mar de Liguria, un santuario de mamíferos marinos que gestionan, de forma conjunta, Italia, Francia y Mónaco.
Este un modelo que también Andalucía trata de impulsar con sus vecinos del norte de África, trazando redes de cooperación que unan las dos orillas. La oficina regional del Mediterráneo de la UICN trabaja ya en el proyecto de un santuario marino en el Mar de Alborán, destinado a la protección de cetáceos y tortugas, en el que participarían instituciones españolas, marroquíes y argelinas.
Este mismo verano comienza en esta zona el desarrollo de un proyecto Life con el que la Sociedad Española de Cetáceos trata de precisar los valores de este enclave. Asimismo, se han implicado ya en este proyecto la Junta de Andalucía, el Ministerio de Agricultura y Pesca y el Seprona de la Guardia Civil.
Todas estas acciones apenas ocupan una parte minúscula del litoral mediterráneo que, en total, se extiende a lo largo de 46.000 kilómetros, aunque constituyen la última oportunidad para preservar zonas valiosas que han conseguido sobrevivir a las múltiples amenazas que afectan a este mar.
Según datos de la propia UICN y del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, la población costera rebasa los 150 millones de personas, los establecimientos turísticos han colonizado ya alrededor de 4.000 kilómetros de litoral, el tráfico marítimo suma unas 200.000 travesías al año, las refinerías de petróleo vierten 20.000 toneladas de crudo en el mismo periodo de tiempo, más del 70 % de las aguas residuales urbanas se arrojan a este mar sin depurar y el consumo energético de esta vasta región ronda los 1.000 millones de tep/año (toneladas equivalentes de petróleo).
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