'Los niños proceden de familias rotas y con una situación económica precaria'

El pasado mes de marzo, el Defensor del Pueblo dio un fuerte tirón de orejas al Gobierno por el procedimiento seguido para la repatriación de menores marroquíes indocumentados en Ceuta y Melilla.

En sus investigaciones, la institución comprobó cómo en los expedientes de reagrupación de los menores no constaba documento alguno que certificase las gestiones realizadas para localizar a sus familias o los contactos con los servicios de protección de menores de Marruecos, como prescribe la normativa sobre extranjería.

Según el Defensor del Pueblo, la única justificación de las devoluciones de los menores se contenía en un 'párrafo modelo' con que contaban todas las resoluciones de reagrupación familiar, en el que se decía que ésta era procedente 'al ser el entorno familiar el mejor para el desarrollo de los menores'. Sin embargo, la institución consideraba 'obvio' que en la mayoría de los casos 'los menores proceden de familias rotas y con una situación económica precaria'.

El Defensor criticaba que, de forma sistemática, los menores fueran entregados en la frontera marroquí. 'La policía de fronteras a la cual se entrega el menor no se ocupa de él ni efectúa contacto alguno con su familia', argumentaba el informe, que recordaba que 'con notoria frecuencia' los menores regresaban a España poco tiempo después de haber sido repatriados.

A pesar del fracaso de la medida de reagrupación que supone la vuelta del menor, las autoridades no realizaban un nuevo estudio del caso, sino que volvían a ordenar la entrega de los menores a la policía marroquí días después. Según el Defensor, ese 'automatismo en las repatriaciones' vuelve a dejar al menor en situación de desamparo, que es lo que la ley trata de evitar al ordenar la acogida.

La institución señalaba también la escasa relevancia que se daba en las repatriaciones 'a la misión del Ministerio Fiscal'. Según sus argumentaciones, las comunicaciones con esa institución 'se consideraban como un trámite meramente formal' y sólo se le daba cuenta del procedimiento el mismo día en que se acordaba la reagrupación familiar y la entrega en la frontera, haciendo imposible la revisión de las actuaciones y el recurso. El informe recogía también una queja de la fiscalía de Málaga -de la que depende Melilla- que denuncia 'la tardía comunicación de las repatriaciones', la falta de audiencia a los menores, la inexistencia de resoluciones recurribles y la entrega de los niños 'a instancias distintas de su familia o los servicios sociales' de Marruecos.