Los obispos evitan opinar sobre esta huelga porque no 'está en juego el bien de las almas'
Los obispos no dirán una palabra oficial sobre la huelga general ni sobre el decretazo del Gobierno del PP con el argumento de que 'la Iglesia se pronuncia en temas de carácter temporal sólo cuando está en juego el bien de las almas, la libertad de la Iglesia o los derechos fundamentales de las personas'. 'Eso no se da en esta circunstancia', dijo ayer el portavoz de la Conferencia Episcopal Española (CEE), Juan José Asenjo. Sin embargo, los prelados sí se pronunciaron ante las huelgas convocadas contra la política laboral de los Gobiernos del PSOE, en 1988, 1992 y 1994.
El pasado 6 de junio, la jerarquía católica estudió el decreto ley que reforma la protección por desempleo, motivo de la huelga general de mañana, pero el Comité Ejecutivo episcopal no consideró necesario pronunciarse, explicó Asenjo poco antes de reunirse ayer la Comisión Permanente de 21 prelados liderados por el cardenal Antonio María Rouco.
Zanjada la crisis que provocaron los obispos vascos con su pastoral contra la Ley de Partidos, las relaciones de la Iglesia católica y el Gobierno del PP vuelven a ser excelentes y fructificarán pronto con una solución muy aceptable para la Iglesia en materia de enseñanza de catolicismo en la escuela pública y con un acuerdo para aumentar la financiación que el Estado aporta a las arcas de la Iglesia. 'Caminamos por sendas de concordia y de colaboración. Si el señor Nuncio [embajador vaticano] ha dicho que la crisis está superada, no seré yo quien le corrija. También creo que existe voluntad por ambas partes de dar por zanjada la crisis que se produjo en días pasados', dijo Asenjo.
Precedentes con el PSOE
Esta actitud silenciosa de la Conferencia Episcopal ante la huelga de mañana contrasta con el ruido eclesiástico que se produjo ante las organizadas contra los Gobiernos de Felipe González. La CEE, oficialmente, y numerosos arzobispos y obispos se pronunciaron entonces sin tapujos. 'Si yo fuera trabajador iría a la huelga', dijo, por ejemplo, el arzobispo de Tarragona, Ramón Torrella, ya emérito, ante la huelga general del 27 de enero de 1994.
En un comunicado oficial, el Comité Ejecutivo de la CEE había proclamado días antes [el 14 de enero] que la convocatoria de huelga era 'síntoma y consecuencia de la grave situación socioeconomica que vive nuestro país', aunque decían no sentirse en condiciones de pronunciarse sobre la conveniencia de la medida, ni sobre su eficacia. Dos años antes, ante la huelga del 28 de mayo, habían acusado al Gobierno del PSOE, también oficialmente, de aprobar leyes que perjudicaban 'a los pobres' y 'a la agricultura y la industria'.
