Pujol pide al Gobierno del PP más eficacia en la expulsión de extranjeros sin papeles

Jordi Pujol expresó ayer en el Parlament su decepción por la, a su juicio, insuficiente actuación del Ejecutivo de José María Aznar en la repatriación de inmigrantes ilegales a sus países de origen. El presidente de la Generalitat recriminó al Gobierno central que en Cataluña sólo expulsara en 2001 a menos de 200 emigrantes extranjeros que estaban en situación ilegal y le apremió a ser más diligente. La izquierda y el PP ofrecieron a Pujol un acuerdo sobre política de inmigración. La respuesta del presidente fue considerar que este acuerdo ya existe.

Los tres grupos parlamentarios de la izquierda catalana ofrecieron ayer su apoyo y colaboración al presidente Pujol en la batalla para conseguir que la Generalitat pueda intervenir en la fijación de los contingentes anuales de inmigrantes extranjeros.

El socialista Pasqual Maragall, el republicano Josep Lluís Carod y el ecosocialista Rafael Ribó formularon este ofrecimiento en el debate sobre la inmigración en que se convirtió ayer el turno de preguntas al presidente del Gobierno catalán. Pujol acogió encantado la oferta.

En sus respuestas a los diputados, Pujol explicó que considera 'insuficientes' las competencias de la Generalitat en materia de inmigración, tanto desde el punto de vista político como económico. El instrumento que echó en falta es la capacidad de decidir el cupo anual de inmigrantes que se debe admitir y el rechazo del Gobierno central a facilitar a la Generalitat la apertura de oficinas para contratar a trabajadores extranjeros en sus países de orígen. Pujol dijo que este año los 29.215 alumnos de origen inmigrante que van a las escuelas públicas le cuestan al presupuesto catalán 13.000 millones de pesetas (78 millones de euros). En total, cifró en 50.000 millones de pesetas (300 millones de euros) anuales el montante presupuestario que se destina a acoger a los inmigrantes.

En su respuesta a Carod, el presidente destacó que Cataluña recibe más inmigración que ninguna otra comunidad autónoma 'y a un ritmo muy rápido'. Señaló que la muy numerosa inmigración magrebí y subsahariana plantea una 'problemática religiosa' específica; indicó que la particularidad de la también muy numerosa inmigración suramericana es que resulta 'de integración mucho más fácil en Madrid o Sevilla que en Cataluña'. Y aunque calificó de 'muy particulares' las características de la inmigración paquistaní, no precisó el porqué.

La apelación a controlar la inmigración que realizaron Maragall, Carod y Ribó fue acogida jubilosamente por Pujol como una rectificación de la anterior defensa de una política de papeles para todos. Aprovechó la paz que le ofrecía Maragall para recriminarle que el martes hubiera dicho que, en materia de inmigración, 'las derechas ladran mucho' pero 'no hacen nada'. Los diputados de la izquierda exigieron la aplicación de la legalidad vigente, tanto para 'excluir la intolerancia racial y el integrismo religioso', dijo Maragall, como para perseguir, según pidió Carod, 'la sobreexplotación de los inmigrantes que no tienen papeles' en empresas y alojamientos.

Como suele hacer en las sesiones de preguntas a Pujol, el presidente del PP, Alberto Fernández Díaz, dedicó la mayor parte de su tiempo a atacar a la izquierda en general y a los socialistas en particular. Ayer también, aunque se mostró 'abierto' al diálogo y al consenso en la política sobre la inmigración. No obstante, puso como condición que se articule 'en torno' a las posiciones del PP y la 'escrupulosa aplicación de la ley'.

Todo esto no le sirvió para evitar que Pujol arremetiera, suave en la forma pero duro en el fondo, contra el Gobierno de Aznar por 'no hacer absolutamente nada' en la expulsión de inmigrantes ilegales. Es decir, por no aplicar la Ley de Extranjería. Pujol aseguró que casi todos los 240 expulsados en el último año eran 'delincuentes'. Lo que el Ejecutivo español no hace, afirmó, es ir a buscar a los inmigrantes ilegales' para repatriarlos.