Puntualización

De nuevo nos dirigimos a usted para hacer una puntualización respecto al artículo titulado 'Cómo medir a un discapacitado', publicado el sábado 22 de junio en la página 9 de Internacional.

En la entradilla denominan a las personas con discapacidad intelectual como retrasados y desearíamos que no se utilizara tal término, ya que el retraso mental no afecta a la totalidad de la persona, sino a una de sus capacidades. Lo correcto sería referirse a ellas como personas con discapacidad intelectual.

Nos sorprende que, una vez más, no se tenga en cuenta los criterios de nuestra organización, representativa en España de la discapacidad intelectual, como ya ocurrió en alguna otra ocasión en su periódico, como ya describimos más adelante.

Desde nuestro movimiento asociativo, tenemos la obligación de transmitir constantemente a la población que del valor que demos a estas personas dependerá su integración. Por tanto, también tenemos la obligación de dirigirnos a los medios de comunicación para que se hagan eco de esta necesidad, y en particular le rogamos que haga esta puntualización a los profesionales de su periódico, para que tengan cuidado a la hora de referirse a estas personas.

De la misma forma, hace unas semanas contactamos con usted para contrarrestar las teorías del filósofo Peter Singer, que en un artículo de Babelia comparaba a las personas con discapacidad intelectual con diversos animales. Tememos que la tendencia de algunas personas con posibilidad de acceder a los medios vayan minando la labor desarrollada por nuestras organizaciones, que durante 40 años han intentado cambiar la mentalización social y para lograr que estas personas no vivieran marginadas.

En cuanto al artículo objeto de esta carta 'Cómo medir a un discapacitado', nuestras organizaciones y los expertos en psiquiatría, psicología, etcétera, que en ellas trabajan tienen mucho que decir, sólo necesitan un espacio. Pero creemos que FEAPS, como confederación que representa al movimiento asociativo en favor de las personas con discapacidad intelectual, con más de 230.000 asociados, 75.000 atendidos y más de 15.000 profesionales, debe ser la que exponga los criterios que orienten a la opinión pública.