'Un presidente de Gobierno no puede llamar inmorales a los obispos'

La relaciones de José María Aznar y la Iglesia católica chirrían de nuevo por donde más le duele a la Conferencia Episcopal: el sufrimiento y la ira de los españoles contra el terrorismo de ETA. Aznar dijo el lunes que la pastoral de los prelados vascos es una 'perversión intelectual y moral grave', extendiendo su severidad al resto de los obispos si éstos no elevaban el tono de su condena, y ayer el cardenal de Barcelona, Ricard María Carles, le replicó 'que un presidente de Gobierno no puede llamar inmorales a los obispos'. '[Los obispos] han tenido mucha paciencia con una ley tan importante como la de la clase de religión, y también han podido pronunciarse sobre la moralidad de ciertas leyes que precisamente hacen los políticos', dijo el cardenal Carles.

La Iglesia católica soporta con dificultad que el Gobierno del PP, teóricamente afín a las tesis del catolicismo por su pertenencia a la internacional democristiana, no les haya hecho caso en su ofensiva para derogar leyes como la del aborto, y que tampoco haya dado satisfacción, en su plenitud, a las reivindicaciones sobre la enseñanza de la religión en la escuela pública, ni a la financiación fiscal de sus actividades a través del IRPF.

Superado el incidente de hace un año a causa del pacto contra el terrorismo promovido por el Gobierno y el PSOE [los obispos se negaron a firmarlo porque no era asunto de su competencia, dijeron entonces], nada amenazaba ahora el entendimiento del Gobierno con la jerarquía católica, que incluso estaban a punto de fructificar en importantes concesiones. Pero esta nueva trifulca, que en algunos sectores de opinión habitualmente afines al catolicismo ha alcanzado una virulencia extraordinaria, parece difícil de cicatrizar porque, para satisfacer las exigencias de los críticos, la Conferencia Episcopal debería saltarse las reglas e inmiscuirse en asuntos que son propiedad de cada obispo diocesano.

'Algunos puntos oscuros'

Pero no todos están dispuestos a callar. El cardenal Rouco tiene sobre la mesa una petición del arzobispo castrense, José Manuel Estepa, para que convoque de urgencia al pleno de la Comisión Permanente de la CEE, integrado por 21 prelados, y mientras tanto, como lluvia de abril, van produciéndose declaraciones personales de obispos que van calando sobre la tesis de que Rouco se enfrenta a una grave crisis en la organización y ante la sociedad.

Entre esas reacciones, ayer destacaron la del responsable de la Secretaría de Medios de Comunicación de la CEE, el obispo de Sigüenza-Guadalajara, José Sánchez. Claro, que frente a 'algunos puntos oscuros' y 'frases desafortunadas' que Sánchez ve en la pastoral, también considera que el asunto ha sido tratado injustamente e incluso con 'ensañamiento', con una lectura 'sesgada y sectaria' de la pastoral, tanto por parte de los poderes públicos como de los medios de comunicación. De la misma opinión fue el arzobispo de Valencia, Agustín García-Gasco.