Fusión y candidato

Escribo este artículo tras leer toda clase de reacciones -más o menos apasionadas- y artículos -siempre respetables y enriquecedores- al acuerdo entre Sogecable y Telefónica para fusionar el Canal Satélite Digital y Vía Digital en una sola plataforma donde el control gerencial directo -nombrar al consejero delegado- y el accionarial -se mantiene el acuerdo de socios entre Canal Plus Francia (Vivendi) y PRISA- pertenecería al primero. Parece obvio que este acuerdo tiene un ganador claro, el presidente del Grupo PRISA, que, tras diversos intentos anteriores, ha conseguido -si el acuerdo se materializa tras obtener la luz verde de las autoridades europeas y organismos competentes españoles- un control importante sobre la televisión de pago en España.

Me gustaría que Aznar pensase en cambiar los miembros más gastados del Gobierno

Digo importante y no total, pues estimo que el imparable avance tecnológico podría, a corto o medio plazo, ofrecer grandes sorpresas en este campo, al mismo tiempo que nada impide que otro operador pueda ofrecer servicios más atractivos y baratos si tiene los medios y el coraje para hacerlo. En un largo artículo publicado en El Mundo, Casimiro García Abadillo hacía un análisis impecable de la difícil situación actual de Telefónica, que no puede soportar en su cuenta de resultados la sangría de Terra Lycos y las enormes pérdidas de Vía Digital simultáneas a las repercusiones de la crisis de Argentina. Destacaba que la cotización actual de Telefónica la hace enormemente vulnerable ante cualquier operación hostil de los gigantes mundiales de las telecomunicaciones.

Comprendo la difícil situación del presidente de Telefónica, con unos resultados trimestrales pobrísimos, que habrá explicado a su Consejo de Administración las razones del acuerdo de fusión y que tal vez no era la mejor, sino la única de las posibles soluciones para suprimir las pérdidas crecientes de Vía Digital. Ante las mil lucubraciones posibles, conviene recordar que la primera y fundamental obligación de un presidente es defender los intereses de sus accionistas, y eso pasa por intentar conseguir una cuenta de resultados razonable, para lo que se necesita un control implacable de los gastos, que parece no existir.

Puestos a examinar con luz y taquígrafos esta operación, convendría explicar a los accionistas de Telefónica por qué el anterior presidente de la misma embarcó a la sociedad en la creación ex novo de un grupo mediático por indicación de algunos políticos que creyeron que ponerlo en marcha dependía sólo de su voluntad y de disponer de importantes medios financieros, olvidando, a mi juicio, el imprescindible estudio de viabilidad económica del proyecto, la necesidad de un equipo directivo homogéneo (no basta -los hechos lo han demostrado- la suma aritmética de brillantes profesionales individuales) y sobre todo la reacción final de los consumidores (espectadores, oyentes y abonados), mucho más selectivos de lo que pensamos. Ahí están las pérdidas actuales de Admira como demostración de lo que no se debe hacer.

Si, como se afirma, la relación de César Alierta con Rodrigo Rato es muy fluida y además el presidente de Telefónica informó previamente al presidente del Gobierno del acuerdo, ahora debemos esperar que funcionen impecablemente los órganos de Defensa de la Competencia, europeos y españoles, para garantizar a los consumidores españoles que lo deseen una TV de pago plural y a un coste razonable.

Me pregunto, como otros muchos ciudadanos, si en estos momentos y en el próximo futuro la decisión de José María Aznar de no presentarse a la reelección y no abordar el nombramiento del candidato del PP hasta el otoño del 2003 no empieza a crear fuertes tensiones en el Partido Popular, no sólo entre los pocos candidatos con posibilidades reales de sucederle, sino entre los equipos de éstos y en los cargos electos, muchos nerviosos por no saber quién mandará.

Es curioso comprobar el equilibrio final que Pedro J. Ramírez -al que se supone una magnífica información- realizó en su artículo-análisis de los tres vicesecretarios generales y principales candidatos con el hábil hallazgo de Rato-candidato, Rajoy-favorito y Mayor-apuesta cuando en el texto se decantaba claramente por Rodrigo Rato, del que ahora sugiere o sospecha que ha autorizado el acuerdo CSD-VD para conseguir el apoyo o al menos la neutralidad del Grupo PRISA durante la nominación del candidato y como eventual blindaje ante presuntas futuras revelaciones de operaciones financieras y créditos, familiares y personales, poco explicables.

Tengo la impresión de que en las próximas elecciones autonómicas y municipales se podrían producir escenarios que podrían dificultar la propuesta, a mi juicio decisiva, que José María Aznar hará en su día al Comité Ejecutivo del PP y posteriormente a la junta directiva que decidirá el candidato. La posición de Jaime Mayor Oreja, cada día más sólida entre los votantes como muestran todas las encuestas, y su seriedad y capacidad de comunicación, ¿tienen el apoyo sincero de la sede nacional en Génova del PP? ¿Qué pasaría, por ejemplo, si Alberto Ruiz-Gallardón obtuviese una victoria espectacular en la Comunidad de Madrid? ¿Podría tener la tentación, y los apoyos, de no esperar a ser el sucesor del sucesor? He escuchado a varias personas nada sospechosas comentarios poco favorables para la actuación y filtraciones de Génova.

Creo que el balance político de José María Aznar hasta hoy es, según mi criterio, francamente favorable y que ha conseguido implantar una fuerte autoridad y coherencia -cuestión nada fácil- en el centro-derecha español. Es persona de convicciones y probablemente no variará un ápice el calendario que tenga decidido, pero, en mi opinión de espectador, no debería pensar que la relativa debilidad actual de la oposición socialista -cada día será más sólida- y de los sindicatos -me parecen fuera de lugar la convocatoria de una huelga general en estos momentos y las razones en que la fundamentan, por lo que estimo que el seguimiento de la misma será modesto- garantiza a cualquier sucesor una cómoda victoria electoral.

Me parece que seis años de presidente de Gobierno son una experiencia formidable y que la información de que dispone es infinitamente mayor que la de los analistas y, desde luego, que la de este empresario, pero me gustaría que pensase en la posibilidad, para afrontar los problemas importantes de los próximos dos años de legislatura, de introducir cambios en los miembros más gastados del equipo gubernamental y en la actitud de algunos de sus colaboradores, pues la España del año 2002 tiene poco o casi nada que ver con los actuales EE UU de Bush, dejando aparte la lógica coincidencia en la lucha contra el terrorismo internacional.

José Antonio Segurado es empresario.