El Gobierno catalán propone extender los peajes a todas las autovías españolas

La fórmula encontrada por el Gobierno catalán para acabar con la discriminación de Cataluña en materia de peajes es salomónica: que paguen todos. Y como en el resto de España las autopistas no abundan, propone que se pongan tarifas a las autovías. Así figura en el documento entregado a la comisión de peajes. Sus miembros se lo han tomado muy mal. Cinco meses de trabajo, explicaba ayer Jordi Carrillo, de la Declaración de Gelida, no han servido para nada.

Carrillo recordó que el pasado 10 de enero se alcanzó un pacto: el 30 de junio tenía que haber una solución para el asunto de los peajes. En el día de hoy, no hay nada. La discrepancia entre los miembros de la comisión y el Departamento de Política Territorial, cuyo titular es Felip Puig, es total. No coinciden ni en la fecha. Para Puig, el 30 de junio era cuando se debía disponer de una solución en Cataluña para llevarla al Gobierno central.

Un portavoz de Política Territorial lamentó ayer que la comisión entienda que se quiere extender el peaje a las autovías de toda España. En su opinión, las catalanas tienen que quedar sin peaje. Esta interpretación casa mal con otros documentos del Gobierno catalán, que proponía reponer el peaje en la B-30, aumentar el de Rubí, imponerlo en la autopista Granollers-Mataró y extenderlo a las autovías.

La comisión ha decidido dar un plazo de días a Felip Puig para que presente un documento que coincida con la propuesta del 10 de enero y que incluya aportaciones económicas para reequilibrar peajes. En caso contrario, volverán las movilizaciones.

El descontento se disparó en una reunión celebrada el pasado jueves a la que el Gobierno catalán aportó un documento casi idéntico a otro ya presentado en marzo. La comisión entiende que no puede acudir al Gobierno central con una propuesta tan descabellada. Felip Puig, además, fue muy claro y dijo: 'Hablando en petit comité, mi posibilidad de influir en el Gobierno central es nula'.

Mejor valorada fue la intervención de Salvador Alemany, en nombre de las concesionarias. Alemany explicó las aportaciones que deberían realizar las empresas, especialmente en forma de descuentos para residentes y clientes habituales, e incluso sugirió la posibilidad de aportar el dinero que se ingresara de más, si así fuese, a un fondo gestionado por la Administración que sirviera para reequilibrar otros peajes.

El texto del Gobierno catalán propone también renovar las concesiones cuando expiren.