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El PP aprueba la 'ley seca' en la jornada de paro general y sin oposición

Los diputados de la oposición secundaron la huelga general y no entraron en el hemiciclo

El Parlamento madrileño cerró ayer su curso parlamentario con uno de los más extraños plenos celebrados por la Asamblea, ya que en el debate no estuvieron presentes los partidos de la oposición (PSOE e IU), que secundaron así la huelga general. Los diputados del PP, con mayoría absoluta, aprobaron dos importantes leyes: la de drogodependencias (más conocida como ley antibotellón o ley seca) y la que introduce un cambio parcial en la normativa del Consorcio Regional de Transportes. También compareció el Defensor del Menor, que habló sólo y exclusivamente para los diputados del PP.

No hubo, pues, debates. Y tanto la comparecencia del defensor del Menor, Pedro Núñez Morgades -que propuso la creación de una comisión para vigilar la situación de los jóvenes y los niños ante fenómenos como la difusión de pornografía infantil a través de Internet-, como las dos leyes que ayer llegaron al pleno pasaron con más pena que gloria, fugaz y tediosamente.

El cambio en la ley que regula el Consorcio Regional de Transportes elimina la subvención a las empresas de transporte y establece una tarifa denominada de equilibrio. Metro y la Empresa Municipal de Transportes (EMT) elaborarán a partir de ahora sus propios presupuestos, y el Gobierno de la Comunidad liquidará a las compañías basándose en esa tarifa, una vez deducidos los ingresos provenientes de los distintos abonos. El texto aprobado ayer dice: 'En el nuevo modelo desaparece la subvención a la explotación, que se sustituye por una compensación vinculada directamente al servicio realmente prestado'.

La ley antibotellón fue aprobada también con los votos del PP y la ausencia de la oposición. Sólo el PSOE, a través de su diputado Óscar Monterrubio, explicó que la postura socialista era la misma que había mantenido en la comisión correspondiente. Sus temores de que, al final, el PP aceptara las presiones empresariales y permitiera la venta de alcohol en las estaciones de servicio resultaron injustificados: el texto mantiene la prohibición de vender este tipo de bebidas en las tiendas de las gasolineras.

Además, la ley, que entrará en vigor al día siguiente de ser publicada en el Boletín Oficial de la Comunidad (Bocam), prohíbe beber alcohol en la calle (salvo en terrazas, veladores y durante fiestas patronales) e impone duras sanciones para quien venda bebidas alcohólicas a menores de edad (algo que ya existía) o después de las diez de la noche.

Una ley similar, pero menos restrictiva, está siendo elaborada por el Ejecutivo central, aunque aún se trata sólo de un borrador. Fuentes de la Comunidad afirmaron ayer que, dado que Madrid tiene transferidas las competencias en drogodependencias, el Gobierno de Alberto Ruiz-Gallardón no tendrá que suavizar su ley para adaptarla a la nacional cuando ésta sea aprobada por el Congreso. A no ser, precisaron, que el texto del Gobierno central señale expresamente que ciertos artículos son de obligado cumplimiento para todo el país, algo que estas fuentes consideraron muy improbable.

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Silencio en los escaños

No fue el de ayer, en la Asamblea de Madrid, un pleno ni alegre ni movido. Y si pasa a la historia, lo hará no por lo dicho, sino por el silencio. La oposición, IU y PSOE, dejaron su silencio en el diario de sesiones. Sólo cuatro señorías socialistas -incluido el portavoz del grupo, Pedro Sabando- ocuparon sus escaños, para abandonarlos casi inmediatamente tras el intento, fallido, del portavoz socialista de explicar las razones de su grupo para no intervenir. El presidente de la Cámara, Jesús Pedroche, del PP, no se lo permitió.

Sabando abandonó, visiblemente molesto, la sala; luego acusaría a Pedroche de situarse en la misma posición que el partido del que forma parte: 'Como el PP, el presidente se ha instalado en la cerrazón, la intolerancia y la soberbia, la misma que ha llevado a los sindicatos [CC OO y UGT] a convocar la huelga', dijo.

Y, mientras los parlamentarios de IU acompañaban a los piquetes informativos en la calle, al salón de plenos se reincorporaban -una vez que Núñez Morgades acabó su intervención- los socialistas José Tamayo, Óscar Monterrubio y Teresa Nevado, esta última para defender lo imposible: que la Asamblea de Madrid instara al Gobierno regional a exigir del Ejecutivo central el diálogo con CC OO y UGT. Esa propuesta fue rechazada. Pero la diputada socialista logró que el asunto de la huelga general entrara, aunque fuera de tapadillo, entre los bancos semivacíos del Parlamento vallecano.

Si la oposición estuvo ausente, el pleno contó, durante todo su desarrollo, con la presencia poco habitual de Alberto Ruiz-Gallardón, que suele abandonar la Cámara en cuanto acaban las preguntas. Ayer permaneció atento a las intervenciones de sus parlamentarios.

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