La Asamblea modifica la ley que regula el Consejo de la Juventud

El PP logró ayer, gracias a su mayoría absoluta, que el pleno de la Asamblea aprobara modificar la ley del Consejo de la Juventud, órgano independiente que asesora a la Consejería de Educación. Según la actual normativa, cualquier asociación que aspirase a entrar en el Consejo debía superar primero la votación de su Asamblea General. El nuevo texto elimina esa votación y obliga a admitir a cualquier candidato que cumpla los requisitos.

Hasta ahora, para formar parte del Consejo de la Juventud, las asociaciones, además de cumplir los requisitos exigidos por la ley, debían obtener el voto favorable de sus órganos representativos. Éste es el requisito que el Gobierno eliminó ayer. El PP denunció que dicha votación era una forma de vetar el ingreso de asociaciones de carácter religioso, a las que, aunque cumplieran todos los requisitos, se les negaba la entrada por motivos ideológicos.

El texto remitido a la Asamblea por el Gobierno de Alberto Ruiz-Gallardón y aprobado ayer regula los requisitos necesarios para el ingreso: que las asociaciones aspirantes sean de Madrid, que tengan al menos 250 socios, que la afiliación sea voluntaria y que todo ello pueda ser demostrado documentalmente. Pero ya no será la votación el último control a superar. 'La Comisión Permanente', dice la nueva redacción, 'está obligada a admitir a las asociaciones que cumplan los requisitos establecidos y a dictar la resolución expresa en el plazo máximo de dos meses'.

Dolores Ruano, de IU, acusó al PP de abrir así un sistema de control del Consejo de la Juventud. Y el socialista Óscar Iglesias auguró que 'va a permitir la entrada de grupos nazis', al no estar ya obligadas las asociaciones a 'certificar' su estructura, funcionamiento y compromiso democráticos. La ley fue aprobada en lectura única, procedimiento de urgencia que fue duramente criticado por socialistas e IU.

Durante la sesión plenaria de ayer la Cámara aprobó también, con los votos en contra de PSOE e IU, la nueva Ley de Medio Ambiente, que rebaja la distancia mínima a núcleos urbanos exigida para instalar plantas de tratamiento de materias contaminantes. Esa distancia pasa de dos kilómetros a 500 metros. Además, se fijan sanciones de hasta 2,4 millones de euros para los infractores y se establece la cesión a los ayuntamientos de las competencias de calificación ambiental.

Medio Ambiente

El consejero de Medio Ambiente, Pedro Calvo Poch, justificó esta medida por cuanto en la nueva ley se recoge la figura del estudio caso por caso para 'aquellos planes, programas, proyectos o actividades que puedan ser susceptibles de producir efectos adversos sobre el medio ambiente'. Pero los grupos de oposición no lo ven de la misma forma. Julio Setién, portavoz de IU en asuntos de Medio Ambiente, tachó la ley de 'coladero importante' y alertó sobre el riesgo de que muchos aspectos queden a la arbitrariedad de quien gobierne. 'Es una ley que nace vieja', dijo.

Francisco Garrido, en nombre del PSOE, habló asimismo de los peligros que presenta la ley y condenó la posibilidad de establecer plantas de tratamiento de materias tóxicas a sólo 500 metros de viviendas. En su opinión, el nuevo texto no mejora la normativa vigente y facilita la agresión al medio ambiente. 'Hoy estamos peor que ayer pero mejor que mañana', concluyó Garrido. Roberto Sanz Pinacho, del PP, defendió una ley que, a su juicio, va a servir para reducir los efectos derivados de la puesta en marcha de determinados proyectos, mejorar la eficacia preventiva y agilizar los procedimientos de evaluación ambiental.

No fue un buen día para la oposición. PSOE e IU tuvieron que ver cómo se rechazaban, una tras otra, todas sus iniciativas, en las que pedían, por ejemplo, que la Asamblea instase al Gobierno regional a presentar recurso de inconstitucionalidad contra el decreto de reforma del desempleo o reclamaban el apoyo de la Cámara a la República saharaui y el cumplimiento de las resoluciones de la ONU. Sirvió la primera proposición para sacar de nuevo a debate el tema de la huelga general. Pedro Sabando, portavoz socialista, negó airadamente que los servicios mínimos establecidos en Madrid para el 20-J fueran ni siquiera parecidos a los que se dictaron en tiempos de la presidencia de Joaquín Leguina.