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Los organizadores de la manifestación contra el 'decretazo' confían en convocar a 100.000 personas

Chaves no acudirá a la marcha, a la que están llamados todos los dirigentes del PSOE

Lourdes Lucio

Los organizadores de la manifestación contra el decreto-ley de reforma de las prestaciones sobre el desempleo confían en congregar a 100.000 personas mañana domingo en Sevilla. Los sindicatos convocantes -UGT y Comisiones Obreras- y los partidos políticos de izquierda, principalmente el PSOE, han puesto todo su empeño en que haya una respuesta 'multitudinaria' contra un medida que la comisión ejecutiva regional socialista considera 'antiandaluza y antisocial', afirmó ayer la vicesecretaria general, María del Mar Moreno. Los miembros de la ejecutiva regional acudirán a la manifestación, aunque no su secretario general y presidente de la Junta, Manuel Chaves. Tampoco los consejeros.

Los socialistas andaluces, como reconoció ayer María del Mar Moreno, 'han trabajado en primera línea' para que la marcha del domingo por las calles de Sevilla sea un éxito. La manifestación terminará en la plaza de España, un lugar que la dirección regional del PSOE siempre ha querido llenar de pancartas -desde que se enfrentó al Ejecutivo central por no reconocer el censo real de la población de Andalucía-, ya que en ella se encuentra la sede de la Delegación del Gobierno.

Desde la sede regional socialista de la calle San Vicente se han organizado 1.500 actos en toda la comunidad en los que se han explicado el decreto del Gobierno y su incidencia en Andalucía, y se ha hecho un llamamiento contundente y firme a los responsables orgánicos y electos de todos los ámbitos de decisión del PSOE para que acudan a la protesta de los sindicatos.

La ejecutiva regional, afirmó Moreno, estará presente en la manifestación, aunque no en la cabeza de la protesta en la que irán los secretarios generales y regionales de UGT y CCOO -Cándido Méndez, Manuel Pastrana, José María Fidalgo y Julio Ruiz-, así como José Blanco, secretario federal de Organización del PSOE; Gaspar Llamazares, coordinador general de Izquierda Unida; Miguel Ángel Arredonda, vicepresidente del Partido Andalucista; y Pedro Pacheco, coordinador general del PSA y alcalde de Jerez.

Ensayo general

Aunque los socialistas no quiere arrogarse el protagonismo, saben que sin su participación activa la asistencia a la manifestación sería mucho menor. Sobre los alcaldes del PSOE ha recaido la decisión de contratar autobuses (alrededor de un millar) para desplazar a los manifestantes. Todos los cargos socialistas están convocados, excepto los consejeros del Gobierno andaluz. El presidente de la Junta y secretario general del PSOE tampoco acudirá a la cita, según fuentes socialistas. 'Hará lo que tenga que hacer', aseguró ayer la vicesecretaria.

El PSOE sabe que la marcha del domingo es un ensayo general que permitirá medir el ambiente con vistas a la huelga convocada por los sindicatos el 20-J, a la que este partido no se ha sumado oficilamente. María del Mar Moreno no se movió ni un milímetro de la declaración política elaborada por el PSOE federal en su reunión del pasado 27 de mayo y leyó textualmente: 'El partido socialista, como corresponde a una fuerza política responsable, no ha suscrito la convocatoria de una huelga que nadie desea y que sólo la cerrazón del Gobierno provoca. Ello no impide que haya mostrado su comprensión hacia el rechazo que la mayoría de los ciudadanos experimentan ante la conducta del Gobierno y hacia los motivos que han llevado a los representantes de los trabajadores a convocar la jornada de huelga'.

Moreno aseguró que el decreto aprobado por el Gobierno afecta a dos sectores claves de Andalucía, como son los trabajadores agrícolas -al proponer la eliminación paulatina del subsidio agrario- y los empleados de hostelería, la mayoría de ellos fijos-discontinuos, que dejarán de percibir el desempleo en los meses en los que no están contratados.

A su juicio, la reforma supone un 'recorte de derechos puro y duro' con el que el Gobierno central se va a ahorrar '900 millones de euros al no pagar la prestación por desempleo', mientras que los empresarios dejarán de abonar 500 millones en salarios de tramitación por despidos.

En opinión de la vicesecretaria general socialista, el Gobierno central está logrando su objetivo de déficit cero en las cuentas públicas 'a costa de los trabajadores' y aseguró que la 'liquidación' del Plan de Empleo Rural 'no es ya un problema para el trabajador agrícola, sino que también supondrá una pérdida de renta para el medio rural'.

La cifra de 100.000 manifestantes fue suscrita por PSOE e IU, mientras que los sindicatos prefieron no avanzar datos de asistencia.

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