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La Cámara cumplió el 'mínimo institucional'

El 71% de los funcionarios del Parlamento secundó el paro, aunque se celebraron dos comisiones

El Parlamento andaluz cumplió ayer una especie de mínimo institucional. Las dos comisiones que estaban convocadas se resolvieron en un santiamén: apenas media hora duró la de Administraciones Públicas y Justicia y poco más de una la de Educación. Y eso que se aprobaron varias proposiciones no de ley de cierta enjundia y la consejera de Educación, Cándida Martínez, protagonizó un par de comparecencias. Ambas comisiones pudieron constituirse merced a la consigna del PSOE de que todos los cargos públicos acudieran a sus puestos. 'No somos trabajadores por cuenta ajena, esto no es una empresa, no tenemos derecho a paro ni a indemnización por despido. Somos representantes de instituciones democráticas, y las instituciones democráticas no se deben boicotear nunca'. Un tempranero José Caballos, portavoz del grupo socialista, explicaba así la posición de su partido antes de comenzar las comisiones, además de leer un manifiesto en apoyo a la huelga.

Los diputados del PSOE repitieron la declaración oficial en el interior de las salas, con más protestas de los parlamentarios populares que de los presidentes de las mesas -ocupadas por los socialistas Guillermo Gutiérrez y Juana Lasry-, quienes conminaron a los diputados para que se ateniesen al orden del día sin ninguna convicción.

En los turnos de palabra, los socialistas expresaron su respaldo al paro y dieron por 'debatidas' sus iniciativas; los populares hicieron lo contrario: rechazaron la huelga y se extendieron en las intervenciones. Los miembros de Izquierda Unida y grupo mixto no fueron, y el PA acudió, según dijo su único representante, 'como servicio mínimo'. Los funcionarios de la Cámara -en lenguaje coloquial, los que pican- siguieron el paro en un 71% (trabajaron 31 de 136), junto con una sensible mayoría del personal eventual (empleados de los grupos políticos y asesores), salvo el del grupo popular. Ocho trabajadores actuaron de servicios mínimos (dos ujieres en turno de mañana y tarde, dos letrados, dos oficiales de gestión y el jefe del servicio de régimen interior). La cafetería del Parlamento cerró sus puertas.

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