Inmigración sin demagogias

La política de inmigración tiene dos facetas: la de política laboral y la de política solidaria. Los países y las socialdemocracias nórdicas lo saben bien desde hace tiempo. Allí la concertación entre sindicatos y patronal pasa por aprovechar primero las potencialidades del capital humano propio, llevando la tasa de actividad -incluida la de la mujer- a niveles altísimos, pactando el retraso de las jubilaciones y un modelo laboral no precario que implica trasladar a países terceros los procesos industriales que buscan mano de obra barata, con poco valor añadido.

En segundo lugar, se da prioridad a la repatriación del capital humano emigrado y de sus descendientes. En este sentido, en el Parlament de Catalunya, la iniciativa republicana de una ley del retorno ha abierto enormes esperanzas a los nietos de exiliados en América que están pasando auténticas penurias.

África necesita un Plan Marshall y coinciden en ello globalizadores y antiglobalizadores

En tercer lugar, existe una política de captación de mano de obra necesaria. La promovieron Blair y Schröder. Si faltan matriceros, los encuentran en Polonia; si faltan informáticos, en la India, etcétera. Por ello, la propuesta de algunos sindicatos y patronales llevada al Parlament por Esquerra de crear oficinas de contratación en origen. Esa es una inmigración con papeles.

En cuarto lugar, tiene que haber generosidad solidaria con los refugiados políticos. Especialmente con los de las zonas vecinas -el Magreb- alejadas de la democracia. Represaliados por defender las libertades, los derechos sociales, los de la mujer o la diversidad nacional y cultural: saharauis, bereberes. El Parlament aprobó mi propuesta de declarar Cataluña tierra de acogida de los represaliados amazigh (beréber).

En quinto lugar, los flujos migratorios económicos se deben minimizar modificando la política de cooperación, que ahora consiste en subsidiar y sobornar a las oligarquías antidemocráticas. África necesita un Plan Marshall y en eso están de acuerdo globalizadores y antiglobalizadores. Con esas premisas claras, se deberá abordar el flujo de inmigración regulado y aquel que, a pesar de todo, llegará sin regular. Y eso pasa por políticas integrales de inmigración; no por dejar a ayuntamientos y autonomías la patata caliente de las políticas de acogida con las dificultades que comporta el choque entre pobres para repartirse las migajas de un incompleto Estado de bienestar, en nuestro caso. Mientras el Estado central y centralista abre y cierra a placer los flujos de inmigrantes, la regulación de los mismos y pretende monopolizar el diálogo con las confesiones religiosas, la mayoría de puntos de roce se producen a escala municipal. En ese sentido, la propuesta republicana, aprobada hace un año, de firmar convenios con las comunidades islámicas y judía para evitar el calvario de los enfrentamientos locales en relación con los derechos de culto y sus límites, no ha sido desarrollada aún por la Generalitat.

Las políticas que se reserva Madrid son nefastas. Estamos ante una mala política de fronteras, no ante una auténtica política de inmigración. La inoperancia de la Ley de Extranjería, que debía parar la llegada de ilegales y de hecho está avalando una auténtica Marcha Verde sobre Ceuta, Melilla y Canarias. Una caótica gestión de los flujos internos entre comunidades autónomas, inducidos desde las delegaciones del Gobierno central. Una sospechosa falta de agilidad en la gestión de los permisos de trabajo de las personas que tendrían su puesto asegurado. Una ausente inspección de trabajo para perseguir los empresarios fraudulentos que utilizan mano de obra clandestina. Incapacidad al practicar la política de retorno de los inmigrantes en situación ilegal. Si no recuerdo mal, sólo hay firmados dos o tres convenios de retorno. Otros países tienen más de diez.

Finalmente, unas pésimas políticas internacionales, especialmente en el Magreb, donde se halla una auténtica bomba demográfica.

Por otra parte, las políticas de acogida de la Generalitat y los ayuntamientos deben facilitar formación de acogida en normativas legales, derechos y deberes de los ciudadanos y en la lengua catalana, como mínimo, en la línea de una resolución también aprobada y no cumplida. Deben calcular el presupuesto destinado a asegurar que las prestaciones sociales no universales (guarderías, vivienda social, becas, etcétera) aumenten para absorber a los nuevos demandantes de procedencia inmigrada, sin que se perjudique a los excluidos autóctonos que accedían a ellas. Deben garantizar los derechos a la libertad de culto, marcando al mismo tiempo sus límites con los valores democráticos.

Se debe debatir sobre inmigración desde la serenidad, sin paternalismos ni demagogias que sólo favorecen a la ultraderecha y a la derecha.

Josep Huguet Biosca es portavoz parlamentario de ERC.