El Gobierno vasco y CiU rechazan el cambio de la Ley de Extranjería

El anuncio de reforma de la Ley de Extranjería continúa provocando reacciones virulentas. Convergència i Unió, partido que gobierna en Cataluña, rechaza de plano la eliminación del arraigo como vía para regularizar inmigrantes. Y el Gobierno vasco ha hecho público un comunicado en el que considera 'inaceptable y xenófobo' el cambio de la norma: 'Aznar aglutina en su persona el modelo español que Le Pen representa en Francia', señala.

La crítica de CiU resulta especialmente llamativa, porque el vicepresidente primero del Gobierno y ministro del Interior, Mariano Rajoy, anunció la reforma de la Ley de Extranjería en una rueda de prensa con el presidente de la Generalitat, Jordi Pujol. Durante la comparecencia, celebrada el martes, Pujol admitió haber encontrado puntos comunes con el Gobierno a la hora de abordar la inmigración, pero esquivó las preguntas concretas y se las endosó a Rajoy: 'Hoy le toca hablar a él', se excusó.

El portavoz de CiU en la Comisión de Interior del Congreso de los Diputados, Carles Campuzano, considera 'poco serio' que el Ejecutivo se plantee lo que sería la tercera reforma de la ley desde 1999 sin siquiera haber analizado los efectos de la última modificación. En declaraciones a Efe, razonó que el problema no estriba en que las leyes contengan fallos, 'sino en la ineficacia de la Administración actual en aplicarlas'. De ahí que la propuesta del Gobierno le parezca 'una cortina de humo' para ocultar su incapacidad.

Los nacionalistas catalanes reclaman del Ejecutivo que antes de cualquier debate legislativo haga un 'balance serio' del año que lleva en vigor la ley. Según ellos, sólo posteriormente, y en función de las conclusiones de este análisis, se podrían plantear cambios.

Campuzano anuncia que CiU se opondrá a cualquier pretensión del Gobierno de suprimir el supuesto de arraigo (residencia continuada durante cinco años) como una vía para la regularización de inmigrantes. A su juicio, ello equivaldría a 'condenar a la ilegalidad a miles de personas' que actualmente trabajan en España y cuya aportación laboral es necesaria para el desarrollo económico.

En este último sentido se manifiesta también la dirección de Inmigración del Gobierno vasco: 'El endurecimiento de la ley condenará a más de 200.000 inmigrantes a la explotación laboral, y a las administraciones autónomas y a las entidades locales, a pagar la factura social y económica de su inviable, inaceptable y xenófoba política migratoria'. El Gobierno vasco considera que 'esta reforma es un despropósito peligrosísimo que puede llevar a España a una fragmentación social sin precedentes en su historia y a un futuro dominado por la xenofobia y el racismo'.

En una durísima nota de prensa, afirma que 'la política que quiere imponer Aznar es retrógrada y autoritaria y pone de manifiesto, ya sin ambages, que en la España que están diseñando sólo tendrán cabida concepciones fascistas y racistas'.

'La finalidad de la reforma', añade, 'no es ni siquiera perseguir a las mafias que trafican con personas. Ésta es la artimaña que utiliza el Gobierno español para enmascarar los nichos laborales ya existentes, que basan su competitividad en la explotación de trabajadores irregulares'.

La dirección de Inmigración afirma que 'Aznar no difiere en nada de fascistas como Le Pen o Berlusconi. Es más. Aznar aglutina en su persona el modelo español que Le Pen representa en Francia'.