Pacto en el banquillo

Las vidas de José Alberto y Manuel se cruzaron hace tres años en una calle de Villaverde. Manuel, un estudiante de Derecho de 25 años, repartía pizzas, y José Alberto, un albañil de 19, decidió 'darle un susto' y robarle dos pizzas y 2.500 pesetas que acababa de cobrar por una entrega. No hubo armas, amenazas ni lesiones, pero el tono imperativo y el tamaño del ladrón, un chaval de complexión fuerte, convencieron al repartidor de que era mejor no negarse.

Lo singular es que, tres años después de aquel encontronazo, José Alberto ha acordado con su víctima cómo resarcirle del daño causado: le ha mostrado su arrepentimiento y le ha devuelto 6.500 pesetas, el valor de lo sustraído. El objetivo del pacto es doble: evitar el ingreso en prisión de José Alberto, que ahora tiene una hija y no ha vuelto jamás a las andadas, y ofrecer una compensación moral a Manuel.

La suya no es una iniciativa aislada. Forma parte de un programa de mediación creado en 1999 por la asociación Apoyo de Moratalaz, que trabaja desde 1981 con jóvenes desfavorecidos y está subvencionado por el Ayuntamiento de Madrid. El objetivo es ofrecer alternativas a la cárcel aprovechando las posibilidades del Código Penal, que permite rebajar la condena por un delito si el autor compensa el daño causado. En tres años han sido 80 los autores de delitos contra la propiedad (robos y hurtos), la mayoría toxicómanos, que han pactado con sus víctimas. Pilar Sánchez, criminóloga encargada de estas mediaciones, destaca que en ellas 'son los propios afectados quienes llegan a un acuerdo, lo que supone devolver a la sociedad la posibilidad de resolver directamente los conflictos'.

José Alberto sigue sin explicarse qué cable se le cruzó para robar a Manuel. 'Yo ganaba 190.000 pesetas al mes como albañil y no tenía ningún problema de drogas, ni siquiera fumaba y tampoco tenía antecedentes', explica él mismo. Pero ese asalto no fue el único, y le condenaron a nueve años de cárcel por otros tres robos con intimidación. Pasó 18 meses en la cárcel de Alcalá-Meco y después fue agraciado con un indulto parcial que rebajó la condena a dos años, obteniendo también el tercer grado y la libertad condicional.

Ya sólo tenía pendiente el robo a Manuel, por el que el fiscal pedía tres años de cárcel, la misma condena que le había caído por cada uno de los otros tres delitos. Su abogada, Pilar Barrado, le informó del programa de mediación de Apoyo, que ella suscribe. 'La justicia debe ser reparadora, no castigadora, y éste era un caso muy adecuado para la mediación porque existía sensibilidad tanto en el infractor, que asumía los hechos y mostraba un interés sincero por cambiar, como en la víctima. Además, me parecía desproporcionado los nueve años de cárcel que le habían caído por tres robos sin lesiones y en los que el valor de los bienes sustraídos no superaba las 12.000 pesetas', explica.

A José Alberto le pareció bien lo que le proponía su letrada. Pero le daba vergüenza estar cara a cara con su víctima. 'Sabía que lo que le había hecho era jodido, aunque tengo claro que jamás le hubiera tocado. De hecho, tampoco le robe el dinero de sus propinas, sólo el recaudado', matiza.

Manuel, por su parte, no tuvo dudas: 'El chaval no me había agredido, y al fin y al cabo el dinero que me había robado no era ni mucha cantidad ni mío. Yo no estaba muy dañado y, además, sabía que le pedían 12 años de cárcel por cuatro robos a repartidores de pizzas en los que no hubo armas ni lesiones, lo que me parecía una burrada. Puede que al haber estudiado Derecho esté más sensibilizado porque sé que la justicia no funciona demasiado bien', subraya.

Víctima e infractor se volvieron a encontrar en el juicio, que se suspendió. Después, en la primera y única sesión de mediación, celebrada en febrero de 2001 bajo la batuta de uno de los criminólogos de Apoyo que lleva este programa. Ambos reconocen que al principio fue un poco incómodo: 'Al fin y al cabo, la razón por la que nos conocíamos no era como para hacerse amigos', dicen. José Alberto temía que, al irle a dar la mano, Manuel se la rechazara. Pero no lo hizo.

Juicio tenso

Más tenso fue el juicio en el que presentaron el pacto alcanzado. 'En vez de la víctima, yo parecía el acusado, porque la juez estaba convencida de que había pactado bajo amenazas. Me advertían de que el delincuente es siempre delincuente', recuerda Manuel. El acuerdo no fue admitido como atenuante, aunque el juzgado condenó a José Alberto a un año, la pena mínima por robo con intimidación, y no a los tres que pedía el fiscal 'por la menor entidad de la intimidación'. La defensa apeló a la Audiencia Provincial, que sí admitió la reparación del daño como atenuante: no pudo rebajar la condena porque ya era mínima, pero ella espera que suspenda la ejecución de la pena. Si no fuera así, su cliente tendría que volver a la cárcel.

Ahora, José Alberto, con 22 años, está trabajando en lo de siempre, como solador. Hace cuatro meses nació su primera hija y espera no tener que ingresar de nuevo en prisión. Manuel, con 28 años, sigue repartiendo pizzas, mientras prepara una oposición de empleado de banca. Cada uno sigue su vida y esperan que, si sus destinos se cruzan de nuevo, sea por un motivo bien distinto al de la primera vez.