El doble lenguaje de la democracia

Tras la liberación de Yasir Arafat y la destrucción masiva de las infraestructuras palestinas durante la invasión militar israelí de las últimas semanas, la nueva fase de la reconstrucción que ahora se abre ha planteado la cuestión de la reforma de la Autoridad Palestina

Tras la liberación de Yasir Arafat y la destrucción masiva de las infraestructuras palestinas durante la invasión militar israelí de las últimas semanas, la nueva fase de la reconstrucción que ahora se abre ha planteado la cuestión de la reforma de la Autoridad Palestina. Que se abra un intenso debate en el seno de la comunidad palestina en torno a la necesidad de democratizar sus instituciones y profundizar en la transparencia de la gestión económica no puede ser recibido más que como algo saludable. Pero como esta situación, lamentablemente, deja con mucho de ser una cuestión estrictamente entre palestinos, y como además los déficits de democratización no conciernen sólo a Gaza y Cisjordania, sino a todos en la región medio-oriental, creo que es necesario aproximarse a esta cuestión desde una dimensión más global y en una más justa medida.

Han sido diversas las ocasiones en que últimamente el presidente Bush ha exigido a Arafat la democratización de su Gobierno, a lo que se unen sus colegas europeos recordando siempre que los palestinos tienen que crear un Estado democrático. No podríamos más que estar de acuerdo con estas peticiones si no estuviesen, de hecho, desautorizadas por la doble moral que las rige. Por un lado, tanto interés por resaltar que los palestinos no son demócratas contradice hasta cierto punto la realidad y, por otro, invita a preguntarse por qué ese concentrarse en los palestinos, que son los que se encuentran en la peor situación posible para desarrollar siquiera un proceso político y económico con continuidad, cuando, sin embargo, la cuestión de la democracia y el Estado de derecho ha sido completamente evacuada en las relaciones que los países occidentales mantienen con otros países árabes de la región, con el 'golpista' régimen paquistaní, e incluso con Israel.

Según el informe del Banco Mundial -nada sospechoso de partidista-, Government and the business environment in the West Bank and Gaza, hecho público el 12 de mayo del 2001, el nivel de corrupción de la Autoridad Palestina, lejos de lo que indica la sobredimensión que se ha dado al tema, es mucho menor que el de los países vecinos que, sin embargo, los representantes de Occidente protegen con un silencio cómplice, e incluso el de algunos países desarrollados. Así mismo, en la sociedad palestina existe una extensa red de organizaciones civiles consolidadas que no han dejado nunca de vigilar y denunciar los abusos arbitrarios del Gobierno y que, junto a muchos de sus intelectuales y hombres políticos, han mantenido una continua movilización que ha puesto límites a las tendencias autoritarias. La pluralidad e independencia de la sociedad civil palestina es sin duda mucho más real y efectiva que en otras partes donde no se vive en las condiciones infrahumanas que lo hacen los palestinos.

Por supuesto que ha habido un uso arbitrario del poder y actuaciones al margen del Estado de derecho, pero los factores que han promovido esta situación no se limitan sólo a la sin duda existente cultura política jerarquizada y autoritaria de la OLP. Durante los ocho años de las negociaciones de paz en el marco de Oslo, la estrategia de EE UU e Israel se definió por colocar la seguridad en primera línea de interés, invirtiendo intensamente en la policía palestina y los servicios de inteligencia, mientras quedaba relegada la democratización de la Autoridad Palestina y la rehabilitación de servicios públicos básicos como sanidad, educación, vivienda, infraestructuras... Por el contrario, durante esos años, una muy buena parte de lo gastado por la Autoridad Palestina se dedicó a la construcción de prisiones y a enrolar decenas de miles de hombres en los servicios de policía y seguridad a fin de castigar a todos aquellos que perturbaban la 'tranquilidad' de la ocupación.

Asimismo, por medio de los acuerdos de Oslo, de hecho se pidió a la AP que violase los derechos humanos con detenciones al margen de cualquier proceso legal. Israel daba a la CIA su lista de personas que quería fuesen detenidas y ésta al Gobierno palestino, que, siguiendo la recomendación de ambos, abrió los 'Tribunales de seguridad' en los que, en efecto, la justicia ha brillado por su ausencia y han sido utilizados tanto contra los perseguidos por Israel como contra quienes criticaban esa situación. Cuando con la Intifada esos tribunales de seguridad se han utilizado contra los palestinos colaboracionistas con Israel, es cuando se ha llevado a cabo la denuncia israelí y occidental de esos juicios sumarios, pero no de todas las violaciones anteriores.

En las últimas semanas, este conflicto palestino-israelí ha vuelto a poner a prueba el rigor moral de la defensa de la ley y los derechos humanos que hace la comunidad internacional. Permitir el silencio de lo ocurrido en Yenín (enorme 'zona cero' de Cisjordania, como decía Amira Hass recientemente) abandonando la investigación de la ONU a cambio de un trato que no ha hecho honor a nadie, ni por supuesto al propio Arafat, es perder toda autoridad moral para hablar en nombre de la civilización y la democracia. A continuación, la 'solución' del encierro y acoso en la Natividad de Belén ha puesto a dura prueba el comportamiento legal de la comunidad internacional. Hasta ahora, y no es poco, se había consentido a Israel saltarse las leyes internacionales al servicio de su propia interpretación legal con respecto a los territorios ocupados y 'sus' terroristas, pero que haya logrado obligarnos a asumir implícitamente dicha interpretación, aceptando la deportación de 13 palestinos contra los que ningún país tiene cargos y que en suelo europeo van a tener el estatuto de refugiados, nos muestra los grandes déficits de ley y justicia que existen en el conflicto palestino-israelí y las contradicciones a las que nos arrastra la incapacidad para resolver este conflicto con un mínimo de equidad y legalidad.

De la misma manera, los principios de la democracia son universales y por tanto exigibles a todos, y si no es así no se hace más que devaluar su propia esencia ¿Qué esfuerzo internacional se está haciendo para conseguir que Israel informe, al menos a sus propios familiares, dónde están los casi dos mil palestinos arrestados arbitrariamente durante su ofensiva militar de las últimas semanas? ¿Quién pide a Israel que, de acuerdo con la justicia, diga quiénes son y de qué se les acusa y a qué juicios se van a enfrentar? ¿Quién se está preocupando de conocer el paradero y destino del destacado líder palestino Marwan Barghuti, desaparecido desde su detención en Ramala hace unas semanas? Un Estado se define también como democrático de acuerdo a cómo trata a los 'otros'. Y en ese sentido, Israel es una democracia más que imperfecta y, por tanto, también sometida a la exigencia de enmendar sus comportamientos.

Por ello no debemos engañarnos pensando que de momento se está pensando en enderezar esta situación en la debida forma y, como consecuencia de ello, promover una reforma democrática en la Autoridad palestina. Y no será por falta de ganas de la ma

yor parte de los palestinos, que inmediatamente se han movilizado a favor de esta idea, incluso una parte significativa de personalidades del entorno de la Autoridad Palestina. Pero tras el término reformas y el envoltorio de la democracia, en lo que Israel y EE UU están pensando (y, como siempre, acabará asumiendo Europa por defecto) es sobre todo, y una vez más, en reestructurar en profundidad las instancias de seguridad palestinas, unificarlas y hacerlas capaces de controlar con mano de hierro la calle palestina y las formaciones de oposición a fin de impedir toda operación suicida. Bien es cierto que, además, personalidades árabes como el rey de Jordania están tratando de dialogar con Hamás y Fatah para conseguir un Gobierno de unidad nacional capaz de establecer una estrategia unificada y unida con objetivos políticos claros y realizables que no caigan en la trampa del terrorismo que políticamente, a la postre, rentabiliza internacionalmente Israel.

Pero ese tipo de evoluciones poco interesan a la clase dirigente israelí actual. De hecho, cada vez que surge una iniciativa en ese sentido acompañada de un periodo sin ataques suicidas, Israel inicia nuevas incursiones y asesinatos extrajudiciales de líderes palestinos que, desafortunadamente, desembocan en un nuevo atentado (como acaba de ocurrir esta semana). No hay que ser muy despabilado para darse cuenta de que el Gobierno de Sharon busca deslegitimar la causa palestina reduciéndola a un caso de terrorismo a fin de que se olvide el concepto de ocupación que es el arma histórica, jurídica y política de los palestinos. Beneficiándose del ambiente internacional de 'lucha contra el terrorismo' y de las lagunas de dicha política (fundamentalmente dos: la falta de definición de terrorismo y la ausencia de mecanismos de supervisión jurídica en el ejercicio de tal lucha), Sharon busca poner contra las cuerdas a EE UU para que aplique las reglas del juego que él mismo ha establecido en su cruzada contra el terrorismo, le apoye incondicionalmente e incluso no mantenga su posición de seguir contando con Arafat. El resultado es que Sharon se encuentra en una posición de fuerza. Es interesante en ese sentido señalar que nunca se había planteado tan abiertamente en el debate político y de las relaciones internacionales la cuestión de si es realmente EE UU quien influye o controla a Israel o si es al contrario.

Los objetivos de Sharon son bastante obvios y lo cierto es que va avanzando en su consecución. En tanto que se focaliza la atención en la responsabilidad o no de Arafat en el terrorismo, la ausencia de espíritu democrático de Arafat, dónde irán los 13 deportados, mientras se ponen miles de impedimentos para que la negociación política arranque... Israel va consiguiendo, de manera directa, la eliminación física del liderazgo palestino y, de manera indirecta, su desunión y enfrentamiento. De forma soterrada, va consiguiendo destruir la sociedad palestina: provocando la diáspora de aquellos más preparados profesional y económicamente, y arruinando la vida socioeconómica de los palestinos más desprotegidos. De hecho, las duras y permanentes restricciones que impone Israel a la libertad de movimientos de personas y bienes entre las localidades palestinas de Gaza y Cisjordania y entre éstas e Israel, están teniendo un efecto aún más devastador en la vida diaria de los palestinos que incluso la reciente incursión militar. Es una búsqueda determinada a conseguir la claudicación y la aceptación de una simple autonomía, que libere a Israel del Gobierno y gestión socio-económica de los palestinos, pero le permita controlar sus fronteras, la mayor parte de su territorio y, lo que es fundamental, las fuentes del agua.

Así pues, democracia, sí, pero democracia real y para todos en Oriente Medio.

Gema Martín Muñoz es profesora de Sociología del Mundo Árabe e Islámico de la Universidad Autónoma de Madrid.