El Consejo Fiscal pide que el jefe de la Inspección no sea nombrado por el fiscal general

El Consejo Fiscal se opuso ayer con rotundidad a que el cargo de jefe de la Inspección Fiscal sea propuesto por el fiscal general del Estado, en contra de lo establecido en los principios adelantados por el Ministerio de Justicia para la reforma del Estatuto orgánico de los fiscales, informaron fuentes del organismo. En cambio, los consejeros se mostraron a favor de que el jefe de la Secretaría Técnica de la Fiscalía sea un cargo de confianza del fiscal general y ese nombramiento sea a propuesta suya.

En su ronda de intervenciones, los consejeros fiscales se mostraron de acuerdo en que el nombramiento del jefe de la Inspección por el fiscal general contribuye a la 'politización' del cargo y no garantiza una cierta independencia de criterio que se mantiene en la actualidad, aunque el Inspector actúa 'por delegación' del físcal del Estado.

Según las citadas fuentes, Justicia propone que el jefe de la Inspección sea nombrado por el fiscal general y tenga la categoría de fiscal de Sala y los emolumentos correspondientes (alrededor de 1.800 euros mensuales más) sólo durante su mandato. En la práctica, esa propuesta deja al jefe de la Inspección totalmente sometido al criterio del fiscal general, que a la menor objeción puede prescindir de sus servicios.

Los consejeros también se pronunciaron a favor de la propuesta de limitación del mandato del fiscal general del Estado, tal como consta en una moción acordada en 1997 por PP y PSOE, que no se menciona entre los principios informadores de la actual reforma. Además propusieron que las causas de cese del fiscal general estén preestablecida y regladas, como garantía frente a ceses arbitrarios.

Limitación de mandato

También se mostraron a favor de que los nombramientos de fiscales jefes y de jefes de las fiscalías especiales (Anticorrupción, Antidroga, Audiencia Nacional etcétera) estén limitados a cinco años, pero siempre que la no renovación en el cargo sea 'motivada' y acordada por una mayoría cualificada del Consejo Fiscal.

En una información distribuida ayer por la Fiscalía, el Consejo Fiscal recuerda que, a instancias del Ministerio de Justicia, propuso a dos vocales, Eduardo Torres-Dulce y Javier Zaragoza, para que participasen en los trabajos preparatorios del nuevo Estatuto, por lo que expresó su deseo de que esa colaboración sea efectiva.

Otro de los acuerdos fue el de remitir al Ministerio de Justicia un documento con las propuestas de los consejeros sobre la reforma del Estatuto, por más que en la reunión de ayer se expuso que la falta de un texto articulado impide por el momento realizar una propuesta conjunta. También echaron en falta conocer los proyectos de la ley orgánica del Poder Judicial ante la propuesta de asimilar su régimen disciplinario al de los jueces.