Catálogo de quejas

La memoria que el Defensor del Pueblo eleva cada año a las Cortes sirve al menos para arrojar un saludable jarro de agua fría sobre los pretenciosos discursos triunfalistas acerca del funcionamiento de los servicios públicos. Ni el Gobierno ni los responsables de las diversas administraciones parecen prestar una especial atención a sus recomendaciones. Queda siempre la duda de si los gestores públicos las escuchan. Las decenas de miles de quejas presentadas al cabo de los años no han servido para generar un auténtico propósito de enmienda por parte de los servidores públicos. La memoria anual del Defensor se ha convertido en un largo y reiterativo catálogo de males crónicos administrativos que no encuentran solución-errores, abusos, deficiencias, dilaciones- y cuyas víctimas directas son los ciudadanos.

En la memoria del año 2001, el Defensor vuelve a la carga sobre temas que vienen de lejos. La situación carcelaria no sólo no ha mejorado, sino que se ha agravado con el constante aumento de la población reclusa. Es inquietante que cuatro de los 33 casos de muerte de reclusos se produjeran por 'enfrentamientos con funcionarios o posibles malos tratos', según el Defensor. Estos hechos deben esclarecerse totalmente y exigirse las responsabilidades que correspondan.

El Defensor sigue mostrándose preocupado por la denuncia de supuestos malos tratos en instalaciones policiales, concentraciones y manifestaciones, así como por parte de agentes municipales. Es también un asunto recurrente. Pero mientras la Dirección General de la Policía se muestra diligente en abrir expedientes a los agentes afectados, algunos ayuntamientos son reticentes en hacer lo propio con los suyos. No es la primera vez que una memoria del Defensor señala esa actuación municipal frente a las extralimitaciones de sus policías.

Por lo demás, los servicios públicos más esenciales siguen acaparando la atención del Defensor, en especial la justicia, cuya lentitud sigue siendo acusada en algunos órganos jurisdiccionales. Y hay un asunto en el que la recomendación del Defensor llega tarde: evitar la expulsión del inmigrante que acredite un cierto arraigo. El Gobierno ya ha anunciado su intención de erradicar este supuesto de su próxima Ley de Extranjería.