El Gobierno central decidirá las diferencias entre administraciones en obras públicas
Las decisiones estatales prevalecerán sobre los planes urbanísticos
El Gobierno central se reserva la capacidad de decisión para cualquier obra pública en la que se manifieste una discrepancia entre su planeamiento y el de otra administración, sea local o autonómica. Así lo establecen diversas disposiciones del proyecto de Ley Reguladora del contrato de concesión de obras públicas, publicado en el boletín del Congreso el pasado 21 de junio. El texto incluye también modificaciones de la ley de autopistas.
La nueva ley regula las concesiones de obras públicas y establece la necesidad de que las diversas administraciones cooperen y colaboren en la planificación y construcción de obras públicas. No obstante, prevé la ley, puede ocurrir que 'los procedimientos de colaboración resultaren ineficaces'. En este caso será el Gobierno central el que asuma la coordinación de los planes de obras públicas 'competencia de las comunidades autónomas con los planes de obras públicas de interés general'.
Este criterio, que reserva la capacidad de decisión última al Gobierno central, se reproduce en otros artículos relativos a la planificación urbanística, la ordenación territorial y la calificación de espacios. Asimismo, las 'obras públicas de interés general no estarán sometidas a licencia o a cualquier otro acto de control preventivo municipal'.
La ley establece también que los municipios no podrán suspender la ejecución de las obras públicas de interés general ni las de emergencia.
La ley busca establecer un nuevo marco para el conjunto de las obras objeto de concesión, insistiendo en el papel esencial que se reconoce a la iniciativa privada.
'El protagonismo de las distintas administraciones públicas', afirma, no debe ni puede excluir el papel relevante que corresponde a la propia sociedad civil en general y, en el plano económico, al empresario privado'.
La nueva ley busca redefinir la figura de la concesión atendiendo a cuatro factores: su relación con una obra pública, el riesgo del concesionario, el equilibrio económico y financiero de la concesión y la diversificación.
En lo referente al equilibrio, razona que, hasta ahora, la doctrina oficial ha tendido a favorecer al concesionario, y se ha llegado a establecer casi el riesgo de que 'desapareciera en ocasiones'. El proyecto de ley afirma la necesidad de revisar los términos del contrato concesional cuando, por ejemplo, 'un incremento de la demanda de la utilización de la obra de carácter extraordinario, que fuera más allá de las previsiones del plan económico-financiero'. Esta revisión debería 'evitar al usuario' que soportara 'un peaje o un canon desproporcionados, con quebranto manifiesto de la equidad'.
Este supuesto es el que ha servido de base a los movimientos contrarios a los peajes para reclamar la revisión de las concesiones de las autopistas. El proyecto de ley recoge una modificación de la ley de autopistas vigente, aunque no en este sentido, sino de cara a establecer penalizaciones cuando proceda.
Los socialistas anunciaron ayer su oposición a esta ley que, afirmó Manel Nadal, recorta notablemente las capacidades de otras administraciones. En cambio, el Gobierno catalán no ha tomado aún decisión al respecto.
