Pilladas

La Generalitat se ha pillado los dedos en Aguas de Valencia. La entrada de Bancaixa y la CAM, que propiciaba Zaplana, se frustró en el último momento para que fueran Lubasa, Facsa y el Banco de Valencia (controlado por Bancaixa) los compradores del paquete de acciones del Banco Santander. El naviero Vicente Boluda, que preside la compañía, habría cerrado el cajón sobre los dedos del Consell, según la versión de quien todavía se resiente del golpe. Otros hablan de Luis Batalla y de Carlos Fabra, tan rebelde y airado últimamente. El presidente de la Diputación de Castellón habría exclamado: '¡Qué pintan aquí esos de Alicante!'. En todo caso, en la 'valencianización' de la concesionaria del suministro a la capital por otro medio siglo (hasta ahora era una firma del grupo francés Bouygues) ha pesado la idiosincrasia del empresariado local en relación con los políticos, aunque sean suyos: 'Ellos pasarán, pero nosotros nos quedamos'. Algo más que los dedos se ha pillado Gonzalo Castillo en el congreso de la federación de enseñanza de UGT. Entró como secretario general reelegible y salió apaleado. La mano de Rafael Recuenco en la jugada no se limitó a estrechar efusivamente la del nuevo dirigente de la Fete, Esteban Montesinos. Si la oposición al secretario general de UGT-PV, que empujó a Castillo a encabezar una candidatura alternativa en el último congreso del sindicato, quiere consolidar una cabeza visible, tendrá que dar la cara alguien con las espaldas cubiertas en su federación. Si no, será el propio Recuenco quien decida el nombre de su sucesor. Pilladas de otro tipo asoman en el trajín de firmas 'dormidas' que se despiertan, crean uniones temporales con empresas conocidas y obtienen concursos de Bienestar Social. Si primero fue el caso de Lonerson Trade y los centros Mujer 24 Horas, ahora el diario Levante ha destapado el de Crespinell, SL, Siete Treinta, SL y cuatro residencias de ancianos que han acabado en manos de una constructora de Sevilla y un hotel de Tenerife. Se esfuerza el consejero Rafael Blasco en demostrar que no ha habido irregularidad administrativa ni ilegalidad alguna, lo que debe ser cierto. Ocurre que el argumento de las concesiones es demasiado intrincado para parecer impecable y el pulular de pillos de la Ribera excesivo para ser casual.