El Gobierno obtendrá 210 millones por la venta de 15 sedes judiciales

El Gobierno regional espera obtener unos 210 millones de euros por la venta de 15 de las 42 sedes judiciales que va a recibir dentro de las transferencias firmadas con el Ejecutivo central. Esas 15 sedes, que son las que están en Madrid capital, quedarán vacías cuando todas las instalaciones judiciales se trasladen al futuro Campus de la Justicia, al norte del paseo de la Castellana. 'Calculamos que, según el actual precio de mercado, con la venta de esas 15 sedes se obtendrán 210 millones, más o menos lo que va a costar levantar el campus', explicó ayer un portavoz de la Comunidad. El edificio que más ingresos reportará será el que alberga los juzgados de la plaza de Castilla. En la Castellana, el precio del metro cuadrado para oficinas cuesta unos 6.000 euros.

El Ejecutivo ha realizado un estudio sobre el estado de esas sedes. El Tribunal Superior, la Audiencia Provincial, los juzgados de instrucción, la fiscalía y el resto de órganos judiciales de la capital se distribuyen ahora en 15 inmuebles (en las calles del General Castaños, General Martínez Campos, Ferraz, Santiago de Compostela, plaza de Castilla, Capitán Haya, María de Molina, Orense, Hernani, Pradillo, Gran Vía, Fernández de la Hoz, Bambú y Ciudad Universitaria). Todos saldrán a la venta.

Con esos 210 millones de euros (35.000 millones de pesetas), el Gobierno regional pretende construir al final del paseo de la Castellana, junto a la estación de Chamartín, el Campus de la Justicia, que se levantará sobre una parcela de 26 hectáreas. Esas 15 sedes judiciales abandonarán, cuando esté listo el campus, su actual ubicación. Está previsto que las obras comiencen este año. El nuevo complejo se situará dentro de la llamada Operación Chamartín, que incluye la recalificación de 3,2 millones de metros cuadrados de suelo propiedad de Renfe, la Comunidad, el Ayuntamiento y privados.

Los terrenos de las antiguas cocheras de autobuses de la plaza de Castilla, que también se habían barajado como una de las posibles ubicaciones del campus, se destinarán a la construcción de un gran centro cultural. 'Aún no está listo el proyecto, pero la idea es hacer allí una instalación complementaria del proyecto diseñado por el Ayuntamiento para el antiguo matadero en Legazpi', precisa un portavoz del Gobierno regional. Ese centro cultural es uno de los grandes proyectos que el presidente de la Comunidad, Alberto Ruiz-Gallardón, presentará como uno de los retos de su campaña electoral para las elecciones de 2003.

En la región, además de las 15 sedes de la capital, hay otros 25 edificios judiciales, repartidos en municipios como Alcalá, Alcobendas, Alcorcón, Aranjuez, Arganda, Colmenar Viejo, Collado Villalba, Coslada, Fuenlabrada, Getafe, Leganés, Majadahonda, Móstoles, Navalcarnero, Parla o San Lorenzo de El Escorial.

El Campus de la Justicia albergará, según Ruiz-Gallardón, el Tribunal Superior de Justicia, la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, la Audiencia Provincial, juzgados de primera instancia, de instrucción, los nuevos juzgados de lo penal, de vigilancia penitenciaria, de menores, de lo contencioso-administrativo, de lo social, el Instituto Anatómico Forense, la clínica médico-forense y la Audiencia Nacional. El traslado de la Audiencia Nacional a Chamartín permitirá utilizar su actual edificio, en la calle de García Gutiérrez (Centro), como ampliación del Tribunal Supremo, sito en la cercana plaza de la Villa de París.

Mayor agilidad

Ruiz-Gallardón se comprometió ayer a hacer de la justicia en la región un servicio 'más ágil y eficaz para el ciudadano' a partir del próximo 1 de julio, fecha en la que se hará efectivo el traspaso de competencias. El presidente regional firmó con los ministros de Justicia -Ángel Acebes- y Administraciones Públicas -Jesús Posada- el acuerdo por el que queda aprobado el traspaso de funciones y servicios de la Administración de justicia. La Comunidad de Madrid recibirá estas competencias en dos fases. La primera entrará en vigor en mismo 1 de julio, con un monto económico de 62,7 millones de euros, mientras que la segunda no se hará efectiva hasta el 1 de enero de 2003.

A partir del 1 de julio, la Consejería de Justicia, de la que es responsable Paz González, se hará cargo de los 388 empleados que conforman el personal laboral de la Administración de justicia en Madrid, así como de atender materialmente a los más de 6.000 funcionarios que trabajan en las 42 sedes judiciales. Esta plantilla, que representa el 14% de toda la carrera judicial española, está compuesta por más de 500 jueces y magistrados, 174 fiscales, 339 secretarios judiciales, 1.755 oficiales de la Administración de justicia, 825 agentes judiciales y 70 médicos forenses, entre otros. Todos ellos prestan sus servicios en sedes de la región que albergan tanto órganos judiciales como dependencias del ministerio fiscal, servicios de apoyo a órganos judiciales y fiscales, así como servicios de medicina forense.

A partir del 1 de enero de 2003, fecha en la que se hará efectiva la segunda fase del traspaso de competencias, la Comunidad se hará cargo del mantenimiento económico del personal funcionario (más de 6.000 empleados) y de todos los medios materiales de la Administración de justicia en la región, para lo que contará con una asignación económica total que se calcula en más de 120 millones de euros, que serán aportados por el Gobierno central a lo largo de las dos fases en las que se ha dividido el traspaso de competencias.