Acusados de estafa tres comerciantes granadinos que aceptaron tarjetas robadas
La Fiscalía de Granada ha decidido acusar de una falta de estafa a tres comerciantes de la ciudad que aceptaron pagos con tarjeta de crédito a pesar de que la firma y la fotografía del carné de identidad no se correspondían con el portador, un ciudadano marroquí que ya ha sido expulsado del país.
El escrito de acusación del fiscal refleja una de las cinco variedades delictivas que estableció la Junta de Fiscales del TSJA como posibles responsabilidades de los comerciantes en la tramitación de pagos con tarjeta de dudosa procedencia.
Los tres acusados, una empleada de una tienda de deportes, la mujer del dueño de una joyería y el propietario de un comercio de calzado, se enfrentan a una eventual condena de multa de 360 euros (60.000 pesetas), una pena menor para los casos de estafa toda vez que ninguno de los pagos que tramitaron superó las 50.000 pesetas.
Los hechos ocurrieron en febrero de 2001 cuando el ciudadano marroquí, tras robar una tarjeta crédito y un carné de identidad, realizó compras por valor de 46.000 pesetas en la tienda de deportes, adquirió en la joyería un reloj de 40.000 pesetas y el comercio de calzado hizo dos cargos por valor de 16.000 pesetas.
En todos los casos, indica el fiscal, el portador de la tarjeta plasmó en el recibo de compra una firma que 'en nada se parecía a la del titular, como tampoco la fotografía', y cuando uno de los acusados -la empleada de la tienda de deportes- reparó en el detalle, el presunto estafador dijo que pertenecían a su padre y tramitó el cargo.
Ésta fue una de las causas que impulsaron a tratar en Junta de Fiscales las estafas cometidas con tarjetas de crédito robadas y la aceptación de los pagos por parte de algunos comerciantes sin cerciorarse de la titularidad del portador.
Las opciones delictivas que observaron los fiscales van desde la negligencia leve por olvido en la comprobación de la identidad a la coautoría en un delito de falsedad y estafa cuando se demuestre connivencia y reparto de beneficios entre el portador de una tarjeta robada y el comerciante.
Con todo, el principal acuerdo de los fiscales de Granada fue instar a los comerciantes a extremar el cuidado en el protocolo de seguridad en la comprobación de la identidad y la firma de los portadores de estos medios de pago.
Aquella advertencia ha tenido ya efecto positivos, según fuentes de la Fiscalía, como quedó demostrado en un caso en el que la actitud del comerciante impidió la comisión de una estafa y la detención de una persona que había robado una tarjeta a un ciudadano británico y que pretendió hacer uso de ella en una joyería. No pudo conseguir su propósito, ya que los empleados de la tienda empezaron a sospechar.
