El PSOE propone contratar a 45.000 policías para frenar la criminalidad
El PSOE presentó ayer en el Congreso una proposición no de ley 'sobre medidas urgentes para frenar el crecimiento de la seguridad ciudadana', entre cuyas propuestas se incluye la contratación de 45.000 policías y guardias civiles durante los próximos cinco años, así como la creación de un mando unificado para la mejor coordinación del instituto armado y el Cuerpo Nacional de Policía. El texto de la proposición fue explicado por el portavoz socialista de Interior, Victorino Mayoral, que cifró en 20.000 millones de pesetas (unos 120,2 millones de euros) la factura del plan de choque contra la criminalidad en su primer año.
El plan de choque socialista -criticado inmediatamente por el PP por ser 'simple y zafio' y desprender 'un tufillo reaccionario'- contempla 11 medidas, planteadas 'ante la inoperancia e inactividad del Gobierno para tomar decisiones que reduzcan el crecimiento de la criminalidad'. La primera medida insta a la Secretaría de Estado de Seguridad a elaborar en seis meses 'un programa nacional para la prevención de conductas delictivas'.
Mayoral se extendió en la necesidad de reforzar los órganos de coordinación policial y de crear otros nuevos, así como en la, a su juicio, 'imprescindible' elaboración 'de un decreto regulando la actuación conjunta y coordinada del Cuerpo Nacional de Policía y la Guardia Civil'. El decreto debería contemplar 'la creación de un mando unificado', 'la revisión de los despliegues' y el 'potenciar los elementos comunes' de los cuerpos.
La proposición incluye sacar de tareas burocráticas a 4.000 guardias y policías, así como aumentar las convocatorias de empleo público durante los próximos cinco años, de forma que durante cada uno de ellos se convoquen 6.000 plazas para la policía y 3.000 para el instituto armado. El PSOE plantea, en línea con los seis sindicatos policiales en conflicto colectivo con el Ministerio del Interior, la homologación salarial de los cuerpos de seguridad del Estado. Esta última medida no entraría en la factura de 20.000 millones que costaría el plan en su primer año.
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